.png)
Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren”, Jean Paul Sartre YA NI L...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“Cuando los
ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren”, Jean Paul Sartre
YA NI LLORAR ES BUENO
La política
sinaloense nunca deja de sorprender, sobre todo cuando reaparecen personajes
que, tras haber saboreado las mieles del poder, regresan al escenario público
en calidad de víctimas.
Tal es el caso
de David González Torrentera, exfuncionario estatal y municipal, quien este
lunes llegó a la Presidencia Municipal de Mazatlán buscando —con una mezcla de
urgencia y nostalgia— una audiencia con la alcaldesa Estrella Palacios.
Hace tres años,
González Torrentera entraba y salía del Ayuntamiento como si fuera su segunda
casa. Con aires de grandeza y la sonrisa fácil, se movía con soltura en los
pasillos del poder como Secretario de Desarrollo Económico en el gobierno del
“Químico” Benítez. Un cargo que, en los hechos, le quedó grande.
Porque más allá
del discurso, su paso fue tan irrelevante como costoso para los mazatlecos.
¿Quién no recuerda aquella absurda promoción en Madrid que prometía vuelos y
turismo a raudales, pero que terminó siendo una anécdota cara y mal contada?
Hoy, el
exfuncionario regresa a escena, no para rendir cuentas, sino para quejarse.
Denuncia con dramatismo el cobro de estacionamiento en la Gran Plaza, y
responsabiliza al gobierno municipal por la falta de clientes.
Tiene razón en
señalar que fue la autoridad local quien autorizó esa medida, pero omite algo
fundamental: fue decisión de los propietarios del centro comercial, el
implementar este cobro.
Entonces, ¿por
qué González Torrentera no dirige su molestia directamente hacia ellos? ¿Por
qué prefiere escenificar su queja frente a la alcaldesa?
El trasfondo es
aún más interesante. Resulta que el exsecretario es dueño de un autobaño justo
en el estacionamiento del área de ese centro comercial. Un dato que no sería
relevante, de no ser porque cuando llegó al servicio público, González estaba
en números rojos. Hoy presume de su emprendimiento. ¿Coincidencia? Tal vez,
pero en Sinaloa ya se ha vuelto casi regla que quien entra a Recaudación, sale
con un negocio bajo el brazo.
Ahí está el caso
del ahora regidor Felipe Parada quien también tiene un autobaño, y ahora que
será de la nueva recaudadora de rentas Nayla Velarde quien a su salida se
espera que también emprenda su negocio.
La historia de
González Torrentera y de los otros más, es el retrato perfecto del reciclaje
político que tanto daña al país. Funcionarios que fallan en el servicio
público, pero que lejos de asumir sus errores, regresan como víctimas o
empresarios exitosos de la noche a la mañana.
No son ni 20 pesos
de estacionamiento, el ahora de nuevo empresario, pues así salió a la escena pública
para luego inmiscuirse en la política ahora resulta que no lo vio venir, cuando
durante meses se estuvieron construyendo esas plumas. Era crónica de un cobro
anunciado. Y ahora asegura que carece de clientes por ese cobro. El asunto es que
no busca por los demás comerciantes, sino por el, solamente por el.
David ya es
muestra que luego de probar las mieles del poder regresar a no tener nada es
lamentable.
Y eso, estimado
lector, duele mucho más.
CONTRACARA
El gobernador
Rubén Rocha Moya dio un paso en la dirección correcta esta semana: sentarse a
dialogar con los organismos empresariales de Culiacán y, en paralelo,
transparentar públicamente el avance del Plan Sinaloa de Reactivación
Económica. Dos acciones distintas, pero con un fondo común: apertura,
coordinación y una apuesta por la rendición de cuentas.
Las reuniones
sostenidas con Canaco, Coparmex y Canacintra —primero en Palacio de Gobierno y
después en instalaciones militares— no fueron meramente protocolarias.
Estuvieron acompañadas por mandos del Ejército y la Guardia Nacional, y giraron
en torno a un tema que no deja de ser sensible: la seguridad de los empresarios
y sus negocios. Rocha no solo escuchó sus inquietudes, sino que reconoció
públicamente que, si bien hay avances en la disminución de delitos como el robo
de vehículos en carreteras, aún persisten problemas en las zonas urbanas.
Esa capacidad de
admitir lo que falta, sin dejar de señalar lo que se ha logrado, habla de un
estilo de gobernar que —más allá de las diferencias ideológicas— apuesta por el
trabajo coordinado entre todos los niveles de gobierno y la iniciativa privada.
