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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “El orgullo, que nos inspira tanta envidia, a menudo nos sirve también para moderarla”; François d...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“El orgullo, que nos inspira tanta envidia, a menudo nos sirve también para moderarla”;
François de La Rochefoucauld
INTENCIONES
La visita del gobernador Rubén Rocha Moya a la sindicatura de El Salado deja una imagen clara de lo que muchas comunidades esperan de sus autoridades: atención directa, obras concretas y compromisos que se traduzcan en soluciones reales.
Con la entrega de seis calles pavimentadas, la ampliación de la red de electrificación, 20 acciones de vivienda y el anuncio de una planta potabilizadora, el gobierno estatal parece responder a una deuda histórica con esta zona del municipio de Culiacán.
Se trata, sin duda, de avances relevantes. Invertir en infraestructura urbana básica no solo mejora la calidad de vida inmediata de las personas, sino que también abre la posibilidad de desarrollo económico y social a mediano plazo.
Que estas acciones se concentren en una sindicatura con rezagos importantes es una señal positiva de priorización. Sin embargo, es importante no perder de vista el contexto.
Estas obras, aunque significativas, llegan tras años —incluso décadas— de abandono institucional.
El hecho de que el gobernador tenga que anunciar personalmente la licitación de una planta potabilizadora para resolver el desabasto de agua, debería llevarnos a reflexionar sobre la normalización del rezago.
Que hoy se atienda no borra el hecho de que se ha tolerado durante demasiado tiempo.
El compromiso de Rocha Moya de escuchar directamente a la población y resolver en el momento algunos de sus planteamientos, como el caso de las nuevas calles, es una práctica valiosa que contrasta con el burocratismo habitual.
Pero ese estilo de gobernar no puede depender únicamente de la voluntad personal del titular del Ejecutivo. Requiere institucionalizarse, replicarse y sostenerse más allá de los eventos públicos.
Otro punto clave es garantizar la continuidad de estos proyectos y su mantenimiento. No basta con inaugurar obras; hay que asegurar que funcionen correctamente, que se integren a una visión de desarrollo comunitario y que no se conviertan en anuncios que se desgastan con el tiempo.
El Salado merece estas obras, como lo merecen muchas otras sindicaturas y comunidades en Sinaloa.
La gran tarea del gobierno estatal es convertir lo que hoy parece un logro puntual en una política estructural que no dependa de coyunturas ni de giras oficiales, sino de una estrategia sostenida de inversión equitativa en las zonas más olvidadas.
Que estas obras no sean la excepción, sino el inicio de una normalidad donde vivir con dignidad no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.
ENFOQUES
La toma de protesta de nuevos funcionarios en el Ayuntamiento de Ahome, encabezada por el alcalde Antonio Menéndez De Llano Bermúdez, marca una etapa importante en el reacomodo administrativo que suele acompañar todo relevo en el poder.
Nombres nuevos, carteras sensibles y una narrativa que apela, una vez más, al compromiso con la ciudadanía y a la continuidad del proyecto político de la llamada cuarta transformación.
Más allá del protocolo —breve y solemne, como suele ocurrir—, el verdadero peso de este acto no está en los discursos ni en las fotos oficiales, sino en las expectativas que recae sobre quienes asumen estas responsabilidades públicas.
Salud, economía, obras, servicios, igualdad sustantiva y deporte: todas áreas fundamentales que impactan de forma directa en la vida cotidiana de los ahomenses.
Pero aquí es donde cabe la reflexión crítica. Cambiar nombres no garantiza mejores resultados. La administración pública local ha sido durante años una estructura que en muchos casos opera con inercias, rezagos y falta de cercanía con la ciudadanía. Si los nuevos titulares replican prácticas de escritorio, decisiones unilaterales o atención selectiva, entonces nada habrá cambiado realmente.
El llamado del alcalde a “construir el segundo piso de la cuarta transformación” no puede quedarse en un eslogan.
Esa construcción se mide en calles bien hechas, servicios eficientes, atención médica oportuna, políticas de igualdad activas y resultados tangibles para las comunidades más vulnerables.
