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Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
"No encontró respuesta, las respuestas no llegan siempre cuando uno las necesita, muchas veces ocurre que quedarse esperando es la única respuesta posible", José Saramago
VA DE NUEVO
En tiempos donde la transparencia debe ser el eje de toda administración pública, el alcalde de Elota, Richard Millán, ha decidido tomar un camino contrario: el del dispendio sin explicación y el desprecio por los mecanismos institucionales.
Su reciente viaje a París para asistir al llamado “9º Foro Global de Ciudades Sostenibles”, organizado por el Instituto Mejores Gobernantes A.C., ha encendido las alarmas no sólo por el fondo del evento, sino por las formas en que se ejecutó.
El foro, lejos de ser una cumbre respaldada por organismos oficiales como la ONU, se trató de un evento privado con escasa asistencia —apenas medio centenar de personas en un salón habilitado para conferencias— y sin evidencia alguna de tener impacto real en las políticas públicas locales.
Pese a ello, el alcalde emprendió el viaje sin solicitar permiso alguno al Cabildo, el órgano al que debe rendir cuentas y del que forma parte. Esta omisión no es menor: es una violación directa a las reglas básicas de la administración pública.
Para justificar su presencia en París, Richard Millán prometió que buscaría inversiones y proyectos que detonaran la economía de Elota. Sin embargo, hasta ahora no ha informado ningún resultado concreto.
En los boletines oficiales que su administración difunde diariamente, no hay un solo dato, acuerdo, o avance que respalde esa supuesta gestión internacional. Sólo aparece una agenda común, de actos públicos y actividades de rutina, mientras el viaje a Europa sigue envuelto en sombras.
El costo del viaje tampoco ha sido transparente. Se sabe, por fuentes cercanas, que el hospedaje fue en el hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel, con tarifas que rondan los 5 mil pesos por noche.
A ello se suman los vuelos internacionales, viáticos, traslados y otros gastos relacionados, lo que podría elevar la cifra a más de 150 mil pesos, pagados —se presume— con recursos públicos.
Hasta el momento, el alcalde no ha informado a la ciudadanía cuánto se gastó, qué resultados se obtuvieron o qué beneficios traerá su participación a Elota.
Más preocupante aún es el silencio del Cabildo. Sus integrantes, quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar al presidente municipal y garantizar el uso correcto de los recursos, han guardado un silencio cómplice.
Nadie ha solicitado cuentas, nadie ha exigido claridad, nadie ha pedido que se rinda un informe detallado del viaje.
Este tipo de acciones sólo abonan a la desconfianza ciudadana y al descrédito de los gobiernos locales.
Si no hay consecuencias, si no hay una exigencia clara del Cabildo y de la ciudadanía para que Richard Millán rinda cuentas y justifique cada peso gastado, estaremos legitimando que los recursos públicos se utilicen a capricho, para alimentar egos y obtener reconocimientos vacíos en escenarios lejanos, mientras las necesidades reales del pueblo siguen esperando.
La transparencia no se presume con medallas ni diplomas en París. La transparencia se ejerce aquí, en Elota, frente a su gente.
NOMBRAMIENTO
En política, los relevos son necesarios. El dinamismo en el servicio público implica ajustes, rotaciones, renuncias y nombramientos. Pero cuando estos movimientos se acompañan solo de elogios y discursos motivacionales, sin un balance autocrítico ni una explicación clara del porqué del cambio, se corre el riesgo de que los nombramientos se perciban como decisiones inerciales más que como oportunidades de transformación.
El caso de Ahome no es la excepción. Tras la renuncia de Juan Antonio Garibaldi Hernández, el alcalde Antonio Menéndez propuso a Cutberto Ríos Beltrán como nuevo titular de la Secretaría del Ayuntamiento, y el Cabildo aprobó sin objeción.
En los discursos no faltaron las loas: Garibaldi, “hombre de resultados”, “clave en seis administraciones”; Cutberto, “formal, serio, con mucha capacidad”. Ambas cosas pueden ser ciertas. Pero la ciudadanía, más allá de las palabras, exige resultados, cambios palpables, soluciones a los problemas cotidianos que aún aquejan al municipio.
