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Culiacán, Sinaloa.- Durante la Sesión Ordinaria desarrollada este jueves, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el Acuerdo mediante el cual se establecen las bases y se expide la Convocatoria para la elección de diez nuevas consejeras y consejeros que integrarán el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
En el Acuerdo se precisó que esta acción responde a la necesidad de renovación del órgano colegiado ciudadano, el cual estará integrado por 10 personas, de preferencia sinaloenses, que cuenten con un reconocido prestigio en materia de derechos humanos; su elección deberá atender los principios de paridad de género y representatividad social.
La Convocatoria establece que las propuestas podrán presentarse del 16 al 25 de junio de 2025, en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado o a través del correo oficial indicado en la Convocatoria.
Las personas interesadas deberán presentar acta de nacimiento, curriculum vitae con evidencia de su trayectoria en derechos humanos, cartas de manifestación de no ejercer cargos públicos y de voluntad para participar, así como los documentos de respaldo de las organizaciones que los postulan.
Una vez avalados los registros, del 7 al 11 de julio se llevarán a cabo comparecencias, mismas que deberán ser públicas y transmitidas en vivo por los canales oficiales del Congreso; después, del 14 al 18 de julio, la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo emitirá un dictamen que será sometido a votación en el Pleno, en Sesión Ordinaria.
La elección requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y diputadas, y se hará con base en los principios de transparencia, equidad y máxima publicidad.
Aprueba Congreso cárcel y multas a quienes fabriquen y usen “ponchallantas”
Por unanimidad la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó adicionar el artículo 264 Bis al Código Penal para el Estado de Sinaloa que tipifica como delito el uso de “ponchallantas” y lo sanciona con tres y hasta diez años de cárcel.
El artículo a adicionar establece que:
“Se impondrá una pena de tres a diez años de prisión, y de cien a quinientos días multa, y el decomiso de los objetos utilizados, a quien coloque o arroje en vías de comunicación objetos punzocortantes que obstaculicen el tránsito vehicular. Se incluyen, entre otros, estrellas metálicas, abrojos, erizos, varillas o cualquier artefacto similar elaborado con materiales de acero o de cualquier otro material, comúnmente conocidos como “ponchallantas”.
“La misma pena se aplicará a quien fabrique, distribuya, comercialice o facilite la obtención de estos objetos con el propósito de ser utilizados para obstaculizar el tránsito vehicular o causar daño a terceros.
“Para efectos de este artículo, se entiende por vía de comunicación a las calles, bulevares, caminos, veredas, terracerías, avenidas, carreteras, autopistas o libramientos”.
De igual manera se establece que las penas a las que se refiere el presente artículo, se aumentarán hasta en una mitad de la que corresponda por el delito cometido, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad; o cuando el responsable sea un servidor público o haya tenido tal carácter dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta delictiva.
La propuesta de sancionar el uso de “ponchallantas” se hizo a través de dos iniciativas, una presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, y la otra por los ciudadanos sinaloenses José Luis Ricardo López Enríquez, Luis Rosales Zagal, Francisco Villarreal Gastélum y Juan Bautista Lugo Corrales.
Al someterse a votación la reforma, 37 diputadas y diputados votaron a favor y no se registró ningún voto en contra.
Congreso de Sinaloa aprueba creación de Vicefiscalía de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Por unanimidad, las y los diputados de la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Justicia, mediante el cual se concreta la creación de la Vicefiscalía Especializada de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
El proyecto legislativo reforma el artículo 5 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado, así como la adición de diversas disposiciones al Código Penal del Estado y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Sinaloa.
En el dictamen se establece que esta nueva figura, que dependerá directamente de la Fiscalía General del Estado, y será responsable de investigar de manera inmediata y oficiosa toda agresión cometida contra periodistas y defensores de derechos humanos, con perspectiva de género.
Durante la exposición de motivos, se destacó que México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, es por eso que las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones dictaminadoras, externaron que, ante la alarmante vulnerabilidad que enfrentan estos grupos, resultaba impostergable que el Estado garantice el acceso a la justicia, la prevención de agresiones y la reparación del daño.
Se precisó que actualmente, la Fiscalía General cuenta con una Vicefiscalía de Derechos Humanos, pero sin atribuciones específicas para atender delitos contra periodistas y activistas sociales, por lo que con la reforma, se especifica su competencia y se amplía su denominación para abarcar esta función.
Las Comisiones dictaminadoras también señalaron que esta medida cumple con los principios de austeridad republicana, al evitar la creación de una estructura completamente nueva, aprovechando las instancias ya existentes dentro de la Fiscalía.
