Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Sepan que olvidar lo malo también es tener memoria”, José Hernández NECESIDADES El diputado l...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Sepan que
olvidar lo malo también es tener memoria”, José Hernández
NECESIDADES
El diputado
local Juan Carlos Patrón Rosales ha presentado tres propuestas clave para los
municipios de Mazatlán y Concordia, que buscan resolver problemas históricos de
infraestructura y fomentar el desarrollo económico y social.
Estas
propuestas, que abarcan desde la mejora de caminos rurales hasta la instalación
de servicios básicos en comunidades, reflejan una visión integral de justicia
social y progreso para la región.
Sin embargo, su
éxito dependerá de varios factores, entre ellos, la asignación de recursos y el
impacto real que puedan tener en las vidas de los habitantes.
Una de las
propuestas más destacadas es la construcción de la carretera
Miravalles-Tecomate de Siqueros, que promete mejorar la conectividad entre las
comunidades rurales de El Recodo y las comisarías de Mazatlán.
Con una
extensión de ocho kilómetros, esta carretera no solo facilitaría el acceso a
servicios médicos y a la cabecera municipal, sino que también impulsaría el
turismo rural y deportivo, en especial hacia la Presa Picachos.
Este proyecto
representa una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las
comunidades rurales, al reducir tiempos de desplazamiento y facilitar el acceso
a servicios esenciales.
Además, puede
convertirse en un motor económico para Mazatlán al fortalecer el turismo en
áreas menos exploradas, potenciando el ecoturismo y el deporte de aventura. No
obstante, la efectividad de este proyecto dependerá de la calidad de la obra y
la planificación para garantizar su mantenimiento a largo plazo.
La propuesta de
instalar una red de agua potable y drenaje para la colonia Manuel Soler en
Villa Unión responde a una necesidad urgente que ha sido un reclamo de la
comunidad durante casi una década.
Este proyecto no
solo aliviará las carencias de cientos de familias, sino que también mejorará
la calidad de vida de la población migrante de diversas partes del país, que ha
hecho de Villa Unión su hogar debido a su trabajo agrícola.
El proyecto
tiene un impacto social profundo, pues ofrecerá acceso a servicios básicos
esenciales, lo que contribuiría a la integración de los migrantes y su
bienestar en la comunidad.
La pregunta
clave aquí es si la implementación será lo suficientemente ágil como para
cumplir con una demanda que lleva años sin respuesta.
Además, la
gestión de los recursos será crucial para asegurar que la obra sea realizada de
manera eficiente y en un tiempo razonable.
El proyecto para
completar la pavimentación del camino a San Juan de Jacobo en Concordia, al
extenderse tres kilómetros más, es un claro ejemplo de cómo las obras de
infraestructura pueden mejorar la conectividad rural y, al mismo tiempo,
promover el ecoturismo.
Esta ruta no
solo beneficiaría a los habitantes de la zona, facilitando su acceso a
servicios y mercados, sino que también podría crear una nueva vía para los
turistas interesados en el ecoturismo y la belleza natural de la región.
La segunda etapa
del proyecto tiene un componente clave de diversificación económica, al
potencializar el ecoturismo.
Sin embargo, su
éxito dependerá de la capacidad de la región para atraer turistas y desarrollar
infraestructuras complementarias como hospedajes y actividades. Si bien la
pavimentación del camino es fundamental, la creación de una oferta turística
atractiva será crucial para convertir esta obra en un motor de desarrollo
regional.
Las propuestas
de Juan Carlos Patrón Rosales son una respuesta a demandas reales de las
comunidades de Mazatlán y Concordia, y su implementación podría mejorar
significativamente la calidad de vida de los habitantes, promover el desarrollo
económico y fortalecer la cohesión social.
No obstante, el
éxito de estos proyectos dependerá de la disponibilidad de recursos en el
presupuesto estatal, la eficiencia en su ejecución y la capacidad de
mantenerlos a largo plazo.
Es fundamental
que estos proyectos no solo sean aprobados, sino que sean gestionados de manera
efectiva, asegurando que los beneficios lleguen realmente a quienes más lo
necesitan.
NUEVO ENFOQUE
En un esfuerzo
por mejorar la seguridad pública y adaptarse a los retos de la era digital, la
presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del
Estado, Teresa Guerra Ochoa, ha anunciado la propuesta para la creación de una
Policía Cibernética en Sinaloa.
Este proyecto,
que cuenta con un presupuesto inicial estimado en 30 millones de pesos, forma
parte de una serie de medidas encaminadas a fortalecer la seguridad en el
estado, abarcando desde la profesionalización de los cuerpos policiacos hasta
el apoyo a áreas periciales y de derechos humanos.
La creación de
una Policía Cibernética responde a la creciente amenaza que representan los
delitos informáticos, que incluyen desde fraudes hasta ataques a la
infraestructura crítica.
A medida que la
tecnología avanza, también lo hacen los métodos utilizados por los
ciberdelincuentes, lo que exige una respuesta institucional adecuada y
especializada.
La
implementación de esta unidad en Sinaloa sería un paso importante para
modernizar las herramientas con las que cuentan las fuerzas de seguridad.
