La reforma constitucional recibió el respaldo de 15 ayuntamientos y establece que toda persona tiene derecho a una vivienda con condicione...
La reforma constitucional recibió el respaldo de 15 ayuntamientos y establece que toda persona tiene derecho a una vivienda con condiciones de habitabilidad, servicios, accesibilidad y ubicación adecuada.
Culiacán, Sinaloa.– El Congreso del Estado de Sinaloa declaró formal y constitucionalmente incorporada una reforma que reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de una vivienda adecuada en condiciones de igualdad y no discriminación, luego de obtener el respaldo de 15 de los 20 ayuntamientos de la entidad.
Durante la Sesión Ordinaria de este martes 17 de noviembre, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Moncerrat López López, realizó la declaratoria correspondiente al Decreto Número 562, mediante el cual se modifica la Constitución Política del Estado de Sinaloa para fortalecer el reconocimiento de este derecho.
La reforma establece que toda persona debe tener acceso a una vivienda adecuada, sin distinciones ni prácticas discriminatorias, y señala que la legislación correspondiente deberá contemplar los instrumentos y apoyos necesarios para avanzar en el cumplimiento de este objetivo.
El concepto de vivienda adecuada no se limita a contar con un espacio físico para habitar, sino que comprende condiciones relacionadas con la disponibilidad de servicios, asequibilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
De acuerdo con la declaratoria presentada por la Junta de Coordinación Política, la modificación constitucional recibió el voto favorable de los ayuntamientos de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Juan José Ríos, Angostura, Mocorito, Culiacán, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Rosario y Escuinapa.
En el documento se precisó que los municipios de Salvador Alvarado, Sinaloa, Badiraguato, Concordia y Navolato no habían remitido sus respectivos votos al momento de realizar la declaratoria.
Sin embargo, al haberse alcanzado la aprobación de más de las dos terceras partes de los ayuntamientos del estado, se cumplió con el requisito constitucional para formalizar la incorporación de la reforma.
La Junta de Coordinación Política explicó que, conforme a las disposiciones aplicables, los municipios que no remitieron su respuesta dentro del plazo establecido se computan como aprobatorios para efectos de la declaratoria, sin perjuicio de que posteriormente puedan presentar la documentación correspondiente.
La modificación constitucional tiene su origen en iniciativas presentadas por separado por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y por la diputada del Partido del Trabajo, Moncerrat López López.
Con esta declaratoria concluye la etapa de aprobación constitucional de una reforma que establece el reconocimiento expreso del derecho a una vivienda adecuada y deja a la legislación secundaria la definición de los mecanismos necesarios para hacerlo efectivo.
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