Con esta reforma, el Congreso de Sinaloa responde a una exigencia social y legal largamente postergada, que es garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos, pilares fundamentales de una sociedad democrática.
Congreso da lectura a dos iniciativas; una propone sancionar usurpación de profesiones
Diputadas y diputados de la 65 Legislatura dieron lectura este jueves en Sesión Ordinaria a dos iniciativas de ley, una de las cuales propone sancionar con cárcel y multa a quienes se hagan pasar como profesionistas y presten sus servicios como si lo fueran.
Las iniciativas leídas son las siguientes:
*Iniciativa del Grupo Parlamentario del PAS y las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villapudua y Paulina Angélica Díaz Quiñónez, que propone reformar el artículo 272 del Código Penal para el Estado de Sinaloa.
Tiene como objeto establecer el delito de Usurpación de Profesiones o Certificaciones dentro de este tipo penal, correspondiente a cualquier persona que ofrezca públicamente sus servicios como profesional sin contar con el título, autorización o certificación para intervenir en asuntos propios de una profesión, con o sin el ánimo de lucrar, pone en peligro la vida, la integridad, la seguridad o la salud de la víctima.
Para este delito se establece una pena de tres meses a cinco años de prisión y de 20 a 200 días multa.
En la propuesta de adición que agrega que:
“Cuando derivado de los supuestos de este artículo, la persona atente contra la vida, la seguridad, integridad y/o la salud de la víctima, la pena se aumentará hasta en una mitad”.
*Iniciativa del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano que propone adicionar la fracción XV al artículo 4 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de derechos humanos al cuidado.
Tiene como objeto reconocer el derecho humano de las personas al cuidado digno y el establecimiento en el estado de un sistema de cuidados que garantice la suficiencia y calidad del servicio.
El contenido de la fracción que se propone adicionar establece que:
“Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida.
“El Estado garantizará el derecho al cuidado digno con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, las familias, la comunidad, el mercado y el propio Estado en las actividades de cuidado. Se establecerá un sistema de cuidados que atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.
“Las personas que realizan actividades de mantenimiento y apoyo doméstico tendrán derecho a una remuneración digna en los términos y bases que fije la ley, por sus tareas de cuidado, con énfasis en la revalorización de esta labor cuando la realicen mujeres.
“La ley correspondiente determinará las medidas necesarias para la creación de un Sistema Estatal de Cuidados para el Estado de Sinaloa".
La primera iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su análisis y dictaminación, y la segunda se turnó a una segunda lectura.
Congreso da primera lectura a iniciativas que proponen que delitos relacionados al robo de vehículo sean perseguidos por oficio
En respuesta al incremento en el robo de vehículos en la entidad, en la Sesión Ordinaria de este jueves del Congreso del Estado de Sinaloa se le dio primera lectura a dos iniciativas de reforma en materia del combate de este delito en la entidad.
Una de las propuestas fue presentada por la diputada María Teresa Guerra Ochoa y el diputado Eligio López Portillo, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Sinaloa, la cual tiene como finalidad de que delitos como la alteración de la identidad de vehículos robados y la posesión o uso de los mismos, sean perseguidos por oficio.
En su iniciativa, la diputada y el diputado argumentaron que el creciente índice de robo de automóviles representa una amenaza grave para la seguridad pública, la economía y el bienestar de la ciudadanía.
Señalaron que muchos delincuentes recurren a prácticas como la clonación vehicular, dificultando la recuperación de las unidades y limitando la acción de la autoridad al no poder tipificar claramente el delito, y aunque esto está tipificado como delito, solo se persigue si existe una denuncia formal por parte de la víctima.
La otra iniciativa que fue leída ante el Pleno, contempla una propuesta de la diputada Arely Berenice Ruiz López, también de Morena, la cual contempla las mismas disposiciones sobre la persecución de los delitos relaciones al robo de vehículo.
Ruiz López explicó en su exposición de motivos que dichas conductas están fuera de los delitos perseguibles automáticamente, lo que ha generado una preocupante situación de impunidad.
Según información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, muchos casos no pueden ser judicializados por la falta de querella, permitiendo que quienes cometen estos delitos evadan la justicia.
Ambas propuestas buscan modificar el artículo 237 del Código Penal para que se precise que todos los delitos que tengan relación al robo de vehículo, sean perseguidos por oficio por parte de las autoridades competentes.
Después de la lectura, la Mesa Directiva turnó las iniciativas a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen.
