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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua”, M...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“La verdad
adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el
agua”, Miguel de Cervantes
COMPROMISO SOCIAL
El compromiso
por asegurar los descuentos en el pago del agua para personas con discapacidad,
jubilados y pensionados en Culiacán refleja un importante acto de
responsabilidad social y sensibilidad gubernamental hacia los sectores más
vulnerables de la sociedad.
Esta medida,
respaldada por el presidente municipal durante la reciente Sesión Ordinaria de
Cabildo, responde no solo a un deber moral, sino también a una necesidad de
justicia social que debe prevalecer en nuestras políticas públicas.
El regidor Sadol
Osorio Porrás, quien ha liderado la defensa de estos beneficios, ha subrayado
la importancia de mantener estos descuentos como un derecho fundamental para
aquellos que han dependido de ellos durante años.
Su voz en el
ayuntamiento representa no solo la opinión de los ciudadanos beneficiarios,
sino también un recordatorio claro de la responsabilidad del gobierno local de
proteger y fortalecer las redes de apoyo para los más necesitados.
El contexto
jurídico, marcado por el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, añade
un componente crucial a esta discusión.
Aunque se
establece que el Congreso del Estado no puede legislar directamente sobre
descuentos, el compromiso del alcalde Gámez Mendívil de explorar mecanismos
legales alternativos para asegurar estos beneficios es un paso valiente hacia
adelante.
Es esencial
encontrar soluciones que no solo respeten la ley, sino que también protejan los
derechos adquiridos de aquellos que dependen de estos apoyos para su bienestar
diario.
En tiempos donde
la atención a las necesidades básicas y el respeto a los derechos humanos deben
estar en el centro de nuestras decisiones políticas, Culiacán demuestra un
ejemplo positivo de cómo la administración pública puede y debe ser un agente
de cambio positivo en la vida de sus ciudadanos más vulnerables. Mantener y
fortalecer estos descuentos no solo es una cuestión de justicia social, sino
también una inversión en el bienestar y la dignidad de todos los habitantes de
la ciudad.
Por tanto, es
crucial que el compromiso manifestado en la sesión de Cabildo se traduzca en
acciones concretas y duraderas.
Garantizar la
continuidad de estos descuentos no solo asegura la equidad y la inclusión, sino
que también fortalece el tejido social y promueve un entorno donde todos los
ciudadanos puedan prosperar, independientemente de sus circunstancias
personales.
El Ayuntamiento
de Culiacán tiene ahora la oportunidad de mostrar liderazgo y empatía al
proteger estos derechos fundamentales.
Es imperativo
que este compromiso se convierta en una realidad tangible, no solo como
política pública, sino como un testimonio de la verdadera vocación de servicio
público hacia los más necesitados de nuestra sociedad.
ALERTA
La alarmante
escalada de agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos en
Sinaloa durante el primer semestre de 2024 es un llamado urgente a la acción y
a la solidaridad nacional.
Según el
Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas (IPPDDHP), las agresiones han aumentado en un preocupante 54% en
comparación con el mismo período del año anterior.
Estos datos
reflejan una tendencia alarmante de violencia dirigida hacia aquellos que
desempeñan un papel crucial en nuestra sociedad: informar y defender los
derechos fundamentales.
Desde ataques
armados como el más reciente sufrido por el diario digital Adiscusión hasta
amenazas y actos intimidatorios, cada agresión representa un atentado contra la
libertad de expresión y la labor indispensable de quienes buscan promover y
proteger los derechos humanos.
Es imperativo
que las autoridades locales y nacionales refuercen sus esfuerzos para
garantizar la seguridad de los periodistas y defensores de derechos humanos.
Esto no solo
implica investigar y llevar ante la justicia a los responsables de estos actos
criminales, sino también implementar medidas efectivas de protección y
prevención.
La impunidad no
puede ser la norma ante ataques tan graves contra la democracia y los derechos
fundamentales.
Además, es
fundamental que la sociedad en su conjunto reconozca la importancia de un
periodismo libre y de una defensa activa de los derechos humanos como pilares
de una sociedad justa y democrática.
El apoyo y la
solidaridad hacia quienes enfrentan estas amenazas son fundamentales para
contrarrestar la intimidación y el silenciamiento.
El IPPDDHP ha
registrado un total de 111 agresiones desde 2022, destacando el primer semestre
de 2024 como el más violento hasta la fecha.
Este aumento
drástico subraya la urgencia de medidas concretas y efectivas para proteger a
quienes se enfrentan a riesgos diarios por realizar su labor en favor de la
sociedad.
Es momento de
actuar con determinación y firmeza para proteger la integridad y la libertad de
quienes informan y defienden los derechos humanos en Sinaloa y en todo México.
La defensa de la libertad de prensa y de los derechos fundamentales no puede
ser negociable ni postergada.
LA MALQUERIDA
El informe de
actividades 2023 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de
Sinaloa revela una preocupante tendencia en las quejas y recomendaciones hacia
diversas autoridades estatales y municipales.
En particular,
la Fiscalía General del Estado (FGE) destaca como la entidad más señalada,
acumulando 177 quejas y recibiendo 4 recomendaciones por parte de la CEDH.
Entre las quejas
más frecuentes contra la FGE se encuentran la dilación e irregularidades en la
integración de carpetas de investigación, así como la negativa para recibir
denuncias correspondientes.
Estas prácticas
no solo afectan la eficiencia del sistema de justicia, sino que también
vulneran los derechos de los ciudadanos que buscan acceso a la justicia de
manera oportuna y adecuada.
El uso excesivo
de la fuerza por parte de las autoridades, especialmente en Mazatlán, destaca
como una de las prácticas más recurrentes que motivaron 52 quejas durante el
año pasado.
Este tipo de
incidentes subraya la necesidad de una supervisión rigurosa y de políticas que
promuevan el respeto a los derechos humanos en todas las operaciones
policiales.
Además, el
informe detalla que el Ayuntamiento de Mazatlán lidera entre las autoridades
municipales con más quejas (79), seguido por Culiacán (56), Ahome (18) y
Guasave (11). Estas cifras reflejan la urgencia de mejorar la rendición de
cuentas y la eficacia administrativa en los gobiernos locales para evitar
violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Es alentador ver
que la mayoría de las recomendaciones emitidas por la CEDH fueron aceptadas por
las autoridades correspondientes, lo que indica un paso hacia la
responsabilidad y el compromiso con la mejora continua en el respeto a los
derechos humanos.
Sin embargo, la
negativa del Ayuntamiento de Mocorito a aceptar una de estas recomendaciones,
relacionada con la reparación del daño a una persona lesionada durante su
arresto, subraya la necesidad continua de garantizar que todas las personas
afectadas reciban justicia y reparación adecuada.
Este informe no
solo es una herramienta crucial para identificar áreas de mejora en las
políticas públicas y la administración de justicia en Sinaloa, sino también un
recordatorio contundente de la importancia de proteger y respetar los derechos
humanos en todos los niveles del gobierno.
La sociedad sinaloense y las autoridades
tienen la responsabilidad compartida de trabajar hacia un estado donde los
derechos fundamentales sean respetados y protegidos para todos.
mlizarraga1@entreveredas.com.mx
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