Además solicitaron realizar las gestiones correspondientes para que se amplíe el periodo de subsidio a ocho meses. La Diputación P...
Además solicitaron realizar las gestiones correspondientes para que se amplíe el periodo de subsidio a ocho meses.
La Diputación Permanente se pronunció por la aplicación de la tarifa 1F para los 18 municipios de Sinaloa y ampliar el periodo de subsidio a ocho meses en lugar de seis.
Lo anterior, al aprobarse un Punto de Acuerdo presentado por la diputada Irma Tirado Sandoval (PRI), con el que se exhorta al Ejecutivo del Estado gestionar ante las Secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal y la Comisión Federal de Electricidad.
La legisladora, señaló que en la entidad se aplican tres tipos de tarifas por parte de la Comisión Federal de Electricidad, siendo la 1F la que recibe el subsidio más alto, por lo que las diversas condiciones climatológicas que se presentan en la entidad “por justicia social”, debe de aplicarse ese tipo de cobro en todo Sinaloa.
Dijo que el impacto climático, obliga a una reconsideración para ampliar la puesta en efecto de la también llamada “tarifa de verano” de un periodo de seis a ocho meses, debido a las altas temperaturas que se padecen.
Por su parte, el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño (PAS), quien se sumó la llamado, indicó que las temperaturas cada año se elevan en épocas más tempranas, alterando los ciclos naturales, consideró que “en Sinaloa tener un aire acondicionado no es un lujo, es una gran necesidad”, sin embargo para miles de sinaloenses es imposible poder pagar un aparato de esa naturaleza y el incremento en la tarifa eléctrica que su uso ocasionaría.
Del mismo modo, consideró pertinente que se realicen las gestiones necesarias para que la tarifa 1F sea autorizada por las autoridades federales como permanente en la entidad y así el dinero que se tiene presupuestado para el pago del subsidio correspondiente, sea utilizado en otras necesidades y apoyos sociales como los uniformes y útiles escolares.
Por otra parte, durante la sesión se le dio primera lectura a la propuesta del Ejecutivo del Estado de dos ternas para nombrar magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, para sustituir a la magistrada Lucila Ayala de Moreschi y el magistrado Gilberto Plata Cervantes, quienes concluyen el próximo 7 de abril el periodo de seis años para el que fueron electos.
De acuerdo al documento, la primera terna se encuentra integrada por Héctor Samuel Torres Ulloa, Edna Liyian Aguilar Olguín y Andreyeb Terrazas Sánchez, mientras que la segunda terna la conforman Hugo Arturo Gamboa de la Cruz, Bismarck Alexandro Terrazas Osorio y Jesús Iván Chávez Rangel, por lo que el documento se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su estudio, análisis y procedencia.
Posteriormente, los diputados conocieron la iniciativa del Ejecutivo del Estado, en la que propone derogar la fracción XIII del artículo 60 de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, con el objetivo de impedir se incurra en la emisión de actos administrativos, por parte de las autoridades de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y de sus municipios, tendientes a otorgar o negar autorizaciones de impacto ambiental para la construcción o instalación de estaciones de servicios, y evitar así la invasión de la esfera competencial de la Federación.
Toda vez que de acuerdo a la “reforma energética” es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, quien tiene la facultad como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión, el otorgar las autorizaciones de riesgo e impacto ambiental del sector de hidrocarburos.
Mientras que el texto vigente en la entidad y que se pretende derogar, establece que “a consideración de cada municipio, solicitarán previamente al inicio de la construcción de una estación de servicio, manejo, distribución y comercialización de combustibles líquidos y gaseosos, la autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, cuando ésta no sea competencia de la federación…”.
De manera complementaria a la iniciativa anterior, se conoció la iniciativa del Ejecutivo del Estado, que propone adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, en la cual hace mención que en 2013 se publicaron las adiciones al artículo 105 Bis de la citada ley, en el cual se estipularon diversos supuestos para la ubicación de estaciones de servicios denominadas gasolinerías; entre esos supuestos, la reforma estableció la condicionante de considerar distancias mínimas para la construcción de una nueva estación de servicios, respecto de una ya instalada; para ello, en la exposición de motivos de la iniciativa se argumentó que la restricción de distancias mínimas tenía como propósito de garantizar la seguridad de la soc8iedad, así como la prevención de cualquier siniestro ambiental o social”.
También se propone derogar las fracciones II, III, IV, del artículo 105 Bis, así como también las VII, VIII, XII, todas ellas que tienen que ver con la distancia que debe existir entre una estación tanto en la zona urbana como rural, y que el ejecutivo pide sean derogadas.
Asimismo, se dio trámite a la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, en la que solicita autorización para celebrar contrato de donación a favor del Poder Judicial de la Federación de un terreno con superficie de 14,369.555 metros cuadrados, ubicado en el municipio de Culiacán, mismo que “por sus características, principalmente de ubicación y tamaño, resulta idóneo para la construcción y operación de un Centro de Justicia Penal del Poder Judicial de la Federación”, el cual es necesario para el adecuado funcionamiento del “novedoso modelo procesal”, la propuesta fue turnada para su segunda lectura.
