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En conferencia de prensa conjunta, los senadores Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza Cázares, presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, respectivamente, explicaron los alcances de la reforma aprobada en comisiones para fortalecer la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El senador Enrique Inzunza fue enfático al señalar que esta reforma dota al Estado mexicano de herramientas más eficaces para detectar, prevenir y combatir el lavado de dinero desde una perspectiva técnica y no política.
“Con esta actualización, se dota al Estado de herramientas más eficaces para la identificación, prevención y combate al lavado de dinero. Es un instrumento técnico, no un arma política”, subrayó.
Inzunza Cázares explicó que la reforma incorpora nuevas actividades vulnerables, como la compraventa de activos virtuales, desarrollos inmobiliarios y fideicomisos. Asimismo, fortalece la obligación de reportar beneficiarios finales, amplía la definición de “relación de negocios” y permite el uso de plataformas electrónicas para la presentación de avisos.
También aclaró que la Secretaría de Hacienda podrá ser reconocida como víctima en procesos penales cuando haya afectaciones derivadas de operaciones ilícitas.
Sobre los temores en torno al papel de la Guardia Nacional, respaldó a Corral al afirmar que no se le otorgan funciones penales y que su participación se limita a tareas de coordinación preventiva con la Secretaría de Hacienda, sin romper la exclusividad del Ministerio Público en la investigación de delitos, como lo establece el artículo 21 constitucional.
Finalmente, Inzunza puntualizó que esta reforma no pretende vulnerar derechos ni abrir la puerta al espionaje financiero, sino elevar los estándares de supervisión y cumplimiento que México asumió ante organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
