México, DF.- La Comisión Económica para América Latina (Cepal) informó que de 2002 a 2010 el índice de indigencia en México aumentó en casi...
 México, DF.- La Comisión Económica para América Latina (Cepal) informó que de 2002 a 2010 el índice de indigencia en México aumentó en casi un punto porcentual al pasar de 12.6 a 13.3%, lo que colocó al país en la posición número 10, por debajo de Panamá, Venezuela, Colombia y Perú. De acuerdo con el informe "Panorama Social de América Latina 2012", hace 10 años el índice de indigencia de la Cepal colocaba a México en el lugar cuatro de 18, sólo por debajo de Uruguay, Chile y Costa Rica, pero en 2010 bajó hasta la décima posición. En contraste, añadió, 17 países evaluados reportaron una baja en la indigencia en el periodo que abarca del 2002 al 2010. De acuerdo con la Cepal, la pobreza de América Latina en 2011 se situó en 29.4%, lo que incluye a 11.5% de personas en condiciones de pobreza extrema o indigencia. Esto, añadió, representa una caída de 1.6% en la pobreza y de 0.6% en la indigencia respecto de 2010. Por separado, Amnistía Internacional (AI) consideró que la pobreza es una de las mayores crisis de derechos humanos que sufre México, toda vez que millones de personas viven en esa situación como consecuencia de la violación de derechos como el agua, la alimentación, la educación, la vivienda o el acceso a servicios de salud adecuados. "Tras las alarmantes cifras de pobreza en México se encuentra la difícil situación de personas a las que el Estado ha fallado. La falta de acciones adecuadas condena a millones de familias mexicanas a vivir en medio de una crisis que podría ser evitada" afirmó Daniel Zapico, representante de AI en el país. Añadió: "México hoy enfrenta varias crisis de derechos humanos, pero la pobreza es la más extendida por el número de personas que se ven directamente afectadas". Zapico hizo un llamado a las autoridades federales a tomar medidas concretas para garantizar que las políticas de combate contra la pobreza del nuevo gobierno incluyan de forma efectiva un enfoque de derechos humanos, asumiendo así la obligación de las autoridades de garantizarlos y rendir cuentas por su violación. También instó al gobierno federal a firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece un mecanismo internacional que permite a las personas cuyos derechos no son respetados y cuyas demandas no son atendidas, denunciar esos abusos. |
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