.png)
Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga "Pero nunca más es mucho tiempo. Así he podido comprobarlo en esta larga vida", Isabel All...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
"Pero nunca más es mucho tiempo. Así he podido comprobarlo en esta larga vida", Isabel Allende
DOBLE DISCURSO
La austeridad ha sido una de las banderas más visibles del actual gobierno federal. Bajo el concepto de “austeridad republicana”, se ha promovido una política de contención del gasto público que, en teoría, busca erradicar excesos y destinar los recursos a las necesidades prioritarias del país.
Sin embargo, esta narrativa ha sido cada vez más cuestionada desde distintos frentes, y recientemente, desde la dirigencia del PRI en Sinaloa, que acusa al gobierno de implementar una austeridad desigual: severa para la ciudadanía, pero flexible para quienes están en el poder.
César Emiliano Gerardo, líder estatal del PRI, denunció en conferencia de prensa que los recortes presupuestales han golpeado áreas sensibles como salud, educación, seguridad, cultura y programas para mujeres, mientras que obras emblemáticas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles reciben inyecciones multimillonarias adicionales.
A esto sumó críticas por el uso de recursos públicos en compras consideradas superfluas, como la adquisición de flores por más de 120 mil pesos en el municipio de Guasave, en un entorno donde los ciudadanos demandan servicios básicos de calidad.
Más allá del posicionamiento partidista, es válido reflexionar sobre el fondo del señalamiento: ¿la austeridad se ha aplicado de forma equilibrada y congruente con su propósito?
El aumento del gasto en el sector militar, que ha crecido en más de un 150 por ciento desde 2018 y ha concentrado tareas civiles en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, representa otra arista del debate.
La centralización del poder y la opacidad con la que se manejan muchos de estos proyectos y adquisiciones públicas refuerzan la percepción de una política que, si bien busca eficiencia, termina distorsionando prioridades.
El reclamo no es exclusivo de la oposición; diversas organizaciones civiles, académicos y organismos internacionales han advertido sobre los efectos regresivos de recortes en sectores estratégicos.
El país enfrenta enormes retos sociales y económicos que requieren una gestión cuidadosa de los recursos, pero también una rendición de cuentas clara, una visión equitativa y una evaluación constante de los resultados.
Una verdadera austeridad no puede sustentarse solo en el discurso ni en el sacrificio ciudadano. Requiere coherencia, transparencia y, sobre todo, voluntad de corregir cuando las decisiones adoptadas generan más daño que beneficio.
NOMBRAMIENTOS
En un ejercicio que apunta hacia la institucionalización de los mecanismos de vigilancia interna, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad los nombramientos de las nuevas personas titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La designación de Erica Ruiz Caro y Pavel Jonathan Hernández Ortiz, respectivamente, es resultado de un proceso que combinó convocatoria pública, revisión de perfiles y comparecencias abiertas a la ciudadanía.
La transparencia en el desarrollo del proceso es, sin duda, un aspecto positivo que debe reconocerse.
En un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones atraviesa por momentos de tensión, el hecho de que las y los aspirantes hayan expuesto públicamente sus propuestas de trabajo y argumentos de idoneidad, permite al menos vislumbrar un intento del Poder Legislativo por dotar de legitimidad social a decisiones de alta relevancia técnica y política.
Los Órganos Internos de Control tienen una función clave: supervisar, prevenir y sancionar posibles irregularidades administrativas dentro de las instituciones a las que pertenecen.
Su eficacia depende, en gran medida, no solo de las facultades legales que se les otorgan, sino de la preparación, autonomía y capacidad ética de quienes los encabezan. Por ello, la elección de perfiles adecuados cobra especial importancia.
Sin embargo, la designación es solo el primer paso. Lo verdaderamente determinante será el desempeño que estas personas demuestren en el ejercicio de sus funciones.
En un entorno donde los contrapesos institucionales enfrentan presiones constantes, los nuevos titulares tendrán la responsabilidad no menor de ejercer su papel con independencia, firmeza y profesionalismo.
El Congreso cumplió con el proceso normativo. Ahora toca al OIC del TJA y al de la CEDH demostrar con hechos que están a la altura del compromiso asumido.
Y, por supuesto, toca también a la ciudadanía y a los propios legisladores ejercer una vigilancia activa sobre el cumplimiento de esa función, como parte del fortalecimiento democrático que el país reclama.
