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Edgardo Burgos advierte que vigilarán nueva resolución del IEES y no descartan impugnaciones Culiacán, Sinaloa.– El representante legal del ...
Edgardo Burgos advierte que vigilarán nueva resolución del IEES y no descartan impugnaciones
Culiacán, Sinaloa.– El representante legal del PAN en Sinaloa, Edgardo Burgos Marentes, afirmó que la resolución del Tribunal Electoral representa un avance en la queja presentada contra la senadora Imelda Castro Castro, al confirmar que el acuerdo emitido por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) fue ilegal.
El panista señaló que con esta determinación se valida lo denunciado por su partido, al considerar que el órgano electoral actuó de manera indebida al cerrar el caso sin aplicar sanciones.
No obstante, manifestó que el PAN no está conforme con el alcance de la resolución, ya que, a su juicio, existían elementos suficientes para que el Tribunal resolviera de fondo y determinara la existencia de actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
Explicó que el Tribunal revocó la resolución del IEES y le ordenó emitir un nuevo fallo en un plazo de 10 días, en el que deberá analizar la totalidad de las pruebas presentadas.
Burgos Marentes advirtió que existe preocupación de que el caso se prolongue sin una resolución definitiva, al señalar que podría generarse un intercambio de responsabilidades entre autoridades electorales mientras continúan las actividades señaladas en la denuncia.
Asimismo, indicó que el PAN se mantendrá atento a la nueva resolución y no descartó presentar una nueva impugnación en caso de que se repitan irregularidades.
El representante legal también informó que el partido continuará integrando denuncias contra otros actores políticos de Morena, entre ellos Graciela Domínguez, Teresa Guerra Ochoa, Juan de Dios Gámez Mendívil y Enrique Inzunza Cázarez.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a participar mediante el envío de pruebas sobre posibles irregularidades, como eventos proselitistas, entrega de apoyos condicionados o propaganda, con el objetivo de fortalecer las denuncias y vigilar el cumplimiento de la ley electoral.
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