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Culiacán, Sinaloa.- La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, Paola Gárate, señaló que a tres años del gobierno de Morena en Sinaloa, se confirma que no hay nada bueno que comunicar ante una ola de violencia que este lunes cumple 84 días en los que las y los sinaloenses, viven en un estado de alerta y de temor permanente.
Gárate Valenzuela dijo “estamos cansados de un gobierno, que no brinda la seguridad que las familias sinaloenses necesitamos y exigimos.
En conferencia de prensa “PRImero Infórmate”, la también diputada subrayó que “Morena no dice, lo oculta, ya que aumentaron a 225 mil los sinaloenses pobres sin acceso a los servicios de salud; que con su gobierno llegó a 820 mil los que padecen ese problema; que aumentaron a 17 mil los sinaloenses sin acceso a seguridad social; que con su gobierno llegó a 1 millón 208 mil los que padecen ese problema.
Agregó que "aumentaron a 8 mil los sinaloenses con carencias de calidad y espacios de vivienda y que con su gobierno llegó a 220 mil los que padecen ese problema”.
Asimismo, destacó que Morena, no contempla en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 a más de 20 millones de mexicanas y mexicanos con discapacidad para su plena inclusión.
“En México viven 20 millones de personas con una discapacidad, alguna limitación o condición mental; con las cuales tenemos una deuda histórica, sin embargo, es importante señalar que en los gobiernos del PRI se creó: el Fondo para el Transporte Público Accesible, el Programa para Inclusión y Equidad Educativa, el Programa para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad; el Programa de Coinversión Social para Apoyar a Organizaciones de y para Personas con Discapacidad; mismos que Morena ha ido eliminando”, puntualizó Paola Gárate.
La presidenta, hizo hincapié que a nivel nacional, el PRI continuará luchando por más apoyo desde la Cámara de Diputados y Senadores y a través de los Congresos Locales, a favor de millones de mexicanas y mexicanos que deben ser atendidos, apoyados e incluidos. Hoy las personas con discapacidad deben tener acceso a servicios de salud, educación, empleo y oportunidades de desarrollo y participación para no dejar a nadie atrás.
