.png)
Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto pa...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas”, John Fitzgerald Kennedy
REALIDAD ALTERNA
La imagen del
alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, posando sonriente frente a la Torre
Eiffel no sería problema alguno… si su municipio no estuviera sumido en una
crisis de seguridad, abandono institucional y descontento ciudadano.
Pero lo está. Y
ese contraste es justamente el reflejo más claro de una administración que ha
perdido el rumbo.
Millán viajó a
París para asistir al Foro Mundial de Alcaldes, donde, según dijo, buscaba
atraer inversiones y “llevar a Elota al mundo”. Sin embargo, no informó
previamente al Cabildo ni explicó a los ciudadanos el objetivo concreto del
viaje, ni quién lo financió.
La regidora
Rocío Guzmán confirmó que el alcalde se ausentó sin notificación formal, lo que
ya de por sí implica una falta grave de transparencia.
A la par de su
viaje, en Elota ocurrían cosas mucho más urgentes. Policías municipales se
manifestaron por la cancelación de su seguro de vida —que desconocían no tener
desde marzo del año pasado—, la falta de uniformes y la suspensión de apoyos
básicos como las despensas.
En un contexto
donde varios policías han sido asesinados en Sinaloa, estos trabajadores temen
quedar desamparados si algo les ocurre.
Mientras tanto,
el alcalde se traslada en una camioneta blindada, en patrullas sí hay
carencias, pero no en su comodidad.
La dirigente
estatal del PAN, Wendy Barajas, lo expresó con claridad: “Estamos en un grito
de auxilio”, subrayando que Elota es uno de los municipios más golpeados por la
violencia, después de Culiacán.
Aunque reconoció
que buscar inversiones es válido, señaló que “la prioridad hoy es la
seguridad”.
El diputado
Rodolfo Valenzuela, del PVEM, fue más duro al calificar el viaje como “una
burla”.
Criticó el uso
de “pretextos banales” para justificar una salida internacional, mientras los
habitantes enfrentan abandono. “Primero hizo escándalo con una silla que
compró, ahora se va a París.
¿Eso es
gobernar?”, cuestionó.
La falta de
seriedad del alcalde Richard Millán no está solo en el destino de su viaje,
sino en la forma en que lo condujo: sin rendición de cuentas, sin atender el
contexto local, sin priorizar lo urgente.
Puede ser que la
participación en foros internacionales sea útil, pero no cuando se hace desde
la frivolidad y el descuido institucional.
Elota necesita
un alcalde que esté al frente, no al fondo de una postal turística. Que escuche
el reclamo de su policía y su gente.
Que no le dé la
espalda a su realidad. Y, sobre todo, que entienda que gobernar no es viajar,
sino responder, pero sobre todo con la seriedad que requiere un municipio en
problemas y que le da atole con el dedo con tanta farándula.
El alcalde a su
regreso tiene mucho que explicar. Si es que quiere, por que al final el vive una
realidad alterna.
CERTEZAS
La seguridad
pública requiere de herramientas jurídicas eficaces que permitan actuar con
celeridad y contundencia ante los delitos que más afectan a la ciudadanía. En
este contexto, la iniciativa presentada por la diputada local Teresa Guerra
Ochoa para reformar la legislación estatal en materia de robo de vehículos
representa un paso importante y necesario.
Actualmente, los
casos en que una persona circula o posee un vehículo robado requieren de una
querella formal para que la Fiscalía pueda proceder. Este requisito, aunque
comprensible desde una óptica garantista, ha demostrado ser una barrera que
muchas veces impide la acción inmediata de las autoridades, ralentizando la
investigación y dejando a las víctimas en el abandono. La propuesta de que
estos casos sean perseguidos de oficio —sin necesidad de denuncia— significa un
cambio de paradigma que permitirá a la Fiscalía General del Estado actuar de
manera más eficiente y oportuna.
Lejos de
implicar un aumento en las penas, la iniciativa se centra en destrabar los
procesos legales para que la justicia llegue más rápido. Y esto es clave: no se
trata de castigar más, sino de castigar mejor. La reforma propuesta no endurece
la ley, sino que la hace más funcional, más alineada con la realidad cotidiana
de quienes sufren el robo de su patrimonio.
El robo de
vehículos es uno de los delitos más comunes y, al mismo tiempo, uno de los que
más frustración generan en la ciudadanía, precisamente porque los trámites y
tiempos para recuperar una unidad robada suelen ser engorrosos. Permitir que la
Fiscalía actúe de oficio es una forma directa de devolverle al Estado su
capacidad de respuesta.
Además, esta
medida fortalece el principio de legalidad y refuerza la percepción de que las
leyes sí se aplican. Y esto, en un contexto donde la impunidad sigue siendo un
problema estructural, es un mensaje poderoso.
La iniciativa
impulsada por Teresa Guerra Ochoa es técnica, razonable y enfocada en
resultados, lo mejor, es que se tiene la certeza de que el Congreso del Estado
le dé el respaldo que merece y que pronto se convierta en ley. Sinaloa necesita
este tipo de reformas que, sin caer en el punitivismo excesivo, fortalecen el
Estado de derecho y dan mayor certeza a la ciudadanía.
