Incluso, destacaron lo costoso que sería el nuevo proyecto, ante las implicaciones técnicas que requieren para mantener bajo un buen resguar...
Incluso, destacaron lo costoso que sería el nuevo proyecto, ante las implicaciones técnicas que requieren para mantener bajo un buen resguardo los datos personales
Ante la posible violación a la privacidad de datos personales, representantes de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y de empresas de telefonía celular se pronunciaron en contra de la propuesta aprobada por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, para crear un padrón de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos, bajo el argumento de que se reducirá la comisión de delitos.
Incluso, destacaron lo costoso que sería el nuevo proyecto, ante las implicaciones técnicas que requieren para mantener bajo un buen resguardo los datos personales y la identificación de los usuarios.
Al respecto, Ana de Saracho, representante de la Canieti, afirmó que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no reducirá el delito de extorsión y los usuarios están en contra de proporcionar sus datos biométricos, incluso, destacó que los delincuentes podrán utilizar las líneas de alguien más.
“No está comprobado que establecer un padrón o registro de usuarios reduzca el delito de extorsión. (…) Podemos ver aumento en otros delitos y, específicamente donde nosotros los vemos es en la posibilidad de tener un mayor delito de robo de celulares, de suplantación de identidad y en secuestro exprés”, alertó.
Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), declaró que la iniciativa tiene visos de inconstitucionalidad, porque posee elementos excluyentes, al poner en riesgo el dinamismo y la contratación para acceder a medios de comunicación y la adopción de un esquema “complejo” y con requisitos de difícil cumplimiento para un sector de la población.
Argumento que respaldó Sostenés Díaz, comisionado del Ifetel, quien resaltó los inconvenientes de confeccionar un padrón con datos biométricos y el alto costo que tendría para el instituto administrarlo.
“Es extremadamente costosa su implementación, es decir, tiene que haber una integración de toda la capilaridad de comercialización de equipos de telefonía móvil en todo el país por parte de todos los concesionarios y por parte de todas las modalidades contratación como operadores móviles virtuales, lo cual es costoso. También es costoso por parte del instituto administrar esta base de datos”.
Ante ello, Gabriel Székely, director general de Anatel, resaltó que existe una propuesta alternativa al proyecto de Morena, cuya metodología ya está acordada con la Secretaria de Seguridad Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Consejería Jurídica de Presidencia, entre otras dependencias y que permitirá quitar de circulación los teléfonos que están siendo usados para cometer delitos.
“La gran ventaja de esta metodología, ya acordada, es que tiene un blanco concreto hacia, de dónde provienen los delitos y no meternos en un sistema que llevará una década construir, con millones de dólares involucrados para poder contar con el registro biométrico y, en donde insistimos como lo hemos hecho, no hay garantía de que va a funcionar”, destacó.
No obstante, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), pidió al Senado dar su aval a esta minuta para ponerle freno a la operación criminal con el uso de sistemas de prepago que no tienen control.
El funcionario recordó que es el sistema de prepago al que recurren los delincuentes para cometer sus fechorías, porque así pueden operar en el total anonimato.
“Para nosotros si es fundamental que se pueda aprobar la minuta en sus términos. (…) Qué buscamos, que al igual que los sistemas de pago fijo pues también que haya un control, que también haya un registro, que también sepamos quién es la persona que está atrás de ese número (…) Consideramos que es fundamental poner un freno a la operación criminal a través de estos sistema de telefonía que no tienen ningún control”.
Mientras que, Ignacio Hernández Orduña titular de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la SSC, afirmó que la minuta no viola la presunción de inocencia del titular de la línea telefónica, ni tampoco se quebranta la privacidad de los datos personales.
