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En 2006 fue acusada del presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmed...
En 2006 fue acusada del presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmediata de Juana Hilda González Lomelí, tras 19 años presa por el secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de la fallecida activista Isabel Miranda de Wallace.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la Corte concedió a la mujer un amparo por violaciones al debido proceso y que las pruebas clave del caso fueron obtenidas con tortura.
En sesión de este miércoles, los ministros de la Primera Sala aprobaron el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien propuso conceder la libertad inmediata de González Lomelí, sentenciada a 78 años de prisión por el secuestro de Hugo Alberto Wallace, en razón de graves violaciones al debido proceso.
La Primera Sala de la Corte consideró que, como lo argumentó la defensa del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), la confesión de Juana Hilda González Lomelí no fue libre ni voluntaria, sino obtenida mediante presiones, intimidaciones y amenazas, en un contexto de arraigo. Por ello, se declaró la nulidad de su declaración y de cualquier otra prueba derivada de la violación a sus derechos.
A partir de esta nulidad, la Primera Sala consideró que las pruebas restantes, ofrecidas por el Ministerio Público y no afectadas por dichas violaciones, resultan insuficientes para demostrar la responsabilidad penal de Juana Hilda en el secuestro de Hugo Alberto Wallace, más allá de toda duda razonable.
Para el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que representa a Juana Hilda y a otras personas coprocesadas, esta resolución reitera que, sin importar la gravedad del delito imputado, la justicia federal debe actuar conforme a los más altos estándares constitucionales y convencionales de derechos humanos.
Confesión bajo coacción y tortura
Juana Hilda González Lomelí fue detenida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) mediante orden de localización y presentación el 10 de enero de 2006. Posteriormente, fue arraigada hasta el 6 de abril del mismo año, y fue en ese momento cuando se ejerció acción penal en su contra.
Y de acuerdo con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, la confesión que la puso tras las rejas ocurrió en este contexto de arraigo, coacción y tortura psicológica, el 8 de febrero de 2006.
Fue señalada, junto a Brenda Quevedo, de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Quevedo se encuentra en prisión domiciliaria desde junio del 2024, cuando se hizo el cambio de medida cautelar.
