.png)
Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Es duro caer, pero es peor no haber intentado nunca subir”, Theodore Roosevelt INDEFENSIÓN ...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Es duro caer, pero es peor no
haber intentado nunca subir”, Theodore Roosevelt
INDEFENSIÓN
El 15 de junio de 2017, el
Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una reforma que, en su momento, fue vista
como un avance democrático: la posibilidad de reelección para alcaldes,
diputados locales, regidores y síndicos procuradores.
Esta medida buscaba fortalecer la
rendición de cuentas y dar continuidad a proyectos de largo plazo. Sin embargo,
siete años después, las consecuencias de esta reforma comienzan a golpear con
fuerza a los nuevos gobernantes.
La reelección trajo consigo un
efecto colateral que pocos previeron: el desajuste en el calendario
administrativo y fiscal de los municipios. La conclusión de los periodos de
gobierno no coincide con el cierre del año fiscal, dejando a las nuevas administraciones
con la responsabilidad de cubrir compromisos financieros que no les
corresponden.
Aguinaldos, prestaciones y
liquidaciones se han convertido en una bomba de tiempo que obliga a los recién
llegados a tomar medidas drásticas para cumplir con estos pagos.
El problema radica en que los
alcaldes salientes, en muchas ocasiones, agotan los recursos disponibles para
cerrar su gestión con proyectos visibles o pagos pendientes de su
administración.
Esto deja a los nuevos gobiernos
municipales en una posición vulnerable, teniendo que recurrir a créditos de
corto plazo o a la reducción de programas sociales y de infraestructura para
poder cubrir las obligaciones laborales.
La presión de los sindicatos y
los compromisos adquiridos con los trabajadores hacen que estas decisiones no
puedan posponerse, generando un desgaste inmediato en la imagen y capacidad
operativa de los nuevos mandatarios.
Además, la falta de claridad en
los mecanismos de transición agrava aún más la situación.
Los procesos de entrega-recepción
no siempre reflejan con precisión el estado financiero real de los municipios,
lo que provoca que las nuevas administraciones se enfrenten a escenarios más
críticos de lo esperado. Este desfase también afecta la confianza de los
ciudadanos, quienes perciben ineficiencia y falta de planeación desde el inicio
de las nuevas gestiones.
Este escenario, lejos de
fortalecer a los gobiernos municipales, ha generado un ciclo vicioso de
endeudamiento y recortes presupuestales que afectan directamente a los
ciudadanos.
La falta de recursos para
solventar estas obligaciones provoca retrasos en obras públicas, programas
sociales y otras áreas esenciales para el desarrollo de los municipios.
Asimismo, la incertidumbre sobre la continuidad de proyectos heredados
contribuye a una percepción de inestabilidad y falta de progreso.
La pregunta que surge es: ¿fue
esta reforma realmente pensada a largo plazo o fue simplemente una respuesta
apresurada a las demandas de modernización política? Siete años después, la
respuesta parece evidente.
La falta de previsión en los
detalles administrativos ha derivado en una problemática que, de no resolverse,
seguirá afectando a las futuras administraciones.
Es fundamental que se lleve a
cabo una revisión integral de la legislación electoral, con un enfoque no solo
en la reelección sino en los tiempos y mecanismos de transición gubernamental.
Es necesario que el Congreso del
Estado analice con seriedad los efectos de esta reforma y busque soluciones que
permitan ajustar los periodos de gobierno al calendario fiscal.
De lo contrario, seguiremos
viendo gobiernos que, en lugar de centrarse en proyectos de desarrollo, deberán
destinar sus primeros meses a apagar incendios financieros.
La reelección es, sin duda, un
mecanismo válido para fortalecer la democracia, pero su implementación debe ir
acompañada de una visión integral que considere no solo los beneficios
políticos, sino también las implicaciones administrativas.
Sinaloa tiene la oportunidad de
corregir el rumbo y evitar que esta reforma se convierta en un lastre
permanente para el desarrollo del estado.
Una propuesta viable podría ser
la alineación de los periodos de gobierno con el año fiscal o la creación de un
fondo especial destinado a cubrir los compromisos laborales en periodos de
transición.
De esta manera, se evitaría que
las nuevas administraciones inicien su gestión con déficit y se garantizaría
una mayor estabilidad en el manejo de los recursos públicos. Las lecciones que
deja esta reforma deben servir como punto de partida para repensar el modelo de
gestión pública en Sinaloa, asegurando que las decisiones legislativas
respondan a las necesidades reales de los ciudadanos y no a coyunturas
políticas momentáneas.
O usted… ¿qué opina?
NOVEDAD
La reciente declaración de
Feliciano Castro Meléndrez, Secretario General de Gobierno de Sinaloa, durante
la conferencia de la Vocería, revela un panorama dual en materia de seguridad
en el estado.
