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Columna invitada Luis Miguel Dena México ha vivido durante décadas una dolorosa y compleja relación interdependiente entre el poder polític...
Luis Miguel Dena
México ha vivido durante décadas una dolorosa y compleja relación interdependiente entre el poder político y el crimen organizado, desde 1986 como mudo testigo, he observado el gran reto de una Comunidad de Inteligencia que continúa en la sólida formación de su marco jurídico, definición estratégica como brazo del Estado mexicano, para atender los riesgos país y globales, con mayor énfasis en este cambio de rumbo geopolítico de nuestro vecino del norte.
Esta relación ha mutado en cada sexenio, pero no ha desaparecido. Desde gobiernos priistas, panistas y morenistas, se han documentado —con pruebas o con silencios evidentes— alianzas, omisiones y pactos no escritos que han permitido que las organizaciones criminales se fortalezcan, se territorialicen y penetren estructuras sociales, económicas e institucionales.
Este deleznable Pacto de Impunidad, no de todos, como Roberto Saviano ilustro en su libro “Los Valientes están solos”, hoy no lo estamos, pero ese pacto maldito debe terminar y tenemos oportunidad para ello, es un terrible estado llamado “pax narca”, que no siempre se expresa en corrupción directa, sino en tolerancia social y operativa, consiste en mirar hacia otro lado mientras los grupos delictivos imponen reglas paralelas de convivencia, extorsión y violencia, lo viví combatiendo al Cártel de Juárez en 1995 y sigo observando en este 2025, 30 años después.
Pueden ser muchos los traidores a la suave patria y con su corrupción, no solo tratan de permitir la existencia del pacto, en su beneficio propio, también buscan gobernar junto a ellos en ciertas regiones, como ha sido evidente en estados capturados por el narco, con gobiernos, alcaldes, policías, ministerios, políticos, pseudo empresarios, “factureros”, evasores, informales o formales y hasta legisladores subordinados a estos intereses criminales y no importan los colores o partidos.
Hoy tenemos una Presidencia de la República y una coordinación estrecha en sus instituciones Defensa, Marina, Secretaría y Fiscalía, para cambiar por el bien de México, pero también tenemos graves ausencias de equilibrios y particularmente una muy discutida Reforma Judicial, que, si solo queda en el ejercicio de unos, poco habremos abonado a ello, nos falta revisar todo el andamiaje jurídico de procuración de justicia, allí esta la clave y la profesionalización es la vía.
Hoy, ante el cambio de política y estrategia en Estados Unidos con un nuevo gobierno —posiblemente más estricto en términos de seguridad hemisférica—México enfrenta una tormenta geopolítica inminente.
El regreso de políticas unilaterales y mayor presión de resultados hacia México, hechos como designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, retiro de visas a personajes políticos, operaciones de coordinación que se deben “certificar”, con un doble rasero: negociación para unos y acciones contra otros “terroristas” que llama a intervención, todo esto podría:
1. Debilitar los márgenes de negociación “especial” binacional e interna del gobierno mexicano, obligándolo a actuar donde antes “toleraba”.
2. Aumentar la presencia e injerencia de agencias estadounidenses en territorio nacional, bajo el pretexto de la seguridad compartida, lo que nulifica la confianza.
3. Incrementar la militarización, por la ausencia de recursos para fortalecer las “nuevas” instituciones de inteligencia y las actuales, lo cual históricamente ha demostrado ser una respuesta poco efectiva para disminuir la violencia y sí muy útil para reconfigurar el control territorial entre facciones criminales.
Lo más grave para la ciudadanía, sus organismos y empresas, es que en este escenario se romperá la frágil paz que actualmente predomina en algunas regiones, allí como industria de la seguridad privada como empresarios y ciudadanos comprometidos debemos seguir invirtiendo con esfuerzo.
Debemos como ciudadanos denunciar, el pacto, la corrupción, las entidades y personas que desnaturalizan a nuestra sociedad y también fortalecer a nuestras instituciones. En México, muchas veces la paz no es producto del Estado, sino del equilibrio de poder entre grupos delincuenciales tolerados. Si ese equilibrio se rompe por presiones externas, la ciudadanía sufrirá un nuevo ciclo de violencia, no lo estamos eligiendo, pero estemos atentos, no hago una calificación, del porque hemos llegado a este punto con todos los errores que hemos cometido principalmente como sociedad cómplice o tolerante.
En este contexto, la verdadera pregunta no es qué hará Estados Unidos, sino qué hará México para evitar convertirse en rehén de sus propias omisiones históricas y que haremos nosotros como ciudadanos rumbo a otro proceso electoral intermedio que comienza en 2026, que seguramente nos impactará.
Afirmo, es la corrupción, su dinero sucio, la impunidad de sus artífices criminales los que cambian la geografía política, es en una campaña electoral llena de sangre, donde inicia o continúa, la complicidad y el abuso de poder.
Si el gobierno de Estados Unidos decide actuar con firmeza, encontrará a un México que responda con institucionalidad, legalidad y sólida voluntad política, el riesgo no es solo perder soberanía, sino también perder lo poco que queda de paz social en grandes partes del territorio y viene en menos de 400 días la inauguración de la FIFA World Cup 2026, un mundial en México, EUA y Canadá, debemos acelerar nuestro paso.
Necesitamos fortalecer a nuestras instituciones y nuestra sociedad para que se rompa con el pacto de impunidad. Una transformación real de los sistemas de justicia, seguridad y fiscalización. De lo contrario, el país seguirá sometido a una doble amenaza: el crimen organizado por dentro y la presión extranjera por fuera, mientras la ciudadanía queda atrapada en medio, una vez más.
