Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Si quieres comprender la palabra felicidad, tienes que entenderla como recompensa y no como fin...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Si quieres comprender la palabra felicidad, tienes que
entenderla como recompensa y no como fin”, Antoine de Saint-Exupéry
¿RETROCESO?
La aprobación en la Cámara de Diputados de la minuta de Ley
en Materia de Telecomunicaciones representa, sin exagerar, uno de los mayores
retrocesos en materia de libertades y derechos civiles en la historia reciente
de México.
Bajo el pretexto de “mejorar la regulación” y “modernizar”
el aparato estatal, el gobierno federal y su mayoría parlamentaria avanzan con
una propuesta que legaliza la geolocalización en tiempo real de cualquier
ciudadano… sin necesidad de una orden judicial.
No es un detalle menor. Se trata de una herramienta poderosa
en manos del Estado, que le permitiría vigilar la ubicación de millones de
personas, no solo de presuntos criminales o sospechosos, sino de cualquier
ciudadano.
Esto, sumado a la posibilidad de suspender transmisiones de
radio y televisión por supuestas “violaciones a los derechos de las
audiencias”, abre una peligrosa puerta a la censura previa, a la represión del
disenso y a un nuevo modelo de control informativo en el país.
Aún más preocupante es que la reforma incluye la
desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano
autónomo que ha fungido como contrapeso técnico en un sector clave para la vida
democrática y económica del país.
Su sustitución por la llamada Agencia de Transformación
Digital y Telecomunicaciones (ATDT), cuyo titular será designado directamente
por el Ejecutivo Federal, revela el objetivo político detrás de la medida: el
control absoluto del ecosistema de telecomunicaciones.
El argumento de eficiencia o centralización del poder
regulador no se sostiene cuando la solución es eliminar la autonomía y
concentrar facultades en una dependencia controlada por el gobierno en turno.
El nuevo organismo no tendrá independencia ni contrapesos
efectivos, y eso compromete la neutralidad de las decisiones en un sector
estratégico que debe ser vigilado por entes técnicos, no por intereses
políticos.
Los señalamientos de los partidos de oposición no son
menores ni deben desestimarse como retórica electoral.
El PAN ha acusado que se legaliza el espionaje sin control
judicial; el PRI advierte que se institucionaliza la vigilancia masiva y la
censura de contenidos.
Rubén Moreira, líder de la bancada priista, lo sintetiza con
una frase escalofriante: “El Gobierno sabrá todo de ti”. No se trata de
paranoia, sino de un escenario factible y peligrosamente cercano si esta ley se
implementa sin límites claros ni vigilancia ciudadana.
Las consecuencias de una legislación como esta no se limitan
al ámbito legal: afectan la confianza social, la relación entre ciudadanos y
gobierno, y erosionan derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de
expresión y el derecho a la información.
En lugar de fortalecer el Estado de derecho, se robustece un
modelo de vigilancia y censura que se asemeja más a regímenes autoritarios que
a una democracia funcional.
El Congreso tiene ahora una enorme responsabilidad: no solo
revisar esta ley con “responsabilidad”, como lo expresó Sergio Gutiérrez Luna,
sino asumir una postura ética frente a lo que está en juego.
Porque más allá de ideologías o colores partidistas, la
pregunta que debe guiar el debate es: ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras
libertades a cambio de una promesa de seguridad y eficiencia que, además, no
está garantizada?
México no necesita más control estatal sobre los ciudadanos.
Necesita más Estado de derecho, más transparencia, más contrapesos, y más
respeto a los derechos humanos.
Aprobar esta ley sería caminar en la dirección contraria. Pero
bueno, parece que la determinación, decisión y “línea” ya está establecida.
APOYO
Desde el comienzo de la ola de violencia a la fecha, más de
3 mil personas han quedado oficialmente registradas como desplazadas —según
datos de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides)—,
resulta evidente que la violencia ha fracturado comunidades enteras y
modificado el mapa social del estado.
