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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “No existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas”...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“No existe la
casualidad, y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más
profundas”, Friedrich Schiller (1759-1805) Johann Christoph Friedrich von
Schiller
GIRO
La visita de
Omar García Harfuch y del Gabinete de Seguridad federal a Mazatlán dejó algo
más que anuncios y cifras sobre los operativos realizados en Sinaloa.
La firma de
convenios entre la Federación, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento
representa una nueva etapa de coordinación institucional frente a una crisis de
violencia que exige respuestas permanentes.
La inversión
anunciada de 900 millones de pesos, el fortalecimiento de las corporaciones
policiales, la incorporación de vehículos tácticos y el proyecto del C4
Carretero forman parte de una estrategia que busca ampliar las capacidades de
vigilancia, investigación y reacción.
La presencia de
los titulares de Defensa, Marina, Guardia Nacional y Seguridad y Protección
Ciudadana también confirma la atención que el Gobierno de Claudia Sheinbaum
mantiene sobre Sinaloa.
García Harfuch
reconoció el incremento de hechos violentos registrado recientemente en
Mazatlán y planteó la necesidad de ajustar los despliegues conforme cambien las
condiciones de seguridad.
El mensaje tiene
importancia porque reconoce que la estrategia requiere evaluación constante y
que el número de elementos desplegados, por sí solo, no resuelve el problema.
En medio de este
escenario aparece la gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien asumió una
responsabilidad institucional de especial relevancia al recibir al gabinete
federal y formalizar los acuerdos de colaboración.
Su participación
permite observar la continuidad de las tareas del Gobierno del Estado en un
momento donde la coordinación entre autoridades resulta indispensable.
No se trata
únicamente de encabezar un acto protocolario, sino de asumir compromisos que
deberán traducirse en equipamiento, mejores capacidades policiales y
seguimiento a las acciones acordadas.
Hay un aspecto
que merece atención. Graciela Domínguez colocó la recuperación de la paz como
una responsabilidad compartida entre Sinaloa y la Federación.
Su mensaje
estuvo acompañado por la firma de dos convenios con Omar García Harfuch y el
secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, que contemplan la entrega de
bienes en comodato, incluidos 60 vehículos para las corporaciones de seguridad.
Es una medida
concreta dentro de un problema que requiere coordinación operativa, recursos y
continuidad administrativa.
Y aquí está lo
interesante. La responsabilidad de gobernar también se expresa en la capacidad
de mantener funcionando las instituciones, atender compromisos y dar
seguimiento a las decisiones que se toman junto con otras autoridades.
En materia de
seguridad, esa continuidad resulta especialmente importante porque los cambios
administrativos no pueden convertirse en interrupciones de las acciones
destinadas a proteger a la población.
Graciela
Domínguez participa así en una etapa que exige diálogo permanente con la
Federación, seguimiento a los convenios y atención a las necesidades de los
municipios.
Los acuerdos
representan instrumentos para fortalecer la respuesta institucional; sus
resultados deberán medirse en la reducción de la violencia y en la tranquilidad
que puedan recuperar las familias sinaloenses.
Porque la
seguridad no se construye solamente con declaraciones de voluntad. Requiere
decisiones, coordinación y la capacidad de sostener los compromisos más allá de
los actos oficiales.
Y esa es
precisamente la responsabilidad que queda sobre la mesa después de la visita
del gabinete federal.
En Mazatlán, por
su parte, la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez abrió un nuevo capítulo en
la conducción de la seguridad pública municipal.
La designación
del coronel de la Guardia Nacional Remigio Cruz Domínguez como titular de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal constituye un cambio de mando que debe
analizarse a partir de las necesidades actuales del puerto y de las
responsabilidades que corresponden al Ayuntamiento.
No es un
movimiento aislado.
La alcaldesa
también suscribió un convenio con la Guardia Nacional para la capacitación y el
adiestramiento de policías municipales, con una primera etapa prevista para 50
elementos.
La combinación
de un nuevo mando, respaldo operativo federal y formación policial plantea una
oportunidad para fortalecer las capacidades de la corporación local,
particularmente en prevención, proximidad social y atención a emergencias.
Hay una decisión
administrativa que merece observarse sin perder de vista el contexto.
Modificar la
conducción de una corporación policial implica reconocer la necesidad de
revisar su funcionamiento y ajustar las herramientas disponibles.
En un municipio
que enfrenta episodios de violencia entre bandas rivales, mantener una
estrategia sin evaluar sus resultados tampoco sería una respuesta suficiente.
