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La administración de Donald Trump advirtió al gobierno de Claudia Sheinbaum que impondrá aranceles si no se investigan y procesan a funcionarios vinculados con el crimen organizado, incluidos miembros de Morena.
La administración del presidente Donald Trump ha intensificado la presión sobre el gobierno mexicano para que extradite a políticos presuntamente vinculados con el narcotráfico, de acuerdo con un reporte de la agencia Reuters.
En reuniones privadas, funcionarios estadounidenses han exigido a la administración de Claudia Sheinbaum investigar y procesar a figuras políticas, sin importar su afiliación partidista. Esta ofensiva ha incluido la cancelación de visas a varios funcionarios, como sucedió recientemente con el alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, Óscar Castro.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha encabezado las gestiones con autoridades mexicanas, advirtiendo que la lucha contra la corrupción debe abarcar también a militantes de Morena. Según las fuentes citadas, Washington ha amenazado con imponer aranceles adicionales si no se obtienen resultados concretos en el combate al crimen organizado.
Estas exigencias fueron expresadas en una reunión celebrada el 27 de febrero en Washington, donde participaron Rubio y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente. La postura de EE.UU. se enmarca en una estrategia más amplia, que ha incluido la extradición de miembros de cárteles y el reforzamiento de la vigilancia fronteriza para frenar el tráfico de fentanilo.
En mayo, el exsubsecretario de Turismo, Simón Levy, reveló que el Departamento de Justicia de EE.UU. investiga a varios funcionarios mexicanos. Entre ellos estarían la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, quienes presuntamente también enfrentan la cancelación de sus visas.
En una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Levy difundió una lista de funcionarios investigados, entre los que se mencionan a los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, así como a dos secretarios de Estado supuestamente vinculados con el Cártel del Golfo.
