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A menos de 24 horas de que Estados Unidos anunciara el congelamiento de 7 mil millones de dólares del capital de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), en Washington, la principal fuente del poder económico del chavismo, el gobierno de Nicolás Maduro movió sus piezas en las instituciones judiciales para cercar al autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, a quien ya le fueron bloqueadas sus cuentas en territorio venezolano, además de negarle la salida del país.
Las acciones contra el líder de la Asamblea Nacional se hicieron efectivas por recomendación de la Fiscalía General y por orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, con lo que Juan Guaidó “tiene prohibido abandonar el país hasta el final de la investigación (preliminar)” por haber “causado daños a la paz en la República”, dijo el presidente del alto tribunal, Maikel Moreno, ayer.
La medida se dio el mismo día en que el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que Guaidó ya había recibido el control de las cuentas bancarias estadounidenses de Venezuela.
La mañana del martes 29 de enero, el recinto de la Asamblea Nacional se preparaba para recibir por primera vez a Juan Guaidó, ya ungido como presidente interino autoproclamado.
Desde tempranas horas, elementos de la Guardia Nacional Bolivariana tomaban sus posiciones en los puestos de seguridad de este inmueble localizado en el centro de Caracas.
Si bien el operativo de seguridad en torno al recinto es permanente, ayer fue un poco más extenso, con algunas decenas más de agentes y un control de visitantes que revisaban que sus nombres figuraran en una lista que repasaba una oficial ubicada en una valla de acceso en la Avenida Sur 2 y Universidad.
Al filo del mediodía, ante la ovación de la Junta Directiva y diputados de la oposición, Guaidó ocupó la tribuna de este organismo, que en 2016 fue declarado en desacato y en 2017 fue despojado de todas sus competencias, y desde ahí lanzó iniciativas como su Ley de Amnistía, además de nombrar a embajadores y personal diplomático del gobierno interino.
Sin embargo, una vez más el ajedrez político que se vive en Venezuela se desarrolló entre mensajes simultáneos del gobierno que encabeza Maduro y de la autoproclamada presidencia interina.
Mientras Guaidó se dirigía a la Asamblea, el fiscal general Tarek William Saab pidió al Tribunal Supremo de Justicia imponer medidas cautelares para estrechar de a poco el cerco sobre el líder opositor, quien hasta el momento lo mismo hace llamados a acciones civiles pacíficas en redes que nombrar funcionarios de un gobierno paralelo, respaldado por decenas de naciones.
Entre las medidas solicitadas por el fiscal de Venezuela están la prohibición para que Juan Guaidó abandone el país, para que compre y venda bienes, y el congelamiento de sus cuentas bancarias.
“Se han suscitado hechos violentos, pronunciamientos de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de la República, lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional.
“Hemos apresurado dicha investigación, de carácter preliminar. Hemos llegado a acá, al TSJ, para solicitar que se dicten medidas cautelares, que, en medio de la investigación que nosotros vamos realizando contra este ciudadano, permitan, en este caso: la prohibición de su salida del país, la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, el bloqueo de sus cuentas”, mencionó el fiscal en conferencia de prensa en el Tribunal Supremo.
Y aunque las medidas solicitadas por la fiscalía no incluyen la detención, Juan Guaidó lamentó que la solución del régimen sea la persecución, cosa que ya había ocurrido en otros casos.
“No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que no hay nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. La única respuesta es represión, persecución”, afirmó.
“Más que una amenaza nueva a mi persona, a este Parlamento, a la presidencia encargada de la República… no hay nada nuevo. Insisto, no desestimo las amenazas, la persecución en este momento, pero estamos aquí, seguimos ejerciendo competencias y seguimos avanzando en atender la emergencia humanitaria y exigir la liberación no sólo de los niños, sino de todos los detenidos”.
Horas más tarde, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, liberó los documentos para imponer las medidas cautelares a Juan Guaidó, en un país que sigue en la incertidumbre mientras espera la jornada de protestas y acciones civiles programadas para el mediodía de hoy, para dar a conocer la Ley de Amnistía que la Asamblea Nacional impulsa como eje de su estrategia de reconciliación y para sumar el apoyo de militares.
A un costado de la Asamblea Nacional, en la Plaza Bolívar, unos ancianos sentados debajo de una carpa cubierta con mantas en las que se lee “Esquina de Maduro”, toman turnos para hablar frente a una cámara de televisión.
Uno de los entrevistados, un hombre de alrededor de 70 años, con una chamarra de piel color café, gorra roja y zapatos café desgastados toma el micrófono: “Nicolás Maduro es el único presidente”, grita, mientras sus compañeros lo secundan.