No obstante, la
pregunta clave es si el presupuesto propuesto, estimado en 30 millones de
pesos, será suficiente para equipar a la nueva policía cibernética con la
tecnología avanzada necesaria para combatir eficazmente estos delitos.
Además, será
crucial que los recursos no solo se utilicen para la creación de la unidad,
sino también para su capacitación y actualización constante.
El proyecto
también incluye la profesionalización de los cuerpos policiacos, una necesidad
crítica que ha sido ampliamente reconocida por diversos sectores.
En este sentido,
la propuesta de Guerra Ochoa menciona la creación de un marco normativo que
garantice la institucionalización de la carrera policial y favorezca el ascenso
de mujeres dentro de las corporaciones, además de fortalecer las unidades de
género.
Este enfoque
tiene un impacto positivo tanto en la eficiencia de las fuerzas de seguridad
como en la inclusión y la equidad dentro de las instituciones.
La
profesionalización y la diversificación de las fuerzas policiacas no solo
mejorarían la efectividad operativa, sino que también contribuirían a una mayor
confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
La propuesta
también plantea recursos para fortalecer instituciones clave como la Fiscalía
General del Estado (FGE), la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión de
Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Estas áreas, que
enfrentan desafíos importantes en materia de justicia y derechos humanos, se
beneficiarían de una asignación de recursos que les permita operar con mayor
eficacia.
En un estado
como Sinaloa, donde la justicia y los derechos humanos se han visto
comprometidos por la violencia y la falta de recursos, este enfoque integral
para fortalecer la seguridad y la justicia es fundamental. Sin embargo, será
necesario asegurar que los recursos sean distribuidos de manera equitativa, sin
desatender las necesidades de ninguna de estas áreas prioritarias.
Como señaló
Teresa Guerra Ochoa, la discusión y los ajustes presupuestales serán
fundamentales en los próximos días.
El reto es
garantizar que los recursos asignados sean suficientes para cubrir todas las
áreas prioritarias, sin que la creación de la Policía Cibernética o el
fortalecimiento de las instituciones clave afecte otras áreas esenciales del
gobierno.
Si bien la
creación de esta unidad especializada es un paso positivo para enfrentar los
retos de la cibercriminalidad, el éxito del proyecto dependerá de la capacidad
del gobierno estatal para implementar estas medidas de manera efectiva,
asegurando tanto la eficacia operativa de la nueva policía como la atención a
las otras áreas críticas mencionadas.
La propuesta de
crear una Policía Cibernética en Sinaloa y reforzar las áreas clave de
seguridad, justicia y derechos humanos es un paso hacia la modernización de las
instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
Sin embargo, su
implementación exitosa dependerá de una gestión adecuada de los recursos, una
correcta asignación presupuestaria y un enfoque integral que garantice el éxito
en la lucha contra la cibercriminalidad y el fortalecimiento de la seguridad
pública en el estado.
ACUERDOS
En la reciente
Sesión Extraordinaria Número 5, el Cabildo de Mazatlán aprobó por unanimidad
una serie de convenios de colaboración con diversas instituciones
gubernamentales, con el objetivo de atender necesidades clave en materia de
desarrollo urbano, vivienda y protección al consumidor.
Estas acciones
refuerzan el compromiso del municipio con el bienestar de su población y el
trabajo coordinado entre niveles de gobierno.
Entre los
acuerdos destacados se encuentra el aval para que el Gobierno de Mazatlán, a
través de sus representantes, suscriba convenios con la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Comisión Nacional de
Vivienda (CONAVI), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y
el Gobierno del Estado de Sinaloa.
Estas alianzas
buscan fortalecer la infraestructura y los servicios básicos en la región.
Una de las
iniciativas aprobadas incluye un convenio específico con el INSUS para
gestionar y regularizar el suelo en diversas modalidades.
Este acuerdo
refleja la necesidad de avanzar en la certidumbre legal para las propiedades,
facilitando procesos de urbanización ordenada que beneficien tanto a las
familias como al desarrollo sostenible del municipio.
Además, el
Cabildo aprobó un convenio con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)
para promover y proteger los derechos de los consumidores en Mazatlán.
Este acuerdo
tiene como objetivo garantizar la equidad y seguridad jurídica en las
relaciones entre proveedores y consumidores, fortaleciendo así la confianza en
el mercado local y el respeto a los derechos ciudadanos.
La unanimidad en
la aprobación de estos convenios refleja el consenso entre los ediles sobre la
importancia de establecer alianzas estratégicas que permitan atender
problemáticas prioritarias.
Sin embargo, la
eficacia de estos acuerdos dependerá de su implementación efectiva, la
asignación de recursos suficientes y el seguimiento puntual de los objetivos
trazados.
Estos convenios
representan un paso significativo hacia el fortalecimiento de la gestión
municipal en Mazatlán.
Al abordar temas
como la regularización del suelo, el desarrollo urbano y la protección al
consumidor, el gobierno local reafirma su compromiso con el desarrollo integral
de la ciudad y el bienestar de sus habitantes.
No obstante,
será crucial garantizar que estas iniciativas se traduzcan en resultados
tangibles para la población y se conviertan en un modelo de colaboración
interinstitucional efectivo.
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