Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “En las profundidades del invierno finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invenc...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“En las
profundidades del invierno finalmente aprendí que en mi interior habitaba un
verano invencible” , Albert Camus (1913-1960) Escritor francés.
A LA CABEZA
La iniciativa
presentada por el diputado federal Ricardo Madrid, del Partido Verde Ecologista
de México, para reformar el artículo 123 constitucional y endurecer las
restricciones al trabajo de menores de edad, coloca un tema incómodo pero
necesario en el centro del debate público: hasta dónde debe llegar el Estado
para proteger a la niñez y hasta dónde su intervención puede chocar con la
realidad social del país.
Madrid no opta
por el camino fácil. Elevar de 16 a 18 años la prohibición para trabajos
peligrosos, insalubres o nocturnos no es una propuesta cosmética, sino una
postura política clara que busca alinear la legislación mexicana con estándares
internacionales de protección infantil. En el discurso, la iniciativa es
difícil de refutar. Nadie podría defender que niñas y niños sigan expuestos a
jornadas extenuantes, riesgos físicos o entornos que comprometan su desarrollo
integral.
Sin embargo, la
propuesta del legislador verde también exhibe las tensiones entre el ideal
normativo y la realidad económica del país. En vastas regiones de México, el
trabajo infantil no surge por lagunas legales, sino por carencias
estructurales: pobreza, informalidad laboral, falta de oportunidades educativas
y un Estado que no siempre llega a tiempo. En ese contexto, la reforma
constitucional corre el riesgo de convertirse en una respuesta jurídica a un
problema social más profundo.
Uno de los
puntos más delicados de la iniciativa es la exigencia de haber concluido la
educación obligatoria —hasta el nivel medio superior— como condición para que
un menor pueda trabajar legalmente. La intención es clara: evitar la deserción
escolar. No obstante, la rigidez de este requisito podría empujar a miles de
adolescentes a la economía informal, donde ni el registro nacional propuesto ni
las inspecciones laborales tendrían alcance alguno. La ley, en ese escenario,
terminaría regulando solo a quienes ya cumplen, dejando fuera a los más
vulnerables.
El planteamiento
de crear un Registro Nacional de Adolescentes Trabajadores revela una visión
más técnica y operativa del problema. De implementarse correctamente, podría
convertirse en una herramienta útil para la supervisión y la protección de
derechos. Pero también plantea un desafío mayúsculo: la capacidad institucional
para administrarlo, actualizarlo y hacerlo efectivo en un país donde la
inspección laboral sigue siendo limitada y desigual.
En términos
políticos, Ricardo Madrid se posiciona como un legislador que busca construir
identidad desde causas socialmente incuestionables. El combate al trabajo
infantil no solo es una obligación ética, también es una bandera que genera
consenso. El reto para el diputado no estará en defender la iniciativa en
tribuna, sino en demostrar que su propuesta no se queda en el terreno del
simbolismo legislativo.
Porque al final,
prohibir es relativamente sencillo. Lo verdaderamente complejo es garantizar
que cada niña y cada niño tengan condiciones reales para estudiar,
desarrollarse y vivir sin que el trabajo sea una imposición temprana. Ahí es
donde la iniciativa de Ricardo Madrid deberá probar si es un paso firme hacia
una política pública integral o solo una buena intención bien redactada.
MAS MEZCLA ‘MAISTRO’
La confirmación
de una nueva auditoría forense al municipio de Ahome por parte de la Auditoría
Superior del Estado no es un hecho menor ni un trámite administrativo más. Se
trata de una decisión que vuelve a colocar en el centro del debate público la
gestión de Gerardo Vargas Landeros y, sobre todo, la manera en que se
ejercieron recursos públicos durante su primer trienio como alcalde.
Que esta
revisión derive de una denuncia formal y esté incorporada al Programa Anual de
Auditorías 2026 revela dos cosas: que las observaciones no fueron marginales y
que, para el órgano fiscalizador, las explicaciones ofrecidas hasta ahora
resultaron insuficientes. Cuando se habla de una auditoría forense, el mensaje
es claro: no se trata de simples inconsistencias contables, sino de posibles
esquemas de uso irregular de recursos que requieren un análisis profundo y
especializado.
El foco de la
investigación —los recursos destinados a servicios de limpieza urbana— resulta
particularmente sensible. Camellones, parques y panteones son rubros visibles
para la ciudadanía, pero también históricamente vulnerables a la opacidad,
precisamente porque se prestan a contratos difíciles de verificar en campo. La
ausencia de documentación que acredite el destino de esos recursos no solo
compromete a la administración que los ejerció, sino que erosiona la confianza
pública en el manejo cotidiano del presupuesto municipal.
