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El senador por Sinaloa subrayó que esta modificación legal busca fortalecer la respuesta del Estado ante uno de los crímenes más dolorosos del país y reconoce la lucha de los colectivos de búsqueda
Ciudad de México.— El senador Enrique Inzunza Cázares, representante de Sinaloa, destacó que la reforma a la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, así como a la Ley General de Población, constituye un avance fundamental para perfeccionar el marco jurídico frente a uno de los crímenes más lacerantes que enfrenta México.
Durante la presentación del dictamen en el Senado, el legislador enfatizó que esta modificación legal representa un acto de memoria, responsabilidad institucional y reconocimiento hacia las víctimas, sus familias y los colectivos que, especialmente conformados por madres, han sostenido la lucha por encontrar a sus seres queridos.
“Pienso en Isabel Cruz Bernal, de Sabuesos Guerreras; en Marisela Carrizales, de Voces por la Justicia; en Irma Arellanes, de Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos; en Mirna Nereida Medina, de Rastreadoras de El Fuerte; en Rosa María Coronel, de Rastreadoras de Guasave; y en el profesor Juan Jesús González Tenorio, de Rastreadores Independientes de Culiacán”, expresó el senador.
Inzunza Cázares señaló que esta reforma responde tanto al compromiso del Estado mexicano con las víctimas como a las obligaciones asumidas ante instancias internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. La iniciativa fortalece las facultades de las fiscalías especializadas, mejora la coordinación institucional y reconoce de manera formal el rol de las familias como víctimas con derecho a participar en los procesos de búsqueda e investigación.
Uno de los ejes centrales, dijo, es reforzar los mecanismos de búsqueda con un enfoque de derechos humanos, incorporando herramientas tecnológicas, registros de calidad y una articulación más clara del Sistema Nacional de Búsqueda, todo ello orientado a lograr resultados eficaces en la localización de personas desaparecidas.
Finalmente, Inzunza sostuvo que la desaparición no puede ser normalizada ni aceptada como un daño colateral: “No hay nada más desgarrador que no saber. La incertidumbre es una forma de tortura, quizá la peor. Y como Estado, tenemos la obligación de impedir que esa incertidumbre se perpetúe”.
