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Culiacán, Sinaloa.- La Diputación Permanente del Congreso del Estado dio lectura a cinco iniciativas que proponen reformas, adiciones y derogaciones diversas a la Constitución Política de Sinaloa, todas las cuales fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su correspondiente dictaminación.
En la Sesión de este martes se leyeron las siguientes iniciativas:
*Iniciativa del Grupo Parlamentario del PAS de la anterior Legislatura y la ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñónez, que propone reformas y adiciones diversas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia del Poder Judicial.
El objetivo es que los Magistrados Propietarios y Suplentes del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, sean electos por la ciudadanía sinaloense mediante el voto libre, directo y secreto.
Esta elección se realizará mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Se resolverán a mayoría de sufragios y en su caso, conforme al principio de representación proporcional, con sujeción a las disposiciones de la Ley Reglamentaria correspondiente.
Se propone que en los procesos electorales en que se verifique la elección para la Gubernatura del Estado, la duración de las campañas será de sesenta días. En aquellos procesos en que únicamente se elijan las Diputaciones al Congreso del Estado y Presidencias Municipales, Sindicaturas de Procuración y Regidurías de los Ayuntamientos, las campañas durarán treinta y cinco días; y en el caso de los Magistrados y Magistradas, durarán treinta días. En cualquier caso, las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.
*El diputado Serapio Vargas Ramírez, de Morena, es autor de dos de las iniciativas leídas, en las que propone reformas y adiciones diversas a la Constitución Política local.
Propone que las personas titulares de las Magistraturas Propietarias del Supremo Tribunal de Justicia serán electas mediante el voto popular cada doce años previa selección elaborada por el Congreso del Estado, de propuestas que reciba de la ciudadanía a través de las escuelas y facultades relacionadas con el estudio del Derecho, colegios de abogados y de organizaciones no gubernamentales.
También propone que en el proceso de elección se prohíba la realización de campañas, así como cualquier tipo de financiamiento público o privado. Los partidos políticos no podrán realizar actos de proselitismo a favor o en contra de persona propuesta alguna.
En lo que se refiere a las personas titulares de los Juzgados de Primera Instancia propone que sean electas por el voto popular conforme el procedimiento previsto en el artículo 94 de esta Constitución y durarán nueve años en el ejercicio de su encargo, pudiendo auto-proponerse para ser reelectas.
*Iniciativa del Grupo Parlamentario de la anterior Legislatura y las ciudadanas Jesús Angélica Díaz Quiñónez, Dulce Valeria Díaz Huicho y Micaela Rodríguez Gámez, que proponen reformas y adiciones diversas a la Constitución local en materia del Poder Judicial, con el objeto de que se dé participación a ciudadanos indígenas.
Proponen que el Supremo Tribunal de Justicia se integrará por once miembros que serán tanto Magistradas como Magistrados Propietarios, de las cuales una magistratura deberá ser asignada a un profesionista de descendencia indígena.
Para su conformación se observará el principio de paridad de género, y funcionará en Pleno o en Salas. Las Salas también deberán ser integradas bajo ese mismo principio y serán competentes para conocer de los recursos que procedan en contra de sentencias definitivas, así como de los demás asuntos que establezca la ley.
Para el caso de los Magistrados de Circuito se propone también considerar al menos a un Magistrado de Circuito Indígena, e igualmente si se trata de Distritos Judiciales en los que existan comunidades indígenas, que haya cuando menos un Juez de Primera Instancia de origen indígena, y se repite esta propuesta para jueces menores.
*Iniciativa del gobernador Rubén Rocha Moya, que propone armonizar la Constitución Política del Estado de Sinaloa con las reformas aprobada a la Constitución Política de México en materia del Poder Judicial.
