Culiacán, Sinaloa.- El derecho a saber sigue vivo, se expande, se moderniza y se acerca a la gente como nunca antes, y está blindado en el a...
Culiacán, Sinaloa.- El derecho a saber sigue vivo, se expande, se moderniza y se acerca a la gente como nunca antes, y está blindado en el artículo 6to constitucional y en la Ley General de Transparencia, afirmó la diputada Juana Minerva Vázquez González.
Asimismo, aseguró que la población sinaloense tiene un marco constitucional robusto, tecnologías que democratizan el acceso a la información y un gobierno estatal que asume la transparencia como obligación moral y no como eslogan.
El posicionamiento lo fijó la también presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación al participar en el punto de Asuntos Generales con el tema del derecho a la información.
Ocultar datos, aseguró, ha quedado atrás, pues en los últimos años se han homologado los portales estatales para facilitar la consulta de información sobe presupuestos y contratos.
Incluso, dijo, se hace uso de la Inteligencia Artificial para facilitar la búsqueda de información en segundos, lo que ahora es más rápido y con menos burocracia.
En relación a la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del órgano estatal equivalente (CEAIP), explicó que ello se dio para evitar duplicidades y gastos superfluos.
Sobre el mismo tema habló la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del PRI, quien se pronunció por impulsar una nueva figura garante que recupere las facultades de la CEAIP.
De igual manera propuso reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para establecer las obligaciones de los entes obligados, así como por construir observatorio ciudadano cuyas resoluciones sean vinculantes.
Ello, expuso, porque al desaparecer en Sinaloa la CEAIP se tambalean los pilares de la confianza entre la sociedad y el poder.
Consideró que desaparecer la CEAIP es a costa de la población por sus años de lucha para saber cómo se ejerce el gasto público y a quiénes se otorga los contratos de obras públicas.