Por otra parte, la Diputación Permanente conoció la iniciativa del diputado Zenén Aarón Xóchihua Enciso (PAN), en la que propone una Ley de Vivienda para el Estado de Sinaloa, que entre otros objetivos, este proyecto de ley tiene el de fomentar la producción y autoproducción de vivienda, en situación de vulnerabilidad, o de cooperativistas y trabajadores no afiliados a algún régimen de vivienda, así como a personas con discapacidad.
También el de regular las políticas, programas, atribuciones y acciones de las autoridades competentes en materia de suelo para vivienda; establecer sistemas, órganos, instrumentos y estímulos a la producción, adquisición, ampliación, mejoramiento y distribución de vivienda; fijar las bases para la coordinación, concertación y colaboración entre los distintos sectores en estas materias; regular la calidad y sustentabilidad de la vivienda; fomentar, propiciar e impulsar la participación de los sectores social y privado en la adquisición y urbanización de suelo y en la producción y uso de vivienda, en todos sus tipos y modalidades; establecer los criterios de protección, promoción y atención prioritaria de vivienda para la población de más bajos ingresos, de conformidad con la normatividad aplicable.
Documento que señala la observancia obligatoria para las instituciones públicas del estado de Sinaloa, y que deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social, de manera que todas las familias puedan ejercer su derecho constitucional a la vivienda, sin importar el origen étnico o nacional, género, salud, religión, opiniones, preferencias o el estado civil de sus miembros.
Políticas y programas así como los instrumentos y apoyos a la vivienda a que se refiere este ordenamiento, se regirán, además, por los principios de respeto a la legalidad y protección jurídica a la legítima tenencia; así mismo, buscarán desincentivas la inversión de predios y el crecimiento irregular de las ciudades y zonas rurales.
Otra iniciativa que recibió primera lectura, fue la presentada por los diputados del Partido Sinaloense, en la que propone que el Congreso del Estado presente ante el Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma al artículo 41, fracción II, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 51, inciso A) fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, con el objetivo de disminuir más del 50 por ciento del financiamiento público que les corresponde a los partidos políticos y con lo que se estarían ahorrando alrededor de 3 mil millones de pesos.
En otro tema, se le dio primera lectura a la iniciativa presenta por el diputado Juan Pablo Yamuni Robles (PAN), para que se adicione un tercer párrafo al artículo primero transitorio de la Ley de Profesiones para el Estado de Sinaloa, con el objetivo de ampliar el plazo para los profesionistas que se han venido desempeñan como peritos por un plazo mayor o igual a siete años, para que puedan contar con su título y cédula profesional.
En el documento se indica que no se debe de ser excluyente y discriminatorio en las leyes, por lo que si bien se había fijado un plazo para que todo aquel profesionista que se haya desempeñado como perito y que no cuente con el título y cédula profesional en la ciencia, arte, materia o industria sobre el que verse el peritaje, no podrá seguir ejerciendo la función de perito después del día 30 de mayo del presente año, considera necesario que se realice una ampliación en el plazo de dos años posteriores a la iniciación de la vigencia que establecida.
Más adelante, se le dio lectura a la iniciativa presentada por el diputado Misael Sánchez Sánchez (PVEM), que propone la creación de la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado Agencia de Energía del Estado de Sinaloa, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objetivo impulsar, fomentar, coordinar y coadyuvar en el desarrollo de las acciones públicas y privadas relacionadas con la generación y el uso eficiente de la energía en el estado, coordinando el desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del estado, en colaboración con diversas entidades públicas y privadas.
Además, contribuir al desarrollo y divulgación de información técnica en la materia; promover el desarrollo tecnológico local y regional bajo en carbono, en el corto, mediano y largo plazo; colaborar en la vinculación entre los agentes claves del sector energético; generar, así como atraer inversión ´pública y privada, nacional e internacional en proyectos energéticos; desarrollar información técnica para la planeación energética; formular y actualizar la política y estrategia energética estatal, entre otras.
Esta Agencia deberá estar conformada por un Consejo Directivo, como el órgano auxiliar de consulta de la Agencia; un Director, la Junta de Gobierno y su propio marco jurídico.
Otra de las iniciativas conocidas por la Diputación Permanente, fue la presentada por los diputados del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, la cual propone se reforme el párrafo primero del artículo 14, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con el objetivo de que se incluyan en el texto las candidaturas comunes, y de esta manera “se mejore la competencia política en el estado, ya que consideramos que con ella se genera estabilidad en la base electoral de los Partidos Políticos que se unan y su permanencia de ser favorecidos por el voto ciudadano”.
La reforma planteada dice así:
“Artículo 14. Las elecciones de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos, se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Se resolverán a mayoría de sufragios y conforme al principio de representación proporcional, pudiendo optar por contender los partidos políticos en Candidatura Común. Todo lo anterior con sujeción a las disposiciones de la Ley Reglamentaria correspondiente”.
Finalmente, se clausuró la sesión de la Diputación Permanente, y se citó la Pleno de la LXII Legislatura para el próximo sábado 01 de abril a las 11:00 horas a fin de abrir el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura.
