La falta de capacitación generó que jueces reetiquetaran como violencia intrafamiliar hasta 77 por ciento de los casos de violencia c...
La falta de capacitación generó que jueces reetiquetaran como violencia intrafamiliar hasta 77 por ciento de los casos de violencia contra las mujeres, lo que evitó que muchos agresores fueran sancionados, denunció la organización civil Equis-Justicia para las Mujeres.
“Entre 2014 y 2019 tuvimos acceso a 110 sentencias por violencia en contra de mujeres, y al menos contabilizamos que 85 (77 por ciento) no se investigaron con perspectiva de género, lo que ocasionó que se reclasificaran delitos en contra de las mujeres por delitos familiares y con ello se dejaron en libertad a responsables de violencia”, dijo a La Razón, Ana Pecova, directora de la organización.
La activista consideró que la perspectiva de genero no se ha implementado en la operatividad del Poder Judicial, además de que el problema es mucho más grande de lo que imaginan, “ya que la falta de sentencias es un obstáculo porque las autoridades tienen mucha opacidad al informar las mismas”.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que de enero a octubre de 2019 la incidencia nacional de feminicidios fue de 809 delitos registrados en carpetas de investigación, siendo julio el mes con mayor cantidad de ilícitos, con 94. Lo anterior, representa un aumento de 11 por ciento respecto a los delitos registrados en igual periodo de 2018.
Del total, 173 fueron por arma de fuego, 184 con arma blanca y el resto, con otros elementos. Sin embargo, el primero mostró un incremento de 5.4 por ciento respecto a los primeros 10 meses del año pasado, mientras que con arma blanca aumentó 29 por ciento.
Asimismo, el SESNSP registra 11 mil 309 delitos por violación simple, mil 290 por hostigamiento sexual y tres mil 182 por violación equiparada. Comparado con el año anterior, el abuso sexual aumentó 12 por ciento; el acoso, 38; el hostigamiento sexual, ocho, y la violación equiparada, 15 por ciento; en contraparte, la violación simple bajó 1.72 por ciento.
En este contexto Pecova explicó que 18 de los 32 tribunales que existen en el país, no han emitido sentencia durante los últimos dos años, lo que “tiene que cambiar, porque hay que ver lo que hacen y cómo lo hacen, pero si no hacen nada, para qué les pagas, mejor que dejen de trabajar”.
Aseguró que las entidades no registran la información importante en casos de homicidio de las mujeres; por ello, no son juzgados como feminicidios.
AGRESIÓN CONSTANTE. Con relación al caso del asesinato de Abril Pérez ocurrido en la Ciudad de México, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Cruz Estrada, aseguró que la agresión es un patrón y un modus operandi que se repite constantemente en personas de alto poder, cuando tienen problemas legales familiares, como la pelea por la custodia de los hijos.
“Es común en el país; a ella no le dieron medidas de protección a pesar de que denunció y, como pasa en muchos casos, pudiera haber sido el esposo, ya que pierde al haber un conflicto por la custodia de los menores que se traduce en dinero; entonces el agresor puede salir con más coraje y aprovechar que no le dan sentencia para matar”, aseveró.
Además, comentó que como ONG han visto en repetidas ocasiones casos similares, donde se paga hasta 30 mil pesos para mandar a matar a la esposa y quedarse con los hijos o no pagar mensualidad. Lo anterior se da porque los jueces reclasifican las agresiones a las mujeres como’ delitos familiares y quedan como lesiones.
Por esta razón, pidió a las autoridades obligar a sancionar a los jueces, pues desestiman las razones y pruebas, además de no tener análisis de riesgos. Por ello, indicó que el Poder Judicial está caduco y no investiga con perspectiva de género. Además, solicitó juzgados especializados y bien capacitados, que brinden medidas de protección, así como suspensión definitiva para quien no haga su trabajo.