El nombramiento de Ríos Beltrán se da en un contexto donde las decisiones públicas están bajo mayor escrutinio. El compromiso del nuevo secretario con la transparencia, el orden y el trabajo en equipo es, sin duda, un buen inicio.
No obstante, este tipo de declaraciones han sido pronunciadas muchas veces antes, con distintos rostros y apellidos, sin traducirse necesariamente en una mejora sustantiva en la atención ciudadana o en la rendición de cuentas del Ayuntamiento.
En la misma sesión donde se dio este nombramiento, se aprobaron puntos relevantes como la renovación del convenio con la Profeco, modificaciones en el reglamento de Tránsito y otorgamiento de poderes administrativos, decisiones que, aunque importantes, pasan muchas veces desapercibidas por una ciudadanía desinformada o desilusionada.
En este sentido, el papel del nuevo secretario debe ser también el de acercar el Ayuntamiento a la gente, volver a tejer el vínculo entre gobierno y gobernados.
El relevo debió servir también como una oportunidad para revisar el desempeño de la Secretaría en meses anteriores: ¿qué se hizo bien?, ¿qué se dejó de hacer?, ¿qué errores se deben corregir? En lugar de eso, se optó por el discurso cómodo del reconocimiento y la bienvenida, sin una revisión crítica que justifique con claridad el cambio.
Así, la transición corre el riesgo de parecer un simple relevo de silla, y no una reconfiguración que responda a las exigencias de una administración eficaz y cercana a la población.
El reto de Cutberto Ríos es enorme. Ahome necesita más que buenos propósitos: requiere eficiencia, legalidad, orden, atención y diálogo permanente con una sociedad cada vez más exigente. Si logra encabezar una Secretaría que escuche, que informe y que actúe con firmeza y transparencia, su nombramiento habrá valido la pena.
De lo contrario, será recordado como un cambio más en la rutina del poder municipal, sin mayor trascendencia que los aplausos del día de su toma de protesta.
La propuesta del diputado Ambrocio Chávez Chávez de firmar un convenio de colaboración entre el Congreso del Estado y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) marca un giro relevante en la relación entre ambas instituciones. En medio de un escenario político tenso por las recientes reformas a la Ley Orgánica de la UAS y los desencuentros entre los poderes públicos y la comunidad universitaria, esta iniciativa puede interpretarse como un primer paso para la reconciliación institucional.
El ofrecimiento no es menor. Significa el reconocimiento de que, más allá de los conflictos, la Universidad sigue siendo un actor clave en la vida pública de Sinaloa, y que su fortalecimiento debe ser una tarea compartida. La experiencia reciente con la Universidad Autónoma de Occidente sirve de referencia, y aunque los contextos son distintos, la voluntad política expresada por Chávez Chávez abre la puerta al diálogo.
No obstante, este acercamiento también plantea desafíos importantes. El diputado fue claro al señalar que el apoyo a la gestión del rector Jesús Madueña Molina debe ir acompañado de exigencias concretas: mayor transparencia, apertura democrática, y el impulso a la pluralidad. Esto es esencial. Las universidades públicas, especialmente una con la historia y el peso político de la UAS, deben garantizar que no se conviertan en cotos de poder ni en trincheras partidistas.
La mención específica a evitar que cualquier partido —incluido Morena— se "enquiste" en la Universidad, refuerza la idea de que esta etapa puede ser una oportunidad para replantear las reglas del juego. El respeto a la autonomía universitaria no debe confundirse con permisividad frente a prácticas opacas o estructuras clientelares.
Este llamado a construir una universidad verdaderamente plural y democrática no puede quedar en el discurso. Requiere acciones coordinadas, disposición al cambio desde dentro de la propia UAS, y una vigilancia activa de parte del Congreso para que los avances legislativos se traduzcan en realidades institucionales.
En síntesis, el convenio propuesto es más que un documento: puede ser un símbolo de una nueva etapa en la relación universidad-gobierno. Pero su valor dependerá de que no se convierta en un gesto vacío, sino en una plataforma para recuperar la confianza, fomentar el pensamiento crítico y garantizar que la UAS pertenezca, realmente, a toda la sociedad sinaloense.
