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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Vencerse a sí mismo un hombre es tan grande hazaña, que sólo el que es grande puede atreverse a ejecu...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Vencerse a sí mismo un hombre es tan grande hazaña, que sólo el que es grande puede atreverse a ejecutarla”, Pedro Calderón de la Barca
PRESUPUESTO
El reciente aval del Congreso del Estado de Sinaloa al Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos 2025, presentado por el gobernador Rubén Rocha Moya, marca un hito en la política local.
Según el presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, Ambrocio Chávez Chávez, el respaldo unánime de los grupos parlamentarios es una muestra de madurez política y responsabilidad frente a los desafíos sociales y económicos que enfrenta la entidad.
Este presupuesto, que Chávez describe como "con sello social", destina la mayor parte de los recursos a sectores esenciales como educación, salud, protección social y seguridad.
Esto no solo responde a las demandas ciudadanas más apremiantes, sino que también sienta las bases para un desarrollo sostenible y equitativo en Sinaloa.
La orientación del gasto hacia infraestructura básica, apoyo al sector agropecuario y mejoras en servicios municipales como pavimentación y manejo de desechos refleja una visión inclusiva del gobierno estatal.
El consenso alcanzado entre los distintos grupos parlamentarios evidencia un compromiso por encima de las diferencias partidistas.
En un contexto político polarizado a nivel nacional, esta colaboración destaca como un ejemplo de diálogo efectivo en favor de los ciudadanos.
Como señaló Chávez, cada peso del presupuesto está diseñado para impactar directamente en la calidad de vida de la población, desde los policías y maestros hasta los sectores más vulnerables.
Sin embargo, la aprobación del presupuesto no debe verse únicamente como un logro político.
Ahora, la verdadera prueba será garantizar la ejecución eficiente y transparente de estos recursos.
Las promesas de apoyo social, mejora en servicios y fortalecimiento de la infraestructura deben traducirse en resultados tangibles para evitar que el ejercicio quede como una simple declaración de intenciones.
El mensaje es claro: este presupuesto no solo busca responder a las necesidades inmediatas, sino también posicionar a Sinaloa en el "sendero del desarrollo", como lo calificó el legislador.
Será fundamental mantener el seguimiento ciudadano y legislativo para asegurar que las prioridades planteadas se conviertan en realidades que beneficien a todos los sectores del estado.
Esta colaboración entre Ejecutivo y Legislativo es un primer paso alentador.
La madurez política demostrada deberá mantenerse, especialmente cuando se trate de evaluar y ajustar las políticas públicas necesarias para alcanzar las metas trazadas en este ejercicio presupuestal.
SIN PIES NI CABEZA
Mazatlán, reconocido por ser uno de los destinos turísticos más importantes de México, enfrenta un nuevo desafío: el reciente bloqueo que paralizó parte de su actividad y dejó una huella negativa en su imagen pública.
El movimiento organizado por José Carlos González y Bruno Torres, más allá de los problemas logísticos y económicos inmediatos, refleja una preocupante insistencia de acciones concretas por parte de los organizadores.
El bloqueo, que carecía de una razón sólida para justificar su magnitud, evidenció cómo un conflicto mal gestionado puede escalar rápidamente y afectar el dinamismo del puerto. En esta ocasión, el desorden y la falta de comunicación entre las partes involucradas derivaron en una afectación directa al turismo y al comercio, sectores esenciales para la economía local. La ausencia de respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades no solo agravó la situación, sino que transmitió un mensaje de fragilidad ante problemas internos.
Para una ciudad que depende en gran medida de su reputación como destino seguro y bien organizado, este tipo de incidentes genera dudas entre inversionistas, visitantes y operadores logísticos, ya nos imaginamos el grado de afectación que tendría esto.
La percepción internacional es especialmente relevante en un momento donde la competencia turística es feroz y es el salvavidas de la economía en estos tiempos tan críticos que se tienen en el estado.
El impacto no se limita al corto plazo, ya que la difusión de imágenes y noticias relacionadas con el bloqueo tiene el potencial de alejar a futuros turistas y convenciones, quienes optarán por destinos con una gobernabilidad más confiable.
La alcaldesa Estrella Palacios hizo lo propio, dialogó con ellos, pero no hubo ni un ápice de intención de dejar el bloqueo, porque fue medido, a la hora que llegaran los turistas, gran parte de la economía del centro de la ciudad, es turística.
Ahora quedará ver también si el otrora líder de los desplazados ahora flamante diputado plurinominal Miguel Ángel Gutiérrez le entra al quite para resolver “este conflicto”.
A el le toca gestionar con recursos para este 2025, pero que creen, ya se aprobó el presupuesto y no se ve que se tengan los suficientes recursos para apoyar ala gente que lo necesita, porque mucha de la que fue ayer a “manifestarse” ni siquiera es desplazada.
Así las cosas.
SOBRE EL MUERTO
La administración de Octavio Bastidas Manjarrez como alcalde de San Ignacio ha dejado un legado de caos financiero y malas prácticas que ahora afecta directamente a los extrabajadores y exfuncionarios municipales. La falta de pago completo de sus aguinaldos, un derecho laboral fundamental, ha generado indignación entre los afectados, quienes señalan haber recibido apenas 13 días de pago en lugar de los 68 que les correspondían.
El problema no solo radica en los aguinaldos, sino en la gestión misma de Bastidas, caracterizada por el despilfarro de recursos públicos y la ejecución de obras infladas que, además de ser escasas, no generaron un impacto significativo en el municipio. Este manejo desmedido de los recursos dejó al Ayuntamiento en una situación crítica, con un presupuesto insuficiente para cubrir las obligaciones laborales.
La falta de transparencia y comunicación de la pasada administración agrava el conflicto. Según los testimonios, ni Bastidas ni el extesorero Luis Rivera Millán han dado la cara para explicar el destino de los más de cinco millones de pesos destinados al pago de aguinaldos.
Si no la dieron como gobernantes, menos ahora.
Mientras tanto, los sindicalizados y el personal del DIF municipal recibieron sus 68 días completos, en contraste con los extrabajadores y exfuncionarios de niveles inferiores, que fueron los más afectados.
En este contexto, el actual alcalde Luis Fernando Loaiza Bañuelos enfrenta el desafío de resolver el problema heredado. Loaiza Bañuelos ha iniciado gestiones tanto con el Gobierno del Estado y directamente con el gobernador Rubén Rocha Moya para buscar una solución que permita cumplir con los derechos laborales de los afectados. Estas acciones buscan no solo mitigar el malestar entre los extrabajadores, sino también restaurar la confianza en las autoridades municipales.
Este caso evidencia problemas estructurales en las transiciones gubernamentales, donde las malas prácticas de una administración impactan de manera severa en la siguiente, y sobre todo, en los ciudadanos. Para Loaiza Bañuelos, más allá de resolver el conflicto actual, será clave demostrar que su administración tiene un compromiso real con la transparencia, el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de las responsabilidades laborales.
La situación de San Ignacio debe servir como un llamado de atención para implementar controles más estrictos en el manejo de los recursos municipales y garantizar que no se repitan gestiones marcadas por la opacidad, el despilfarro y el incumplimiento de derechos fundamentales.
mlizarraga1@entreveredas.com.mx
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