.png)
“Así lo establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un diagnóstico realizado” Dip. Mónica Armenta Elenes Culiacán, Sinaloa.- De su...
“Así lo establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un diagnóstico realizado” Dip. Mónica Armenta Elenes
Culiacán, Sinaloa.- De suma importancia las observaciones que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de un Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), sobre Centros Penitenciarios en nuestro Estado, ya que muestran las deficiencias y la violación de los derechos humanos que sufren las personas privadas de su libertad, mencionó la diputada Mónica Armenta Elenes, presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado.
Este diagnóstico se llevó a cabo en los Centros Penitenciarios de Ahome, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán, donde se encontraron que no existe separación entre las internas y los internos; no existen condiciones de gobernabilidad; no existen garantías que permitan a los internos respetar su integridad; mucho menos su estancia es digna; no existen condiciones para personas privadas de la libertad con necesidades específicas, y mucho menos una política integral para la reinserción social, que es el objetivo principal de los Centros Penitenciarios.
“En diferentes ocasiones hemos subido a Tribuna para señalar que en estos Centros Penitenciarios existe autogobierno de parte de los internos, muestra de ello fue lo ocurrido en el año del 2023 al darse una fuga masiva de internos en Culiacán, pero además lo mismo conviven mujeres y hombres lo que imposibilita la debida reinserción social de los internos, por eso hemos exhortado al gobernador a realizar un diagnóstico serio para corregir estas fallas en estos penales”, manifestó la diputada Mónica Armenta Elenes.
Ante estas observaciones es de suma importancia que el gobierno del estado se dé a la tarea de solventar y solucionar estos aspectos para que en el futuro se respeten los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, así como implementar las políticas y los protocolos que garanticen los derechos humanos de las y los reclusos, permitiendo con ello lograr una verdadera reinversión a la sociedad.
Ante estas observaciones, la diputada Mónica Armenta, expresó que es de suma importancia que el gobierno del estado se dé a la tarea de solventar y solucionar estos aspectos para que en el futuro se respeten los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
