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Altoparlante
Juan Manuel Partida Valdez
Intentaré explicar hoy en este espacio el por qué no puedo ni debo estar de acuerdo con el proyecto de Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que contempla la creación de un Instituto Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos pagado con dineros del pueblo.
Mis razones son básicas y tienen que ver con los elementales principios de igualdad, legalidad y justicia.
Hay opiniones muy divergentes y contrastantes en el gremio.
En mi caso, pretender un organismo “autónomo” con cargo al erario público para que nos cuide a los periodistas es no solamente injusto sino un estatus discriminatorio y violatorio de la constitución.
Si aplicamos el criterio de la iniciativa que pronto será discutida en el Congreso del Estado, tendrían que crear después institutos estatales de burócratas “independientes” de policías, médicos, maestros, abogados, taxistas y un montón de etcéteras más.
Con la puntualización de que en el caso de los comunicadores dicho instituto tendría funciones administrativas que ya se operan tanto a nivel estatal como nacional, con otras instituciones ya creadas con la responsabilidad de recibir y atender las denuncias presentadas.
Varios colegas me comparten sus sospechas precisamente ante la intención de convertir a un grupo de periodistas en burócratas que harán algo que ya se está haciendo; el círculo vicioso de pedirle al gobierno que actúe, para luego reclamarle por actuar.
Como sea, todas las estadísticas refieren que la vulnerabilidad frente a la violencia y la delincuencia es a nivel nacional, sin distinción de sectores.
Por ésta y por otras razones, la referida iniciativa de ley implica privilegios a todas luces indebidos para un gremio que debe ser ejemplo de lucha por la legalidad, la justicia y la igualdad.
Es un error de sentido común y hasta un insulto a la sociedad creer que la vida y los derechos de los periodistas valen más que la vida y los derechos de los demás.
Con qué cara podemos los periodistas explicarle por ejemplo a una madre a quien le asesinaron a su hijo que la investigación de ese caso tiene que hacer “cola” porque las agresiones a periodistas tienen prioridad “legal”.
De ninguna manera encuadra en nuestro “rol” gremial el exigir privilegios y conveniencias, por muy bonito que a algunos colegas les pueda parecer.
El periodismo enfrenta ciertamente circunstancias muy difíciles, con gran cantidad de compañeros asesinados y agredidos; son riesgos conocidos desde hace mucho tiempo por casi todos los que nos dedicamos a la labor de informar y formar opinión.
Por supuesto que estamos a favor de un desempeño más seguro para los periodistas.
Que se puntualice en nuestras leyes la obligación del Estado de darnos la seguridad que nos merecemos, a los periodistas y a todos los mexicanos sin distinción.
Si las instancias oficiales existentes no nos sirven, trabajemos entonces como individuos y empresas para enfrentar de manera diferente y mejor organizados el estado de indefensión que vivimos.
La iniciativa de referencia pasó a comisiones y su dictamen será votado por los diputados locales.
No pocos legisladores apoyarán la iniciativa, por el temor a verse públicamente como potenciales “enemigos” de los periodistas; potencial rayita adicional al tigre de las ilegalidades y conveniencias.
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