Entre Veredas Marco Antonio Lizárrraga “El talento es algo bastante corriente. No escasea la inteligencia, sino la constancia”. Doris Lessin...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárrraga
“El talento es algo bastante corriente. No escasea la inteligencia, sino la constancia”. Doris Lessing
QUE SIEMPRE NO
La reciente resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revoca la expulsión de Victoria Sánchez Peña de Morena abre una importante reflexión sobre los límites del castigo partidista y la vigencia del debido proceso incluso dentro de los institutos políticos.
No se trata solo del caso de una política que decidió abanderar otra causa –el Partido del Trabajo– cuando no fue elegida como candidata de su partido de origen.
Se trata del derecho de cualquier militante a que su caso sea revisado con imparcialidad, atendiendo a las circunstancias específicas y no con castigos ejemplares que parecen más propios del autoritarismo que de una democracia interna saludable.
El fallo del Tribunal Electoral de Sinaloa (Teesin), ratificando la expulsión de Sánchez Peña por su participación como candidata del PT en las elecciones municipales de Culiacán, ha sido considerado insuficientemente fundamentado por la autoridad federal.
La Sala Regional no defiende la conducta de la excandidata, pero sí señala algo fundamental: no se individualizó la sanción.
No se analizaron, como lo exige la ley, los elementos de contexto, la proporcionalidad del castigo, ni las condiciones personales de la militantes.
La presidenta de la Sala, Carolina Chávez Rangel, fue clara: Morena cuenta con un catálogo de sanciones flexible, que permite ir más allá del castigo sumario.
La decisión ahora está en manos del Teesin, que tendrá que revalorar los hechos en un plazo de 10 días hábiles, considerar el daño real, la intención, la reincidencia –si la hay– y el contexto en que Victoria Sánchez tomó la decisión de competir por otro partido.
La pregunta de fondo es si los partidos están realmente preparados para ejercer justicia interna o si recurren con demasiada facilidad a la sanción máxima cuando un militante se atreve a tomar una ruta distinta. No se debe olvidar que Morena ha justificado muchas de sus decisiones en la lógica de una transformación democrática. Ese mismo estándar debería aplicarse hacia dentro.
El caso Victoria Sánchez también representa un espejo para los partidos en general. ¿Expulsar a quien disiente o abreva en otra fuerza es un acto legítimo, o una forma de blindar la cúpula del poder interno?
¿Castigar sin medir contextos y sin aplicar el principio de proporcionalidad abona a la construcción de partidos más sólidos o simplemente reproduce viejas prácticas?
En tiempos donde la confianza ciudadana en los partidos políticos es frágil, actuar con justicia, prudencia y legalidad no es sólo una obligación jurídica, sino una necesidad política.
DETALLES
A un mes de haber asumido el mando en la presidencia municipal de Ahome, Antonio Menéndez De Llano Bermúdez ha mostrado una forma de gobernar que contrasta con los arranques improvisados y las decisiones aceleradas que suelen verse en los relevos de poder. Su mensaje es claro: los cambios en el Ayuntamiento continuarán, pero se harán con responsabilidad, análisis y sin confrontaciones innecesarias.
En su declaración más reciente, Menéndez deja ver que su administración no busca remover por remover, sino transformar para eficientar. La revisión a fondo de cada área y la decisión de hacer ajustes donde realmente se requieran, revela una intención de fondo: mejorar el servicio público sin sacrificar la estabilidad administrativa.
Uno de los puntos más relevantes es el enfoque hacia el ahorro. Aunque aún no se han presentado cifras concretas, el alcalde sostiene que ya se registran importantes reducciones en el gasto, lo cual permitiría destinar recursos a problemáticas urgentes como el sistema de drenaje en Los Mochis, una demanda ciudadana constante.
El hecho de que se haya cubierto el pago a trabajadores dos días antes de la quincena es una señal simbólica, pero potente, de que algo está cambiando en el uso del dinero público.
No se trata sólo de mover piezas, sino de moverlas bien.
En un escenario donde muchos alcaldes interinos actúan como simples figuras de transición, Menéndez está dejando claro que su periodo no será un mero trámite. Su estilo de gobierno, basado en acuerdos, revisión técnica y responsabilidad presupuestaria, podría sentar un precedente para futuras gestiones.
