.png)
Una moción presentada el pasado 23 de mayo solicita a la jueza Lisa Walsh que los cargos contra los Weinberg sean retirados sin ningún per...
Una moción presentada el pasado 23 de mayo solicita a la jueza Lisa Walsh que los cargos contra los Weinberg sean retirados sin ningún perjuicio
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno de México informó este martes que retiró, de forma voluntaria, su demanda en Miami (FL, EE.UU.) contra los Weinberg, socios de Genaro García Luna, secretario de Seguridad mexicano entre los años 2006 y 2012.
La UIF señaló en un comunicado, que las partes han solicitado a la jueza del caso “conservar su jurisdicción para dictar una sentencia solo si esta surge del acuerdo que se haya alcanzado“.
“Cabe señalar que el retiro voluntario de la acción no afectaría la sentencia en contra de García Luna, su esposa y empresas, pues, en su caso, se solicitaría posterior a su fallo condenatorio”, indicó la nota.
La información apunta que, en el marco del juicio para la recuperación de activos entablado por México en contra de García Luna y sus socios -ante las Cortes del Undécimo Circuito Judicial de Miami Dade, Florida- la jueza Lisa Walsh “autorizó la continuación del diálogo entre las partes para mantener la búsqueda de un acuerdo más allá de la etapa obligatoria de mediación”.
Inclusive, la nota indica que el diálogo continuará durante el periodo que previamente había sido definido para la etapa de juicio, mismo que comprendió el lapso entre el 28 de abril y el 23 de mayo de 2025.
El comunicado informa que “las partes han avanzado sustancialmente para concretar el acuerdo que permitirá al Estado mexicano profundizar el conocimiento de la trama de corrupción investigada” y la recuperación de bienes derivados de ésta, dicho acuerdo “no pudo suscribirse antes de la fecha límite señalada”.
Debido a ello, las partes solicitaron a la jueza Walsh la medida del retiro voluntario de la demanda sin perjuicio, conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente.
“O bien, de no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta la sentencia”, añade el reporte.
Conforme a la Regla 1.420(a)(1) del Código de Procedimientos Civiles de la Florida, “México puede retirar su demanda de manera voluntaria en cualquier momento”.
Aunque regularmente el efecto del retiro voluntario implica terminar el procedimiento sin una resolución judicial de fondo, en “este caso las partes han solicitado a la jueza que conserve jurisdicción para dictar una sentencia solo si ésta surge del acuerdo que se haya alcanzado”, expone la nota.
En caso de no perfeccionarse el acuerdo, “se mantiene abierta la posibilidad de volver a presentar la demanda, ya que no se habrá resuelto el fondo del actual procedimiento”, puntualiza el comunicado.
El pasado 22 de mayo, una corte estadounidense dictó sentencia final contra García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, quienes deberán pagar en conjunto 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano por su participación en una red de sobornos en licitaciones públicas.
La sentencia fue dictada por la jueza Walsh, luego de que el Gobierno mexicano interpusiera una demanda contra el exfuncionario, quien está preso en Estados Unidos tras ser condenado por tráfico de droga, lavado de dinero, conspiración y enriquecimiento ilícito.
García Luna, de 56 años, fue arrestado en Dallas (TX, EE.UU.) en 2019 y en febrero de 2023 fue declarado culpable de cinco delitos por tráfico de cocaína, relación con una empresa criminal (el Cartel de Sinaloa) y falso testimonio tras un juicio con jurado.
Con información de EFE
