De las 64 lenguas indígenas existentes en el país, 31 están en serio riesgo de desaparecer. Las causas son múltiples y van desde el difícil,...
De las 64 lenguas indígenas existentes en el país, 31 están en serio riesgo de desaparecer. Las causas son múltiples y van desde el difícil, y veces imposible acceso a las comunidades por falta de caminos, hasta la integración de planes de estudios incluyentes y mentores capacitados.
La senadora Xóchilt Gálvez Ruiz, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas advirtió que urge fortalecer las políticas públicas que atienden a las diversas etnias del país, pues de 2018 a la fecha se ha registrado una sensible reducción del presupuesto destinado al rescate de las lenguas originales, mismo que a la fecha asciende a sólo 66 millones de pesos.
Durante una reunión de trabajo entre los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República -que preside la senadora Leonor Noyola- con diversos funcionarios federales del ramo, se enfatizó que, si bien se han creado instancias de apoyo para el desarrollo de nuestras etnias, como la nueva Ley Nacional de Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, los recursos no fluyen como es deseado.
Tan es así que el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adolfo Regino Montes, urgió a la necesaria coordinación entre el Poder Legislativo y Ejecutivo para dar celeridad a las demandas de poco más de 16 millones de mexicanos, que hasta ahora sólo han sido considerados en el discurso y no en los hechos.
El funcionario federal explicó, a respuesta de los cuestionamientos de los legisladores, que se trabaja en cuatro líneas de acción, incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, dado a conocer recientemente por el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, que se centran en dotación de infraestructura, educación, fomento a la producción y un amplio programa de respeto a los derechos indígenas.
Ante los integrantes de la Cámara Alta, Regino Montes explicó que el programa más importante se desarrolló en Oaxaca, donde se ubican 560 municipios, de los cuales 200 son indígenas, y presentan un alto nivel de marginación. Así, se han construido 50 caminos de acceso a diversas cabeceras que concentran el mayor número de habitantes.
El titular del INPI enfatizó que se debe trabajar más para que la población indígena sea sujeta de derecho público, en el reconocimiento de su patrimonio cultural y la propiedad intelectual. Debemos –dijo—reconocerlos en la Constitución, más allá del discurso oficial.
La senadora Gálvez, de la bancada de Acción Nacional e integrante de la citada comisión, inquirió al funcionario al hacerle ver que no hay recursos en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para la construcción de caminos y conectar a las poblaciones indígenas, a lo que el funcionario reconoció:
“Tenemos 2 mil 300 municipios, pero los que se ubican en Oaxaca son los que tienen mayor nivel de marginación, además de que hay diversos grados de organización en sus comunidades. De esta manera, el Programa de Infraestructura Indígenas se abocará a ellos. Pero ciertamente, a lo largo de anteriores administraciones se privilegiaron los negocios y se dejó en el olvido a las poblaciones indígenas. En 2016, el gobierno en turno recortó en un 54 por ciento dicho programa”.
En su oportunidad Juan Gregorio Regino, director del Instituto de Lenguas Indígenas se pronunció por dejar atrás políticas segracionistas, y se manifestó por la necesidad de difundir, divulgar y expandir la riqueza de las lenguas originales. Reconoció, sin embargo, que no hay dinero ni infraestructura.
Advirtió entonces que dicha situación pone en riesgo de desaparecer a 31 lenguas maternas de las 64 existentes en el país. Señaló la necesidad de negociar con los gobiernos estatales los apoyos necesarios, ya que “nuestro presupuesto para el rescate de nuestras lenguas es risible”. Pidió a los legisladores ayuda para gestionar los recursos necesarios para los diversos programas.
Rosalina Garza, subsecretaria de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública se pronunció por la gestión de más y mejores capacidades educativas para las comunidades indígenas.
