La paraestatal enfrenta un déficit financiero crítico por el sobreendeudamiento, la baja producción y el deterioro de sus refinerías; exper...
Según el reporte del primer trimestre de 2025, la deuda total de Pemex superó los dos billones de pesos, mientras que los pasivos con proveedores y contratistas ascendieron a 404 mil millones de pesos. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se ha liquidado cerca del 60% de esta deuda, la situación estructural de la paraestatal permanece sin solución.
Las pérdidas durante los primeros tres meses del año alcanzaron los 43 mil millones de pesos, atribuibles a la disminución de ventas, incremento de costos administrativos, pérdida cambiaria, impuestos y derechos. La producción promedio de hidrocarburos también registró una baja histórica, con apenas un millón 595 mil barriles diarios, la cifra más baja en años recientes.
Especialistas en economía y energía, como Antonio Ruiz Porras y Óscar Ocampo, han señalado que el uso ineficiente de recursos —especialmente en proyectos como la refinería de Dos Bocas, cuyo sobrecosto ha sido ampliamente documentado— ha contribuido a agravar la crisis. El complejo, que debía procesar 100 mil barriles diarios según lo prometido, aún opera por debajo de su capacidad proyectada.
La división de refinación representa el mayor foco de pérdidas, con un saldo negativo de más de 79 mil millones de pesos, mientras que las áreas de Exploración y Producción y Logística reportaron utilidades de 31 mil y nueve mil millones de pesos, respectivamente. No obstante, la deuda financiera total aumentó a 101 mil 65 millones de dólares, aunque la deuda con proveedores tuvo una reducción del 20%.
Además, los compromisos laborales presionan aún más las finanzas de Pemex. En 2024, la nómina absorbió 130 mil millones de pesos y el pago de pensiones rebasó los 83 mil millones. Las prestaciones de los trabajadores sindicalizados —como primas vacacionales de hasta 210%, atención médica privada, 60 días de aguinaldo e incluso cirugías estéticas— también representan una carga desproporcionada. A esto se suma el retroceso en la edad de jubilación, que volvió a fijarse en 55 años bajo presión sindical, revirtiendo reformas del sexenio anterior.
Otro factor que ha afectado a Pemex es el robo de combustibles. Aunque el número de tomas clandestinas disminuyó en 2024, las pérdidas por huachicol superaron los 20 mil millones de pesos. Desde 2018, el país ha registrado más de 72 mil ordeñas de ductos, un repunte frente a las 28 mil reportadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Jalisco y Hidalgo encabezan la lista de estados con mayor afectación por este delito.
Ante este panorama, los analistas coinciden en que Pemex debe abrirse a la inversión privada, no como una privatización, sino como una vía para compartir riesgos financieros y mejorar capacidades tecnológicas y operativas. La participación de operadores privados en proyectos de exploración en aguas profundas o en yacimientos no convencionales podría ser clave para revertir el declive.
La empresa anunció una inversión de 1.85 billones de pesos durante el sexenio para fortalecer la exploración, producción, fertilizantes y petroquímica, con el objetivo de elevar la producción a 1.8 millones de barriles diarios. Sin embargo, expertos como Jorge Cano advierten que sin una planeación rigurosa y con inversiones orientadas exclusivamente al aumento de capacidad productiva, cualquier apoyo financiero seguirá sin resultados concretos.
Pemex se encuentra en una encrucijada. Sin reformas profundas, eficiencia operativa y una apertura real a la inversión externa, su futuro continuará comprometido y seguirá representando una pesada carga para las finanzas públicas del país.
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