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El Colegio Nacional de Médicos Quirúrgicos advierte que la falta de reconocimiento legal ha generado restricciones injustificadas y posibles prácticas monopólicas
Ciudad de México.- En la Sala Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro se celebró el Encuentro Nacional de Cirugía Estética, un foro académico y científico convocado por las comisiones de Bienestar y Salud de la Cámara de Diputados, con la participación de los órganos legislativos de Atención a Grupos Vulnerables, Educación y el Colegio Nacional de Médicos Quirúrgicos y Cirugía Estética, A.C. (CNMQyCE).
Durante el evento, especialistas y legisladores analizaron la falta de reconocimiento legal de la cirugía estética como especialidad médica en México, una omisión que ha generado impactos significativos en la práctica clínica, la formación profesional y la atención a pacientes.
El CNMQyCE sostuvo que la legislación vigente no otorga exclusividad a la especialidad de Cirugía Plástica y Reconstructiva para ejercer la cirugía estética, ya que otras especialidades quirúrgicas incluyen en su formación procedimientos estéticos. En este sentido, médicos con estudios de posgrado como la Maestría en Cirugía Estética con RVOE ES/019/2007 cumplen con los requisitos legales y académicos para ejercer con plena legitimidad.
También se criticó la actuación de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (CoFePRIS), señalando como ejemplo el “Aviso de Riesgo” publicado en junio de 2023, donde, según los participantes, se generalizó de forma imprecisa y estigmatizante a los médicos con formación distinta a la tradicional.
El CNMQyCE reiteró que sus integrantes son profesionales quirúrgicos con certificación ante el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CoNaCEM) y con formación adicional en cirugía estética, la cual ha sido reconocida por dicho organismo como una extensión de su especialidad original que no requiere nueva certificación.
Finalmente, el Colegio hizo un llamado a establecer una regulación basada en evidencia científica, fundamentos jurídicos y criterios técnicos, evitando disposiciones que favorezcan intereses monopólicos o excluyan a profesionales capacitados bajo criterios ajenos al derecho y la salud pública.
