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Pese a prometer lo contrario, el gobierno de López Obrador incrementó la deuda a más de 17 billones de pesos, y el primer trimestre de la gestión de Sheinbaum ya refleja una tendencia al alza, advierten especialistas.
Aunque una de sus principales promesas de campaña fue no endeudar más al país, el presidente Andrés Manuel López Obrador incumplió y dejó a México con una deuda pública superior a los 17 billones de pesos, más de seis billones por encima de la cifra con la que concluyó el sexenio de Enrique Peña Nieto, según cifras oficiales. Especialistas advierten que esta carga pone en riesgo la estabilidad financiera nacional y limita el margen de acción para futuras administraciones.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre del sexenio de Peña Nieto la deuda pública ascendía a 10 billones 829 mil millones de pesos. Para el final del mandato de López Obrador, esta cifra se elevó a 17 billones 426 mil millones.
“El mayor error de López Obrador fue privilegiar decisiones ideológicas y simbólicas sobre criterios técnicos y de eficiencia en el gasto”, señaló Alejandro Rodríguez Magaña, doctor en Ciencias Administrativas y académico de la Universidad Panamericana. Agregó que la desaparición de órganos autónomos bajo el discurso de austeridad debilitó la transparencia y eliminó herramientas financieras clave para enfrentar crisis.
La tendencia al alza se mantiene en el arranque del nuevo gobierno. En el primer trimestre de 2025, durante la administración de Claudia Sheinbaum, la deuda pública aumentó a 17 billones 662 mil millones de pesos, un incremento de 236 mil millones en apenas tres meses.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que el costo financiero de la deuda representa un riesgo para las finanzas públicas cuando no se emplea en proyectos productivos, como infraestructura. “En México coexiste un bajo nivel de crecimiento económico con un incremento sostenido de la deuda”, señala el organismo.
Para dimensionar el reto, en 2024 el Gobierno federal reportó ingresos por nueve billones de pesos, mientras el Congreso autorizó la contratación de nuevos créditos por más de 1.7 billones, lo que significa que cerca del 20% del presupuesto se destinó al pago de deuda.
A esto se suma el gasto en pensiones —más de dos billones de pesos en 2024— y el presupuesto destinado a programas sociales, que superó los 543 mil millones. Estos compromisos limitan significativamente la inversión pública y frenan el crecimiento del país. Por ello, expertos recomiendan que Hacienda busque alianzas con la iniciativa privada para impulsar obras de infraestructura, ante la presión que ejerce el gasto corriente.
Rodríguez Magaña también criticó la falta de una reforma fiscal que permita aumentar los ingresos del Estado de forma equitativa y sostenible. En su opinión, la política de austeridad fue “mal ejecutada” y provocó un debilitamiento en sectores clave como salud, ciencia, tecnología y cultura.
Otro indicador preocupante es el déficit fiscal. En 2018 representaba el 2% del Producto Interno Bruto (PIB); sin embargo, en 2024 alcanzó el 4.9%, reflejando el desbalance entre ingresos y egresos del gobierno federal.
Factores como la pandemia, los megaproyectos de infraestructura con bajo rendimiento y los compromisos sociales han contribuido al deterioro de las finanzas públicas. La cancelación del aeropuerto en Texcoco, el rescate de Petróleos Mexicanos y el financiamiento de programas sociales también representan cargas significativas.
Frente a este panorama, las alternativas son limitadas. Rodríguez Magaña propone una reforma fiscal progresiva para combatir la evasión, revisar los beneficios fiscales otorgados a grandes empresas y auditar los megaproyectos para evaluar su viabilidad. “No tendríamos por qué seguir subsidiando proyectos ineficientes”, concluyó.
