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Punto de quiebre
Fernando de la O
aprobación de la Reforma Energética en la Cámara de Diputados ha encendido alarmas en distintos sectores económicos y comerciales. Aunque se presenta como una medida para fortalecer a las empresas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), su impacto potencial sobre la economía mexicana, las inversiones privadas y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría tener consecuencias graves.
Expertos del sector energético, como Ramsés Pech y Gonzalo Monroy, advierten que esta reforma no solo puede generar prácticas monopólicas al otorgar mayor control a CFE sobre la generación de electricidad, sino que también abre la puerta a posibles disputas internacionales en el marco del T-MEC. Esta situación podría detonar paneles de controversias que afectarían las inversiones extranjeras en México, justo cuando el país necesita fortalecer su competitividad y atraer capital en sectores estratégicos como el energético.
La consolidación del monopolio de la CFE sobre más del 75% de la electricidad generada, como señala Pech, se aleja de los principios de competencia necesarios para incentivar la inversión privada. Esto pone a México en una posición de vulnerabilidad frente a sus socios comerciales, que exigen reglas claras y un entorno de mercado abierto.
Por otro lado, Monroy resalta el riesgo que esta reforma supone para las finanzas públicas. El regreso de Pemex y CFE al estatus de empresas públicas con la capacidad de aprobar proyectos sin criterios de rentabilidad podría desestabilizar el presupuesto nacional. Proyectos que se lleven a cabo aun sabiendo que no generarán ganancias tendrán un impacto directo en las finanzas públicas y, en última instancia, en la economía del país. Esto, a su vez, puede provocar un aumento en la deuda pública, deteriorando la confianza de los inversionistas y afectando la estabilidad macroeconómica.
Un ejemplo claro es el caso del litio. Aunque el Gobierno ha manifestado su intención de controlar completamente este recurso, las tecnologías necesarias para extraerlo de manera rentable aún no están desarrolladas en el país. Dependiendo solo del Estado, sin el apoyo de la iniciativa privada, podría hacer inviable la explotación de este valioso recurso. Las experiencias internacionales, como en Chile, demuestran que los costos de desarrollar este tipo de proyectos pueden ser exorbitantes, alcanzando los 10 mil millones de dólares por proyecto.
Además, la reforma introduce el concepto de "prevalencia de lo público sobre lo privado" en el sector eléctrico, una medida que Monroy califica como ambigua y potencialmente dañina para la economía. Si esta prevalencia se traduce en decisiones políticas por encima de criterios técnicos y económicos, se corre el riesgo de volver a prácticas que ya fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte, pero que ahora serían respaldadas bajo un marco legal reformado.
En resumen, mientras Pemex y CFE parecen ser las principales beneficiadas de esta reforma, los consumidores, el erario público, los inversionistas y el propio T-MEC están entre los grandes perdedores. La consolidación del monopolio estatal podría ahuyentar inversiones y desencadenar problemas fiscales y económicos a largo plazo. México necesita políticas energéticas que no solo garanticen la soberanía, sino que también promuevan la eficiencia, la inversión y la competitividad, elementos clave para mantener una economía sólida y un crecimiento sostenido en un entorno global cada vez más exigente.