Y sí, el planteamiento de “senderos seguros” como parte de una nueva estrategia
urbana no es menor, siempre que se traduzca en resultados medibles y no quede
como un buen propósito.
En materia
económica, Rocha también mostró firmeza. El avance del Plan Sinaloa fue
explicado con cifras y herramientas claras: mil 626 millones de pesos ya están
en ejercicio para las primeras 43 obras, y cualquier ciudadano puede consultar
el detalle —licitaciones, contratistas, anticipos— en una plataforma pública.
Que el gobierno ponga esta información al alcance de todos, y que se lo exponga
también a una comisión plural del Congreso, no es un acto menor. Es una
práctica que ojalá se mantenga como estándar y no como excepción.
El reto, por
supuesto, no termina con informar. La transparencia es el primer paso, pero la
eficiencia en la ejecución y el impacto social de las obras es lo que realmente
dará legitimidad al programa. Hoy más que nunca, la ciudadanía necesita ver que
esos miles de millones de pesos se convierten en calles funcionales,
infraestructura útil, servicios públicos de calidad.
En resumen,
Rocha Moya se mueve en dos frentes clave: seguridad y economía. Esta semana
dejó claro que hay disposición para escuchar, explicar y actuar en
consecuencia. No es poca cosa en un momento donde la polarización y la
desinformación pueden descarrilar los avances. El llamado ahora es a que esa
disposición se traduzca en soluciones reales, sostenibles y perceptibles para
todos los sinaloenses.
Porque el
verdadero éxito de un gobierno no se mide solo en cifras, sino en la confianza
que genera entre quienes gobierna.
RESPALDO
En un momento
crítico para el campo mexicano y los productores de maíz en Sinaloa, el
diputado federal Ricardo Madrid Pérez ha puesto sobre la mesa una propuesta
sensata, justa y necesaria: modificar las reglas del Programa de Precios de
Garantía para el ejercicio fiscal 2025 con el fin de proteger a los pequeños y
medianos productores. Lejos de ser una petición coyuntural, se trata de un
planteamiento con visión de justicia social, sustentabilidad y desarrollo rural
con equidad.
No se puede
ignorar la grave realidad que enfrenta el sector agrícola sinaloense. La sequía
histórica, la drástica reducción de la superficie sembrada y los bajos precios
del grano han golpeado con fuerza a quienes sostienen la producción nacional de
maíz. Frente a este panorama, el exhorto del legislador sinaloense a la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) es oportuno y está
debidamente fundamentado.
El planteamiento
de Ricardo Madrid —respaldado por su experiencia y compromiso con el estado—
propone otorgar un apoyo de 750 pesos por tonelada de maíz a quienes
cultivan hasta 50 hectáreas, un sector que históricamente ha sido la columna
vertebral del agro sinaloense. Este subsidio permitiría a los productores
alcanzar el punto de equilibrio, solventar sus compromisos financieros y
prepararse para el próximo ciclo agrícola, evitando el abandono de sus tierras.
El respaldo del
Congreso de la Unión a este tipo de iniciativas, reflejado en la aprobación de 12,500
millones de pesos para el Programa de Precios de Garantía, debe verse como
una herramienta para estabilizar el mercado y dar certeza a quienes viven del
campo. No se trata solo de cifras: lo que está en juego es la economía de un
estado cuya riqueza depende en gran medida del campo, que genera el 11% de su
PIB y el 13% de los empleos.
Más aún, el
impacto no se limita a Sinaloa. Como lo señaló el legislador, esta entidad ha
sido por más de tres décadas el granero de México, aportando más de 6 millones
de toneladas de maíz blanco que garantizan la autosuficiencia alimentaria y
estabilizan el precio de un producto esencial para todos los mexicanos: la
tortilla.
La iniciativa de
Ricardo Madrid no solo refleja sensibilidad política, también representa una
apuesta responsable por la seguridad alimentaria del país y la defensa de un
modelo productivo sostenible. Darle cauce a este tipo de propuestas no es solo
un deber institucional, es una obligación ética ante quienes producen el
alimento que llega a nuestras mesas.
En tiempos en
que muchos optan por el oportunismo o el discurso fácil, es alentador encontrar
voces que, como la de Madrid Pérez, elevan un planteamiento serio, informado y
con alto contenido social. El campo no puede esperar, y las decisiones
valientes como esta deben reconocerse y respaldarse.