El cambio
adquiere sentido en la medida en que esté acompañado de objetivos claros,
supervisión y resultados verificables.
Estrella
Palacios ha colocado la coordinación con las instituciones federales como parte
de la respuesta municipal , y eso es un acierto.
La solicitud de
un mando militar y el convenio de capacitación muestran una línea de trabajo
que busca aprovechar la experiencia y los recursos de la Guardia Nacional, sin
que ello elimine la responsabilidad propia del gobierno municipal en la
prevención del delito y la seguridad cotidiana.
Pero hay otro
punto importante. La prevención no comienza ni termina con la presencia de
patrullas.
También requiere
policías capacitados, conocimiento de las colonias, atención oportuna a las
denuncias y recuperación de la confianza ciudadana, y en eso había asignatura
pendiente con la corporación municipal.
Por eso, el
fortalecimiento institucional anunciado puede tener efectos más amplios si se
traduce en una corporación cercana a la población y con mejores condiciones
para cumplir sus funciones.
La llegada de
Remigio Cruz Domínguez abre una etapa de reorganización que deberá evaluarse
por su capacidad para mejorar la respuesta policial.
La experiencia
del nuevo secretario es un antecedente, pero los resultados dependerán también
de la coordinación con los elementos municipales, la definición de prioridades
y la continuidad de los programas preventivos.
Y ahí aparece la
responsabilidad de la alcaldesa. Los convenios y los cambios de mando son
decisiones de gobierno que generan expectativas legítimas entre los ciudadanos.
VA DE NUEVO
La situación
política y jurídica de Culiacán continúa en un terreno donde las decisiones
institucionales deben prevalecer sobre las interpretaciones.
La licencia de
Juan de Dios Gámez Mendívil sigue vigente y, mientras las instancias
correspondientes no determinen lo contrario, Ana Miriam Ramos Villarreal
mantiene la responsabilidad de conducir la administración municipal.
Hay un elemento
que merece atención.
La alcaldesa
provisional ha sostenido que el permiso fue aprobado por unanimidad del Cabildo
y que sus condiciones no han sido modificadas. Su postura busca dar certeza
sobre la continuidad del gobierno municipal, aunque también deja abierta una
discusión jurídica sobre los alcances de una licencia superior a diez días y
los procedimientos que deben seguirse.
Pero más allá de
las diferencias políticas que puedan surgir alrededor de este asunto, Culiacán
necesita una administración que mantenga sus servicios, atienda sus compromisos
y responda a las demandas ciudadanas. Ana Miriam tiene frente a sí la responsabilidad
de garantizar esa continuidad sin anticipar decisiones que corresponden a otras
autoridades.
Y aquí aparece
la cuestión de fondo.
El futuro
político de Juan de Dios Gámez dependerá de las resoluciones legales y de los
procedimientos institucionales aplicables, no solamente de las declaraciones de
los actores involucrados. Mientras tanto, el Ayuntamiento debe funcionar con
normalidad.
Porque una
investigación puede modificar el escenario político de una administración, pero
no debería detener el funcionamiento de una ciudad.
Y en Culiacán,
donde las necesidades de la población no admiten pausas, esa diferencia resulta
fundamental.
El punto
jurídico central no está en que la licencia de Juan de Dios Gámez Mendívil haya
superado los diez días, sino en determinar si conserva su carácter temporal
conforme a los términos autorizados por el Cabildo.
El artículo 119
de la Constitución de Sinaloa y el artículo 20 de la Ley de Gobierno Municipal
permiten que una ausencia superior a ese periodo sea cubierta por una
presidencia municipal provisional. Por ello, mientras no exista una resolución
o un acto jurídicamente válido que modifique esa situación, la continuidad de
Ana Miriam Ramos Villarreal tiene como fundamento el acuerdo del Ayuntamiento.
Una eventual
ausencia definitiva requeriría un procedimiento distinto, con intervención del
Congreso del Estado cuando legalmente corresponda.
En aras de
cumplirle a Mazatlán en materia de prevención y seguridad, corresponde ahora
convertir esos acuerdos en acciones visibles en colonias, comunidades, zonas
comerciales y espacios públicos.
Porque la
presencia del gabinete federal representa respaldo institucional, pero la
tranquilidad de una ciudad también se construye desde sus calles.
El verdadero
significado de esta nueva etapa estará en que los compromisos anunciados se
reflejen en una mejor atención a la población y en condiciones de mayor
seguridad para las familias mazatlecas.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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