Si bien es cierto que las
estrategias implementadas están generando resultados concretos, la creación de
una unidad de policía cibernética es una señal de que el gobierno reconoce los
desafíos emergentes que enfrenta la entidad.
La aprobación de 10 millones de
pesos para el próximo año destinados a este rubro sugiere que hay una intención
clara de modernizar las herramientas de investigación y prevención.
Sin embargo, este esfuerzo aún se
encuentra en etapa incipiente. Castro Meléndrez enfatizó que el proyecto
completo estará operando hasta 2025, lo que implica que, aunque la voluntad
política está presente, los resultados tangibles aún tardarán en materializarse.
Este retraso puede interpretarse
de dos maneras. Por un lado, muestra una planificación cuidadosa y técnica que
podría derivar en una estrategia bien cimentada.
Por otro, refleja la lentitud
burocrática que suele caracterizar este tipo de proyectos en México, donde la
implementación de políticas públicas a menudo se ve obstaculizada por procesos
prolongados.
El respaldo del Gobierno Federal,
manifestado a través de la presencia constante del titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, añade una capa de confianza a la estrategia
estatal.
La reiteración de la Presidenta
de la República de su compromiso con Sinaloa es un mensaje político que
refuerza la narrativa de colaboración entre niveles de gobierno. Sin embargo,
esta cercanía también implica una vigilancia constante que podría presionar a
las autoridades locales a mostrar resultados de manera más acelerada.
Uno de los puntos que merece
mayor análisis es la política de comunicación adoptada. El Secretario General
dejó claro que la estrategia de seguridad no se divulgará en su totalidad,
alegando razones de confidencialidad. Si bien esta es una postura válida desde
el punto de vista operativo, genera un vacío informativo que puede ser
aprovechado por actores políticos o criminales para desestabilizar la
percepción pública.
La transparencia es una
herramienta clave para construir confianza ciudadana, y encontrar el equilibrio
entre informar y proteger la integridad de la estrategia es un desafío que no
debe subestimarse.
En conclusión, Sinaloa avanza en
materia de seguridad, pero lo hace a un ritmo que podría no satisfacer las
expectativas inmediatas de la ciudadanía.
La inversión en tecnología y
ciberseguridad es una decisión acertada, pero el éxito de esta medida dependerá
de la capacidad del gobierno para ejecutar el proyecto con eficacia y mantener
una comunicación efectiva con la población.
El tiempo dirá si esta estrategia
logra consolidarse como un pilar fundamental para la seguridad del estado o si,
por el contrario, se convierte en otra promesa que tarda demasiado en
cumplirse.
Así las cosas.
APOYOS
En una reunión clave para el
sector agrícola de Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario de
Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, sostuvieron un encuentro con
líderes agrícolas para discutir los apoyos y las perspectivas del campo
sinaloense.
Este diálogo refuerza el
compromiso del gobierno estatal con los productores, en un contexto donde el
campo enfrenta retos significativos.
Durante la reunión, se abordaron
temas cruciales como la disponibilidad de recursos para el próximo ciclo
agrícola, las medidas para garantizar precios justos para los productores y las
estrategias para impulsar la productividad en la región.
La presencia de representantes de
diversas organizaciones agrícolas permitió que se escucharan distintas voces y
necesidades del sector.
Entre los asistentes al encuentro
estuvieron líderes reconocidos del ámbito agrícola, incluyendo a Marte Vega
Román, Serapio Vargas Ramírez, Ricardo Armenta Beltrán, Oscar Inzunza Inzunza,
Enrique Riveros Echeverría, José Javier Godoy Medina, Emilio González Gastélum,
Juan Eliezer de Jesús Lemus, Agustín Espinoza Lagunas, Evelio Plata Inzunza,
Francisco Javier Meza López, Rigoberto Mejía Samaniego, Ignacio Leal García,
Alejandro Rivera, Gumaro López Cuadras, César Hernán Torres Hernández y Ulises
Gaxiola.
El Gobernador Rocha Moya reiteró
su compromiso de continuar gestionando recursos y programas que fortalezcan al
campo sinaloense, reconociendo el papel fundamental que juegan los productores
en el desarrollo económico del estado.
Por su parte, el Secretario
Ismael Bello Esquivel destacó la importancia de mantener una comunicación
constante con el sector agrícola para garantizar que las políticas públicas
respondan a sus necesidades.
Este encuentro marca un paso
importante en la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrenta el
sector agrícola en Sinaloa, consolidando un canal de diálogo directo entre el
gobierno y los productores.
mlizarraga1@entreveredas.com.mx
Facebook, Instagram y X: PeriodistaMarco
