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Sobre el camino Benjamín Bojórquez Olea. La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se le considera un monstruo político y económico, a mi ...
Sobre el camino
Benjamín Bojórquez Olea.
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se le considera un monstruo político y económico, a mi juicio, no es para menos. En ese contexto, el encuentro en la secretaría de Gobernación entre directivos de la UAS y autoridades del gobierno de Sinaloa terminó como comenzó, en nada. De acuerdo con fuentes de alto nivel el acuerdo es que corran los procesos en las altas esferas donde están: en el Congreso del Estado la discusión a la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa -a la que se oponen directivos de la Casa Rosalina- mientras que, los procesos penales que pesan sobre funcionarios universitarios por presuntos actos de corrupción mantendrán su curso en los juzgados. El mensaje del Gobierno de la República fue volver al principio: los temas de Sinaloa se resolverán en Sinaloa por las vías legales. Ya empezarán a surgir detalles de este encuentro que, nos cuentan, cada parte fijó posturas y nadie cedió ni un milímetro de terreno, al contrario, resultó previsible y, además, para la comunidad universitaria, autoinfligida. La universidad pública es una de las vacas políticas y económicas sagradas de Sinaloa, un tabú intocable capaz de cohesionar transversalmente a la política y gran parte de la sociedad, para bien y para mal. Los acuerdos tomados quedaron sin efecto. En pocas palabras, este “asalto” lo ganó Gobierno.
La potencia productiva electoral de la universidad pública sobrevive, a veces a duras penas, a pesar de la crisis que la atraviesa hace ya muchos años. Pero ese abroquelamiento tiene efectos colaterales negativos: ante la evidencia de problemas, la vida universitaria se niega a debatir en serio problemas históricos que la aquejan. Si el ataque viene del Poder Ejecutivo y es sistemático, mal informado e indiscriminado, esa cohesión crece todavía más. Es decir, en lugar de abrir un debate sobre la universidad pública razonable, racional y fundada en datos precisos, convierten a la universidad pública en el nuevo enemigo político. Y la pregunta del millón, ¿y la calidad educativa de la Casa Rosalina?
El uso político de un tema central, que omite verdades, se sobregira en la generación de mitos y oculta problemas, de un lado y otro de la nueva grieta recién inaugurada a partir de 2021, a favor o en contra de la universidad pública.
Primero, el tema del ajuste del gobierno a su petición al legislativo a reformar la Ley Orgánica de la UAS y el impacto en la sostenibilidad, también politizado. El ajuste a la universidad es real y ahí salta una comparación problemática, que vuelve cada tanto en esta gestión: ¿por qué tanta dureza con la máxima casa de estudios y tanta permisividad con un régimen universitario como el de Tierra del Fuego? Esa comparación se ha vuelto una de las medidas de la arbitrariedad y el sesgo del ajuste gubernamental. Aquí aplica, “si tienes poder muéstralo”. Si no es ahora, ya no será posible.
Un ajuste como el que propone el ejecutivo estatal podría ser digerible en medio de un cambio de época que desconcierta a muchos. Pero las dos partes (UAS – Gobierno) la hace más complicada y polarizada. En esa polarización, detrás de la bandera “de rodillas nunca”, se esconden intereses “non sanctos”, objetivos políticos y se encuentran excusas para no tratar temas medulares. El sistema universitario de la máxima casa de estudios, ¿es tan inclusivo como lo dice el mito? La respuesta es que ya no lo es.
Mientras que la libertad se centra en la ausencia de limitaciones externas, la autonomía va más allá al incluir la capacidad interna de autogobierno y elección. Actualmente ninguno de estos dos conceptos me ofrece un equilibrio, sino intereses de las dos partes (UAS – Gobierno). Uno, mantener el poder, dos, cambiar de manos.
La estrategia de una y otra parte genera la excusa perfecta para alzar la bandera de la corrección política y ocultar la defensa de privilegios de coto cerrado detrás de la consigna “defensa de la universidad pública”. Mientras, la universidad sinaloense queda atrapada en un “status quo” que no la beneficia.
Estos dos términos o conceptos exacerban los intereses personales más allá de una autonomía entre comillas, mientras la libertad solo tiene un objetivo, quitarle el poder a quien se ha aprovechado políticamente durante muchos años, y de paso, ese poder cambiar de manos y de ideología política.
Ninguna de las dos partes (UAS – Gobierno) me ofrecen un equilibrio libertario, ya que la máxima casa de estudios ha representado un botín político y económico para quienes se han aprovechado de esta “Alma Mater”.
Durante muchos años hemos tenido de forma indirecta a cargo de la (UAS) Sinaloa a un hombre, de manera innegable, de intereses, no de principios, pero tampoco los que luchan por la libertad ofrecen a los universitarios un punto medio en donde realmente sea una comunidad autónoma. Libertad para unos, autonomía para otros.
GOTITAS DE AGUA:
Este pleito político entre la (UAS – Gobierno) es reflexionar sobre el poder, las relaciones y las prácticas políticas en la máxima casa de estudios. Se parte de una serie de preguntas que surgen cuando se plantea estudiar la política y el poder en este modelo de universidad: ¿cuáles son las prácticas políticas que subyacen al poder universitario?, ¿cuáles son las relaciones políticas que existen entre el rectorado y la comunidad universitaria que permiten mantener la estructura del poder en la universidad?, ¿cuáles son las posturas políticas de los actores universitarios que han permitido la estabilidad institucional? Como puede verse, se trata de un conjunto de preguntas que cubre un amplio espectro. Si bien en este artículo no responderemos puntualmente a cada una, nos servirán como guía para indagar y argumentar sobre los temas que hacen referencia a la política en la universidad pública sinaloense. Esto apenas comienza. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos Mañana, si nuestra salud lo permite”…