El periodo bajo
revisión, de 2021 a 2023, no es casual. Corresponde a la etapa en la que Vargas
Landeros consolidó su control político sobre el Ayuntamiento de Ahome y tomó
decisiones clave en materia de contratación y gasto. Hoy, esa etapa vuelve a
revisarse no desde el discurso político, sino desde la lupa técnica de la
fiscalización.
Este nuevo
episodio se suma a un contexto ya complejo para el exalcalde. La reciente
auditoría forense a Japama por el arrendamiento irregular de 42 vehículos, con
un presunto daño patrimonial superior a los 31 millones de pesos, dejó claro
que las irregularidades no eran hechos aislados, sino parte de una forma de
administrar que hoy está siendo cuestionada de manera sistemática. Cuando las
auditorías forenses se acumulan, la narrativa de errores administrativos pierde
fuerza.
En el plano
judicial, el panorama para Vargas Landeros se vuelve cada vez más estrecho.
Tres procesos en curso, montos que superan los 200 millones de pesos y ahora
una nueva revisión que podría derivar en responsabilidades adicionales
configuran un escenario que trasciende lo político y entra de lleno en el
terreno legal. La posibilidad de que esta auditoría derive en un nuevo
expediente judicial no es una especulación, es una consecuencia prevista en la
propia ley.
Más allá de
nombres y cargos, el caso Ahome pone sobre la mesa un tema de fondo: la
fragilidad de los controles internos en los municipios y la necesidad de que la
fiscalización no sea selectiva ni tardía. La Auditoría Superior del Estado
envía un mensaje contundente: el paso del tiempo no borra las responsabilidades
y el cambio de administración no extingue las cuentas pendientes.
Para Gerardo
Vargas Landeros, esta auditoría forense no solo revisa cifras y contratos;
revisa su legado político. Y en política, pocas cosas pesan más que dejar una
administración marcada por la sospecha. El desenlace de este proceso no solo
definirá responsabilidades legales, sino también el lugar que ocupará su nombre
en la historia reciente de Ahome.
GESTIONES
La reunión de
Estrella Palacios Domínguez con la alta dirección de Conagua en la Ciudad de
México confirma una línea de acción clara: la alcaldesa busca posicionar a
Mazatlán en la agenda federal de infraestructura hidráulica antes de que el
crecimiento urbano vuelva a rebasar la capacidad de los servicios básicos. No
es un movimiento menor ni protocolario; es una gestión preventiva en un rubro
históricamente rezagado.
El énfasis en la
ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales revela una lectura
correcta del problema: el saneamiento ya no es solo un tema técnico, sino
ambiental, turístico y de salud pública. Para una ciudad con vocación turística
y expansión acelerada, no atender este frente implica riesgos económicos y
sociales a mediano plazo.
Políticamente,
Palacios Domínguez refuerza un perfil de alcaldesa gestora, dispuesta a tocar
puertas en el ámbito federal y a articular proyectos con financiamiento mixto,
como ya ocurrió con las obras de drenaje iniciadas en enero bajo el esquema
Prodder. La clave estará en traducir estas reuniones en recursos concretos y
obras ejecutadas, porque en materia hidráulica, los anuncios pesan menos que
los resultados.
RETOS
La comparecencia
de Omar López Campos ante el Congreso de Sinaloa muestra una Secretaría de
Bienestar que apuesta por el volumen de cifras y la alineación política con la
Cuarta Transformación como eje central de su narrativa. Los datos presentados
—reducción de la pobreza, universalización de la pensión para personas con
discapacidad e inversiones millonarias en infraestructura social— buscan
proyectar una administración con resultados medibles y enfoque social.
Sin embargo, el
reto para Sebides no está solo en el número de beneficiarios o montos
ejercidos, sino en la sostenibilidad y evaluación de impacto de estas
políticas. Programas como la atención a desplazados, la entrega masiva de
escrituras o las acciones en pueblos originarios requieren seguimiento
permanente para evitar que se queden en intervenciones asistenciales y logren
una verdadera integración social y productiva.
En términos
políticos, López Campos refuerza la narrativa de continuidad del proyecto de
Rubén Rocha Moya y consolida a Sebides como una de las dependencias con mayor
peso social del gabinete. La expectativa ahora recae en que los avances
reportados se traduzcan en mejoras tangibles y duraderas para las comunidades
más vulnerables del estado.
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