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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Si de veras llegásemos a poder comprender, ya no podríamos juzgar”, André Malraux SOLUCIÓN O EN...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Si de veras
llegásemos a poder comprender, ya no podríamos juzgar”, André Malraux
SOLUCIÓN O EN LAS MISMAS
El anuncio del
gobernador Rubén Rocha Moya de asistir a una reunión en la Ciudad de México con
directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) el próximo martes 16 de
julio, convocada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján,
ha generado expectativas y dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo
entre ambas partes.
Este encuentro,
promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca tender puentes
en una relación tensada por reformas legislativas y judicializaciones.
Rocha Moya ha
sido claro en su postura: asistirá a la reunión por respeto a la invitación y
al exhorto presidencial, pero mantiene que el diálogo debe involucrar al
Legislativo y al Judicial.
El gobernador
argumenta que las reformas legislativas están en manos del Congreso del Estado
y que los asuntos judiciales corresponden a la Fiscalía y al Poder Judicial.
Esta postura
firme deja entrever que cualquier resolución no dependerá únicamente de él.
El gobernador
subrayó la importancia de estos procesos y rechazó la idea de que él pueda
influir directamente en los otros poderes. "¿No se va a mover usted de esa
posición? No, ¿por qué? Porque yo no lo puedo hacer. ¿Qué es lo que tengo que
hacer? Se está partiendo de la idea de que yo les puedo dar órdenes (al
Legislativo y al Judicial). No, que sigan los procesos ahí, claro", afirmó
Rocha Moya.
Esta postura
deja en el aire la pregunta de si realmente habrá avances significativos en la
reunión del martes.
Mientras Rocha
Moya respeta las acciones emprendidas por la UAS, como la distribución de
volantes y la organización de una caravana hacia la Ciudad de México, su
insistencia en la separación de poderes podría dificultar el alcance de un
acuerdo inmediato.
“Ellos tienen
libertad para hacer todo, ya saben, yo respeto las acciones que hacen los
ciudadanos en todo sentido. Pero aquí lo que tienen que hacer es ir a
justificar lo que se les acusa”, enfatizó el gobernador.
Esta declaración
sugiere que, a pesar de la disposición al diálogo, las soluciones concretas
podrían estar fuera de su alcance directo, dependiendo de los procesos
legislativos y judiciales en curso.
La próxima
reunión en la Ciudad de México será un espacio crucial para abordar las
tensiones entre el gobierno estatal y la UAS.
Sin embargo, la
firmeza del gobernador Rocha Moya en mantener la independencia de los procesos
legislativos y judiciales deja en duda si se podrá alcanzar un acuerdo en el
corto plazo.
La resolución de
estos conflictos parece depender de factores más allá del control inmediato del
gobernador, sugiriendo que la reunión del martes podría ser solo un paso más en
un proceso largo y complejo.
Tiempo al
tiempo.
¿A FUERZAS?
El anuncio del
diputado Adolfo Beltrán Corrales de que la reforma a la Ley Orgánica de la
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) será aprobada en septiembre ha generado
una mezcla de expectativas y controversias.
Si bien Beltrán
Corrales asegura que esta reforma otorgará la independencia y democracia que
los universitarios demandan, el hecho de que esta decisión se tome sin un
acuerdo claro y sin un diálogo sustancial con las autoridades universitarias
plantea serias dudas sobre la verdadera intención y efectividad de esta medida.
El diputado,
presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del
Estado de Sinaloa, ha justificado la reforma argumentando que la actual Ley
Orgánica de la UAS es obsoleta y contraria a la Ley General de Educación
Superior.
Sin embargo, la
falta de consenso con la UAS y la determinación del Congreso de proceder sin su
colaboración sugiere que esta reforma podría ser percibida como una imposición.
Beltrán Corrales
ha subrayado que el Congreso no está violando la autonomía de la UAS, ya que la
Ley General de Educación Superior permite la reforma de las leyes orgánicas de
las universidades públicas autónomas, siempre y cuando se realice una consulta
a la comunidad universitaria.
Pero, ¿es
suficiente esta consulta para legitimar un cambio tan significativo sin la
participación activa de las autoridades de la UAS?
El objetivo
declarado de democratizar la UAS y transparentar el uso de los recursos es
loable.
No obstante, la
retórica del diputado sobre la existencia de un grupo que “tiene secuestrada a
la universidad” y sus negocios cuestionables podría ser vista como una
estrategia para justificar una intervención directa.
La verdadera
independencia y democratización de la universidad deben ser alcanzadas mediante
un proceso inclusivo y consensuado, no a través de imposiciones unilaterales
que podrían generar resistencia y desconfianza.
La insistencia
de Beltrán Corrales en que el Congreso ya tiene una ruta definida y que
procederán con la reforma incluso sin la colaboración de la UAS, pone en duda
la sinceridad de su invitación al diálogo.
Si la reforma
avanza sin un acuerdo claro, es probable que enfrente serios desafíos y
críticas, tanto dentro de la comunidad universitaria como en la opinión
pública.
El riesgo de
proceder con una reforma sin el apoyo de las autoridades universitarias es
alto.
La UAS, como
institución, podría resistirse a implementar los cambios, lo que podría llevar
a conflictos prolongados y afectar negativamente la gobernanza y la operación
de la universidad.
Además,
cualquier percepción de que la reforma es una herramienta política para ganar
control sobre la universidad podría socavar la credibilidad y legitimidad del
Congreso del Estado.
La promesa de
una reforma ejemplar, similar a la de la Universidad Autónoma de Occidente, es
ambiciosa.
Sin embargo,
para que sea efectiva y duradera, es crucial que se base en un proceso de
diálogo genuino y en el consenso con todas las partes interesadas.
La historia ha
demostrado que las reformas impuestas sin un acuerdo claro tienden a fracasar o
a ser revertidas.
Si la reforma
avanza sin el consenso necesario, podría ser vista como una imposición más que
como un paso hacia la democratización y la transparencia.
Para que la UAS
realmente alcance la independencia prometida, es esencial que el proceso sea
inclusivo, transparente y basado en el diálogo.
Solo así se
podrá garantizar que la reforma no solo prometa independencia, sino que
realmente la otorgue.
AVANCE
La reciente
iniciativa encabezada por el Subsecretario de Planeación, Inversión y
Financiamiento de la Secretaría de Administración y Finanzas, David Moreno
Lizárraga, y la secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa, destaca el
compromiso del gobierno sinaloense de combatir la desigualdad de género.
La realización
del taller "Estrategia para Fortalecer la Transversalización de la
Perspectiva de Género y la Participación Ciudadana en los Ejercicios de
Presupuestación Local" es un paso significativo hacia la implementación de
políticas inclusivas y equitativas.
Este esfuerzo,
apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
Grupo Financiero Banorte, subraya la importancia de visibilizar y abordar las
desigualdades estructurales que afectan a las mujeres.
La estrategia se
enmarca en la Agenda 2030 y refleja un enfoque integral que busca no solo
corregir las disparidades existentes, sino también promover oportunidades y
protección para las mujeres.
El énfasis en la
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, promovido por la
administración de Rubén Rocha Moya, es esencial para lograr un Sinaloa más
justo e inclusivo.
La participación
activa de las mujeres en la esfera pública y política es crucial para reducir
las brechas de desarrollo y construir una sociedad equitativa.
Guerra Ochoa
insta a las dependencias estatales y municipales a incorporar la perspectiva de
género en sus acciones, un llamado necesario para asegurar que las políticas
públicas realmente beneficien a las mujeres y contribuyan a su bienestar.
mlizarraga1@entreveredas.com.mx
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y X: PeriodistaMarco