Es ahí donde estos nuevos funcionarios deben rendir cuentas, no solo ante el presidente municipal, sino frente a la sociedad que les paga el sueldo.
Ahome no necesita funcionarios decorativos ni leales al cargo, sino servidores públicos con vocación, solvencia técnica y capacidad de escucha.
El reto está en demostrar que estos cambios no fueron producto de cuotas, acuerdos internos o simples acomodos, sino parte de una estrategia que prioriza el servicio por encima del interés político.
La ciudadanía ahomense observa, evalúa y —cada vez más— exige. Y en ese sentido, los nuevos funcionarios tienen la oportunidad (y la obligación) de marcar la diferencia.
No con palabras, sino con hechos. Porque las tomas de protesta pueden ser muchas, pero los resultados son los que verdaderamente importan.
SEÑALES
En tiempos donde la escasez de recursos es la norma en los municipios, que un Ayuntamiento logre adquirir equipo esencial sin recurrir al endeudamiento es una noticia que merece atención.
En Rosario, la administración encabezada por Claudia Liliana Valdez Aguilar ha dado un paso importante con la compra de una pipa y un camión vactor, con una inversión de 3.7 millones de pesos provenientes de recursos propios y con apoyo estatal.
No se trata de una gran obra ni de un megaproyecto, pero sí de una decisión con impacto práctico.
La utilidad de estas unidades es evidente: una pipa que ayudará en la temporada de sequía —cuando el acceso al agua se vuelve más limitado— y un camión vactor que será clave para el desazolve de tuberías antes de la llegada de las lluvias. Ambas adquisiciones responden a necesidades concretas, no a ocurrencias.
Este tipo de decisiones administrativas suelen pasar desapercibidas porque carecen del brillo mediático de una inauguración o un corte de listón. Sin embargo, son precisamente estas acciones las que mejor hablan de una gestión: cuidar el dinero público, priorizar lo urgente y evitar el endeudamiento.
Es una lógica básica, pero lamentablemente poco común en muchas alcaldías.
Ahora bien, lo verdaderamente importante es lo que sigue. Comprar maquinaria es el primer paso; garantizar su uso eficiente, su mantenimiento oportuno y su asignación sin sesgos, es el verdadero desafío.
Una buena administración no se mide solo por lo que se adquiere, sino por cómo se pone al servicio de la comunidad.
Además, este logro no debe utilizarse como bandera política, sino como un estándar mínimo: que los recursos públicos sirvan a la gente y no a los intereses particulares.
Si esta fórmula de disciplina financiera y sentido común se convierte en una constante y no en una excepción, entonces sí podremos hablar de una transformación real en la forma de gobernar desde lo local.
Rosario ha dado una señal positiva. Ojalá otros municipios tomen nota y, más aún, que la ciudadanía también lo haga. Porque al final del día, gobernar bien no debería ser un mérito, sino una obligación.
INTERACCIÓN
La Universidad Autónoma de Sinaloa da un paso importante con la instalación formal del Consejo de la Contraloría Social Universitaria. Este órgano plural —conformado por representantes de diversos sectores sociales— no solo fortalece los procesos de rendición de cuentas, sino que proyecta una imagen institucional de apertura y autovigilancia.
El rector Jesús Madueña Molina destacó con razón la cultura de evaluación y auditoría que ha caracterizado a la UAS en los últimos años. El hecho de que los recursos sean auditados “peso a peso” y que se fomente la revisión externa es un elemento que habla de voluntad institucional, aunque el reto es mantener y ampliar estos esfuerzos con resultados concretos.
La presencia de representantes empresariales, sociales y académicos en este consejo permite una retroalimentación real, más allá del discurso. Lo importante será que las recomendaciones se traduzcan en acciones y que la Contraloría no sea un órgano decorativo, sino un mecanismo efectivo de control, consulta y mejora.
Con una comunidad universitaria crítica y un entorno social exigente, la UAS tiene la oportunidad de convertirse en referente nacional en buenas prácticas de gobernanza universitaria. Este consejo debe ser más que una formalidad: debe ser la voz de la sociedad dentro de la universidad.
