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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra inmerso en una agitada batalla interna, desencadenada por la intención de su actual dirigente nacional, Alejandro Moreno, de buscar la reelección. Un bloque crítico de priistas, encabezado por destacadas figuras como Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, ha lanzado un primer golpe legal en contra de los cambios estatutarios que facilitarían la reelección de Moreno. Este conflicto no solo pone en evidencia las tensiones internas del partido, sino que también subraya la lucha por el control y el futuro de una de las instituciones políticas más importantes de México.
La impugnación presentada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuestiona la legalidad de la Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, celebrada el 7 de julio. Según los impugnantes, dicha asamblea se llevó a cabo de manera ilegal y contraria a los estatutos del partido, destacando particularmente la modificación del artículo 178 para permitir la reelección de la dirigencia por hasta tres periodos consecutivos de cuatro años. Este cambio, argumentan, no solo contraviene los principios históricos del partido, sino que también se realizó en un periodo electoral, lo que, según ellos, está prohibido.
El grupo opositor, que incluye a expresidentes del PRI y al senador electo priista Manlio Fabio Beltrones, ha articulado una estrategia de movilización a través del Frente Amplio de Renovación. Este frente busca integrar un "gran frente nacional" en defensa del partido y en contra de las reformas estatutarias recientes. En un llamado a la militancia, Dulce María Sauri Riancho ha declarado que ha comenzado "la gran batalla" para enfrentar la posible reelección de Alejandro Moreno. Este grupo no solo busca anular la asamblea reciente, sino también mantener el principio de no reelección que consideran fundamental para la renovación y cohesión del partido.
Entre las irregularidades señaladas en la impugnación, destacan la incompetencia del Comité Ejecutivo Nacional para emitir el reglamento de integración de la Asamblea Nacional y la insuficiencia del plazo de 30 días para desahogar todas las etapas del proceso. Según los firmantes, la convocatoria se emitió el 6 de junio y la asamblea se realizó el 7 de julio, un periodo que consideran irracional e insuficiente para un procedimiento de tal magnitud. Además, argumentan que la auto adjudicación de facultades por parte del CEN constituyó una violación flagrante al procedimiento establecido.
El llamado a formar un gran frente nacional y la impugnación ante el TEPJF reflejan una profunda división dentro del PRI, un partido que ha sido pilar de la política mexicana durante décadas. La disputa por la reelección de Alejandro Moreno no solo es una cuestión de liderazgo, sino también de identidad y principios fundacionales del partido. La manera en que se resuelva este conflicto interno será determinante para el futuro del PRI y su capacidad de enfrentar los desafíos políticos que se avecinan.
En este contexto, es crucial que los líderes y militantes del PRI encuentren un camino de diálogo y consenso que permita fortalecer la unidad y renovación del partido. La batalla por el control del PRI es, en última instancia, una batalla por su relevancia y eficacia como fuerza política en México.
