La resolución considera que el Gobierno estadounidense actuó de manera arbitraria al intentar imponer límites de permanencia y nuevos requis...
La resolución considera que el Gobierno estadounidense actuó de manera arbitraria al intentar imponer límites de permanencia y nuevos requisitos para prorrogar las visas de estudiantes internacionales y representantes de medios de comunicación.
Washington, Estados Unidos.- Un juez federal de Massachusetts anuló este lunes 16 de noviembre una disposición impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump que pretendía endurecer las condiciones de permanencia en Estados Unidos para estudiantes internacionales, participantes de programas de intercambio y periodistas extranjeros.
El juez Dennis Saylor determinó que el Departamento de Seguridad Nacional actuó de manera arbitraria y contraria a la ley al promover una reforma que establecía periodos fijos de estancia y nuevos procedimientos para solicitar prórrogas.
La resolución representa un revés judicial para la política migratoria de la administración Trump, que había defendido la medida bajo el argumento de fortalecer la seguridad nacional, prevenir el fraude migratorio y mejorar los controles sobre la permanencia de extranjeros en territorio estadounidense.
La disposición, propuesta en julio, contemplaba modificaciones para tres categorías de visas utilizadas por estudiantes y representantes de medios de comunicación internacionales.
En el caso de las visas F, destinadas a estudiantes académicos, y J, utilizadas para programas de intercambio, se establecía un periodo máximo de permanencia de cuatro años por admisión.
Para los periodistas extranjeros que ingresaran mediante una visa I, el límite sería de 240 días, con posibilidad de solicitar una extensión ante las autoridades migratorias. La propuesta también contemplaba condiciones más restrictivas para periodistas con pasaporte chino, quienes tendrían un periodo máximo inicial de estancia de 90 días.
Estos cambios habrían sustituido parte del esquema de permanencia vinculado a la duración de las actividades académicas o profesionales autorizadas, obligando a los extranjeros afectados a realizar trámites adicionales para continuar legalmente en Estados Unidos.
Al analizar la impugnación presentada por organizaciones educativas y sindicales, el juez Dennis Saylor concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional no justificó adecuadamente la necesidad de modificar las condiciones de estancia.
El magistrado consideró que el nuevo sistema otorgaba facultades excesivamente discrecionales a las autoridades migratorias para resolver las solicitudes de prórroga, sin ofrecer mecanismos suficientes de revisión para los afectados.
También señaló que las restricciones podían perjudicar la movilidad académica de estudiantes extranjeros, especialmente cuando necesitaran cambiar de especialidad, participar en programas conjuntos o continuar estudios cuya duración superara los plazos establecidos.
La decisión judicial tiene como antecedente una suspensión cautelar dictada por el mismo juez el pasado 14 de septiembre, cuando consideró que los argumentos presentados por el Gobierno estadounidense para justificar las restricciones eran excepcionalmente débiles.
La disposición estaba prevista para entrar en vigor durante septiembre, pero la intervención judicial impidió que comenzara a aplicarse conforme a lo planteado originalmente.
La administración estadounidense conserva la posibilidad de impugnar el fallo ante un tribunal federal de apelaciones. De hecho, el Gobierno ya había presentado un recurso contra la suspensión cautelar emitida en septiembre, procedimiento que continuaba pendiente cuando se conoció la nueva resolución.
Por ahora, la decisión judicial impide aplicar las restricciones anuladas y mantiene abierta la discusión sobre los límites de las facultades del Ejecutivo estadounidense para modificar las condiciones migratorias de estudiantes y periodistas extranjeros.
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