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  Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Las grandes verdades no suelen decirse hablando”, María Zambrano (1904-1991) Filósofa y ensayis...

 


Entre Veredas

Marco Antonio Lizárraga

“Las grandes verdades no suelen decirse hablando”, María Zambrano (1904-1991) Filósofa y ensayista española.

ESTRATEGIAS

Sinaloa vuelve a colocarse en el radar nacional de la seguridad. La presencia del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de los titulares del gabinete de seguridad federal en la entidad este lunes 18 de agosto, no es un hecho menor: refleja una estrategia en la que la federación ha puesto especial atención y que, al mismo tiempo, genera expectativas altas entre la población.

Esta será la tercera visita de los responsables de la seguridad nacional en menos de dos meses, luego de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de que cada dos semanas el gabinete acuda a Sinaloa para evaluar las condiciones de seguridad.

Con ello se busca no solo dar seguimiento a la coordinación operativa, sino también enviar un mensaje político claro: el estado no está solo en la atención de sus desafíos.

Dentro de la agenda destacan dos acciones concretas. Por un lado, la entrega de patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, un recurso previamente comprometido y necesario para fortalecer los operativos en el territorio.

Por otro, la firma de un convenio entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno de Sinaloa, que abre un nuevo marco de cooperación institucional para capacitar los elementos estatales.

Ambos hechos pueden leerse como señales de respaldo y compromiso, pero también plantean interrogantes sobre su impacto real a mediano y largo plazo.

La seguridad no se resuelve únicamente con equipamiento o convenios, pero es un paso importante para mostrar la razón de buscar pacificar Sinaloa.

Además, lo que está en juego es la capacidad de las instituciones para generar resultados visibles en la vida diaria de los ciudadanos: reducir la violencia, recuperar espacios públicos y consolidar la confianza en las corporaciones policiacas.

La experiencia reciente en Sinaloa muestra que la coordinación entre federación y estado ha sido un factor indispensable para atender situaciones críticas. Sin embargo, los problemas estructurales como la presencia de grupos delictivos, la impunidad y la debilidad de los cuerpos policiales locales requieren soluciones de fondo que no se resuelven con giras ni con entregas simbólicas. La expectativa ciudadana va más allá de la foto oficial: exige resultados tangibles que se traduzcan en mayor tranquilidad en colonias, carreteras y comunidades.

Sinaloa, como otros estados del país, enfrenta un reto permanente: equilibrar la percepción de seguridad con la realidad de los hechos. Por ello, la pregunta que queda abierta es si esta estrategia de visitas periódicas será suficiente para modificar las condiciones estructurales o si solo servirá como un recordatorio de que el problema está bajo la mirada nacional.

Lo cierto es que hoy las autoridades federales y estatales tienen la oportunidad de demostrar que el compromiso va más allá del discurso. El tiempo y los resultados dirán si las visitas del gabinete de seguridad se convierten en un verdadero punto de inflexión para la seguridad en Sinaloa.

INCLUSIÓN

La discusión sobre la inclusión del término “gobernadora” en la Constitución de Sinaloa va más allá de una simple modificación semántica.

Lo que planteó la senadora de Morena, Imelda Castro Castro, es un recordatorio de que el Congreso local no tiene margen de discrecionalidad en este tema: se trata de una obligación legal derivada de la armonización con la Constitución federal, donde ya se incorporó el término “presidenta”.

El argumento de Castro es claro. Cuando el Senado y la Cámara de Diputados reformaron la Carta Magna para incorporar un lenguaje incluyente, los congresos estatales quedaron vinculados a replicar ese cambio en sus constituciones.

No hacerlo significaría mantener un desfase normativo y, en términos políticos, una resistencia injustificada a la evolución institucional del país.

Más allá de la carga simbólica que conlleva reconocer en el texto constitucional el término “gobernadora”, este debate expone la necesidad de que los congresos locales asuman con seriedad su papel de armonizadores legales.

La obligación no es solo de Sinaloa; es un proceso que deberá replicarse en cada entidad para evitar contradicciones entre las constituciones estatales y la federal.

El punto de fondo radica en que el lenguaje en las leyes refleja las transformaciones sociales y políticas.

Negarse a ello es enviar un mensaje equivocado sobre el papel de la mujer en la vida pública. La iniciativa presentada en el Congreso sinaloense, respaldada por Imelda Castro, es un paso que puede parecer menor en lo jurídico, pero que tiene un alto contenido simbólico y político en el contexto de la paridad de género.

El reto para el Legislativo local es no convertir esta armonización en un trámite más. Debe asumirse como parte de la construcción de un marco legal incluyente y actualizado, donde las mujeres encuentren un reflejo de su presencia y participación en la vida política.

Si a nivel federal se logró avanzar, no hay razón para que los estados se queden atrás.

El mensaje es claro: el Congreso de Sinaloa no está discutiendo si quiere o no hacerlo, está obligado a hacerlo. Y el costo político de retrasar una reforma de esta naturaleza no lo pagarán quienes ya legislaron en la federación, sino quienes en lo local decidan postergar lo que, tarde o temprano, será inevitable.

ENFOQUES

La reciente actualización de la alerta de viaje emitida por el Gobierno de los Estados Unidos sobre Sinaloa ha vuelto a colocar al estado y, particularmente, a Mazatlán, en la discusión sobre seguridad y percepción internacional.

La Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, reaccionó señalando que se trata de una opinión de las autoridades estadounidenses, pero destacó que Mazatlán mantiene condiciones para recibir turistas de todo el mundo, incluidos Canadá y México, subrayando la confianza en la tranquilidad del puerto.

El planteamiento de la alcaldesa refleja un doble objetivo político: reforzar la imagen de Mazatlán como destino seguro y, al mismo tiempo, reconocer implícitamente que la percepción de riesgo sigue siendo un desafío.

En términos prácticos, el mensaje busca sostener la actividad económica ligada al turismo, crucial para la ciudad, sin desconocer que las alertas internacionales influyen en la decisión de los visitantes.

Palacios Domínguez también destacó la coordinación con los gobiernos estatal y federal, mencionando los esfuerzos conjuntos con el gobernador Rubén Rocha Moya y la presidenta Claudia Sheinbaum, como elemento clave para garantizar paz y tranquilidad.

Este énfasis en la cooperación intergubernamental apunta a reforzar la narrativa de que la seguridad no es un tema aislado, sino un esfuerzo compartido entre los tres niveles de gobierno, un factor central para la estabilidad turística y económica.

No obstante, el análisis político va más allá de la declaración institucional. La alerta estadounidense evidencia que, pese a los avances en operativos y coordinación, la percepción de riesgo todavía pesa en la reputación de Sinaloa.

Mantener la confianza de turistas nacionales e internacionales exige no solo comunicados y promoción, sino resultados concretos en la seguridad de los ejes carreteros, espacios públicos y zonas de mayor afluencia.

En este contexto, la gestión de la imagen y la seguridad se vuelven inseparables. Las autoridades locales y estatales enfrentan el reto de demostrar que la tranquilidad de Mazatlán no es únicamente un discurso, sino una realidad palpable que se refleja en cifras, operativos y experiencias positivas de los visitantes.

La alerta internacional funciona, entonces, como un termómetro de percepción que obliga a los gobiernos a mantener un trabajo constante y visible en la materia.

Mazatlán se encuentra en la encrucijada de sostener su atractivo turístico mientras enfrenta desafíos estructurales de seguridad.

 La coordinación de los tres niveles de gobierno es indispensable, pero el verdadero resultado se medirá en la confianza que logren transmitir a quienes decidan visitar el puerto, más allá de las advertencias y la opinión externa.

 

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