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Opinión Juan Alfonso Mejía En la elección de los jueces, magistrados y ministros en México, “el voto popular” resultó ser el último de los ...
Opinión
Juan Alfonso Mejía
En la elección de los jueces, magistrados y ministros en México, “el voto popular” resultó ser el último de los inconvenientes. A pesar de lo absurdo que es imaginar un Poder Judicial legitimado en las urnas y no en la imparcialidad e independencia de los jueces frente al poder, la naturaleza y la dinámica de la elección está pervertida de origen. Como institución, las elecciones en los regímenes democráticos cumplen con una doble funcionalidad: controlar los abusos de poder de los gobernantes hacia los gobernados y corregir sus propios errores en la toma de decisiones. Ninguna de estas dos funciones se cumple para el presente proceso.
Mucho se ha escrito sobre la vocación democrática, o no, de los gobiernos de Morena. Profundizar en los efectos de la elección permiten descubrir la intención del gobierno en turno y el rostro del régimen en consolidación y, con ello, la manera de convivir con él.
Lejos de garantizar certeza en el procedimiento e incertidumbre en el resultado – como en la democracia-, la elección de jueces, magistrados y ministros privilegia certeza en el resultado e incertidumbre en el procedimiento – como en cualquier autoritarismo-.Veamos.
En las democracias liberales, el principio de representación se basa en “una persona, un voto”. Para la elección de jueces y magistrados, dicho criterio es reemplazado por la rentabilidad de intereses particulares. No sólo el derecho al voto está alterado por el lugar donde vives - sólo 31 de 881 cargos serán votados por todos los electores – sino que, sólo en ciertos distritos judiciales electorales podrá votarse por temas de interés general; quienes decidan, una pequeña fracción de ciudadanos, no se verán necesariamenteafectados por las decisiones de quienes resulten electos.¿Alguna vez escuchó algo tan distante de la lógica democrática de una elección?
Tal es el caso de los juzgados de distrito y tribunales colegiados especializados en competencia económica y telecomunicaciones, concentrados en la resolución de operaciones corporativas de grandes empresas y concesiones de radio y televisión. Una industria que en 2024 representó29,600 millones de dólares, 1.6% del PIB, será resuelta por tres jueces con base en Ciudad de México.
Los distritos judiciales electorales tienen por objetivo “simplificar” la elección de jueces y magistrados; su demarcación territorial es consecuencia de agrupar distintos distritos electorales sin rebasar los 600 mil electores (a diferencia de los 350 mil de una elección “normal”).
¿Con qué criterio se asignaron los distritos judiciales y las competencias de las materias en cuestión? Se desconoce.¿Tiene algo que ver la base electoral del oficialismo con este criterio “azaroso”? Puede ser, en todo caso le da una amplísima ventaja a la hora de movilizar a su base electoral. No necesita más de 300 mil electores para dominar el destino de una industria.
Si a “las reglas a modo” le sumamos: primero, los conflictos de interés en la conformación de los comités de evaluación (particularmente del Poder Legislativo, con casos como el de Diana Barrera, esposa del diputado Gutiérrez Luna; Maday Merino, presidenta del Instituto de Transparencia de Tabasco en el Gobierno estatal de Adán Augusto; Maribel Concepción Méndez, propuesta en 2020 por López Obrador como magistrada del Tribunal Superior Agrario, entre otros); segundo, la adjudicación de facultades que no les correspondían al Senado al sortear en una tómbola la lista correspondiente al Poder Judicial ( el TEPJF suplantó al comité evaluador el 31 de enero); tercero, la suplantación de listas para integrar a las tres ministras de la SCJN en funciones e incorporarlas de manera extemporánea (las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz fueron excluidas de la primera lista que entregó el Senado al Instituto Nacional Electoral (INE) el 12 de febrero y suplantado días después), y otros tantos procedimientos que invitan a pensar en la nulidad de la elección, bajo condiciones auténticamente democráticas.Pero no es el caso, ¿o sí?
En su libro “Elecciones, pero no como las otras”, Guy Hermet distingue entre elecciones libres y justas, por un lado, y elecciones como mecanismo de control, por el otro. Mientras las primeras son a favor del ciudadano, las segundas son puestas en marcha por un régimen autoritario. El conflicto, en el primer caso, se dirime en las urnasmientras que, en el segundo, participar o no en la elección es un dilema con mucha mayor profundidad. Lo que está en juego es la legitimidad del régimen, no quién gana la elección.
Después de esta sana distinción, ¿Usted qué opina? ¿Se trata de “una elección más” o, hay en el fondo una farsa democrática?
Que así sea.