Uno de los casos más reveladores es el del municipio de San
Ignacio, donde muchas de las familias que han huido de comunidades serranas ya
no consideran regresar.
Lo que comenzó como una medida temporal, se ha convertido en
un éxodo permanente. La vida que conocían se perdió, no por desastres
naturales, sino por la ausencia efectiva del Estado en zonas donde el crimen
organizado impone sus propias reglas.
El gobierno estatal ha reaccionado, es cierto. Se ha
ampliado el presupuesto, se trabaja en proyectos de vivienda y se llevan a cabo
mesas intersecretariales.
Pero la pregunta central sigue sin respuesta: ¿qué tanto de
esto es un plan integral de reintegración y justicia, y qué tanto es contención
humanitaria sin solución de fondo?
Destinar recursos para servicios básicos como agua, luz o
drenaje en nuevas zonas de residencia es necesario, pero no suficiente.
Mientras no se garantice el retorno seguro o la integración
plena en nuevas comunidades, se estará administrando una tragedia en lugar de
resolverla.
El desplazamiento forzado debe ser abordado como lo que es:
una violación grave a los derechos humanos.
No se trata solo de brindar apoyo material, sino de
reconocer el daño, restituir derechos y, sobre todo, evitar que más familias
tengan que huir para salvar la vida.
También urge reconocer el papel de la seguridad pública y de
las políticas de prevención.
No se puede combatir el desplazamiento sin enfrentar con
seriedad las causas estructurales de la violencia: la impunidad, la corrupción
institucional y el abandono de las zonas rurales.
San Ignacio puede ser el espejo del futuro de otras regiones
de Sinaloa si no se actúa con decisión.
Es momento de que las políticas públicas dejen de ser
paliativas y apunten a la restitución real de los derechos perdidos.
ENCUENTRO
La industria turística en Sinaloa continúa consolidándose
como uno de los pilares económicos del estado. Así lo reconocen autoridades,
empresarios y organismos como el Consejo para el Desarrollo Económico de
Sinaloa (Codesin), que estima que uno de cada diez empleos en el estado depende
de esta actividad. Sin embargo, ese crecimiento no puede sostenerse sin un
marco legal actualizado, eficiente y alineado a las nuevas demandas del sector.
En ese contexto, es positivo que la Comisión de Turismo del
Congreso del Estado haya programado un encuentro con la titular de la
Secretaría de Turismo, Mireya Sosa Osuna. Una reunión que, aunque tardía, abre
la puerta para revisar temas pendientes de regulación que desde hace tiempo
requieren atención legislativa.
Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿cuál será el alcance
real de esta reunión?, ¿será un diálogo técnico con miras a fortalecer
políticas públicas o simplemente un ejercicio de cortesía institucional?, ¿se
traducirá en propuestas concretas o quedará en buenos propósitos?
El turismo en Sinaloa ya no puede depender únicamente del
impulso mediático o del crecimiento natural de destinos como Mazatlán. La
diversificación de productos turísticos, el desarrollo sostenible de nuevas
rutas, la protección del patrimonio natural y cultural, y la regulación del
hospedaje digital o de zonas de alto impacto, son temas que exigen respuestas
legislativas claras y actualizadas.
El Congreso de Sinaloa tiene la oportunidad —y la
responsabilidad— de incidir en el futuro del sector turístico a través de una
agenda legislativa moderna. Para ello, el trabajo conjunto con la Secretaría de
Turismo debe ir más allá del intercambio de opiniones. Se requieren
diagnósticos serios, apertura al sector privado, y sobre todo voluntad política
para generar leyes que impulsen la competitividad sin descuidar la
sustentabilidad.
El turismo es uno de los motores económicos del estado, pero
para que siga generando oportunidades debe estar respaldado por instituciones
que legislen con visión de largo plazo. Este encuentro entre diputados y la
secretaria de Turismo podría ser el inicio de ese camino. La pregunta es si se
aprovechará o se dejará pasar, como tantas otras oportunidades.
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