En tiempos donde la política se mide más por los escándalos que por los resultados, el alcalde sustituto de Ahome parece apostar por el trabajo silencioso, el ahorro efectivo y una administración que escucha antes de actuar. Si logra sostener esta línea, no sólo podrá cerrar bien su ciclo, sino que dejará un modelo de gestión más sensato y funcional.
PROYECCIÓN
La apuesta por el desarrollo no puede construirse sin visión, y en Sinaloa, particularmente en Culiacán, esa visión empieza a materializarse. Lo dicho por el secretario de Economía, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, al destacar los proyectos estratégicos que ya están en marcha, confirma que se están sentando las bases para una transformación de fondo en la capital sinaloense.
El nuevo Centro de Convenciones de Culiacán, junto con el malecón margen izquierda del río y la remodelación del aeropuerto internacional, no son simples obras de infraestructura: son pilares de una nueva etapa económica para la ciudad.
Proyectos que durante años estuvieron en el escritorio hoy forman parte de una estrategia integral aprobada por el Congreso del Estado, con presupuesto asignado y objetivos claros.
Culiacán está posicionándose como un nuevo polo para la industria de reuniones, un sector con enorme potencial de crecimiento. La confirmación de la Convención Nacional de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia en esta ciudad lo demuestra: hay confianza, hay capacidad y hay condiciones para recibir eventos de alto nivel. Esta industria no sólo genera derrama económica directa, sino que impulsa el turismo, los servicios, la gastronomía y el comercio local.
La clave está en la articulación. Velarde Cárdenas lo ha dejado claro: el diálogo con las cámaras empresariales, los comerciantes y todos los sectores productivos es permanente. No se trata de imponer decisiones, sino de construir consensos para una reactivación económica sólida, sostenible y que beneficie a todas y todos los sinaloenses.
En medio de un contexto nacional que exige innovación y dinamismo económico, Culiacán empieza a mostrar signos de modernización con rumbo. Si se mantiene la coordinación institucional y la vocación de servicio, estos proyectos pueden marcar un antes y un después para la ciudad. Lo que antes parecía un sueño lejano, hoy comienza a tomar forma. Y eso, sin duda, es una buena noticia para Sinaloa.
PROPUESTA
México enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de su historia reciente: la desaparición de personas y la falta de identificación de miles de cuerpos en instalaciones forenses. Frente a esta realidad, la senadora Paloma Sánchez Ramos presentó dos iniciativas que buscan atender esta problemática desde una perspectiva legislativa.
La primera de ellas plantea establecer por ley la obligación del Estado de contar con personal forense suficiente para realizar las labores de identificación de cuerpos. La segunda iniciativa propone que los recursos provenientes de bienes decomisados al crimen organizado puedan utilizarse también para la contratación de personal especializado en búsqueda de personas y en identificación forense, además de su uso actual en seguridad y programas sociales.
De acuerdo con cifras expuestas por la legisladora, actualmente hay más de 125 mil personas desaparecidas en el país y más de 50 mil cuerpos sin identificar. Un dato relevante que aportó fue que el Centro Nacional de Identificación Humana no cuenta, a la fecha, con médicos forenses contratados, lo que limita seriamente su operación.
El planteamiento de estas iniciativas responde a la necesidad de fortalecer institucionalmente al sistema forense en México. Ambas propuestas implican una reorganización de prioridades presupuestales y una visión integral que vincule justicia, derechos humanos y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Más allá del debate político, el contenido de estas reformas abre la puerta a una discusión relevante: ¿cómo atender de manera efectiva la demanda de verdad y justicia que exigen miles de familias? La intención de las propuestas es avanzar hacia mecanismos que garanticen resultados concretos, con base en capacidades técnicas y recursos suficientes.
En el contexto actual, la viabilidad de estas iniciativas dependerá del respaldo que reciban dentro del Congreso y de su posterior implementación. Lo que está claro es que, sin un fortalecimiento real del sistema forense, la crisis de desapariciones y cuerpos sin identificar no podrá resolverse en el corto ni en el mediano plazo.