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Altoparlante
Por Juan Manuel Partida Valdez
Vamos a referirles hoy una historia de ésas que nos demuestran la desvergüenza con que el gobierno sigue violando descaradamente las leyes y los derechos de sus propios trabajadores, con la pasividad o complicidad de quienes se supone están para protegerlos.
Siendo gobernador electo de Sinaloa, Mario López Valdez decidió a finales del 2010 la desaparición del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, con el argumento de insolvencia financiera.
El primer paso, en la supuesta protección de los derechos de los trabajadores del INVIES, fue la firma de un convenio entre el gobierno estatal y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, con fecha 31 de octubre de 2010, en el que como primera cláusula el poder ejecutivo estatal asumía el carácter de patrón sustituto y el INVIES como patrón sustituido, con la consecuencia ahí descrita de que el gobierno estatal asume la responsabilidad laboral por la totalidad de los trabajadores del instituto.
Se estableció en este convenio el compromiso del poder ejecutivo de otorgar a todos y a cada uno de los trabajadores activos del INVIES una plaza de base o de confianza acorde a su perfil, con el mismo monto salarial y las mismas prestaciones, así como al reconocimiento de la antigüedad a partir de la fecha en que cada uno de ellos ingresaron a laborar; de la misma manera, el respeto de los derechos de los jubilados, pensionados o en proceso.
Por lo que toca al STASE, el compromiso a reconocer a todos los trabajadores del instituto como sindicalizados, aún y cuando se les otorgue una plaza de confianza, con el reconocimiento de todos los derechos y obligaciones señalados en los estatutos.
Firmaron por parte del poder ejecutivo Luis Alfonso Morales Blancarte, Subsecretario de Administración, y Juan José Cristerna Molina, Director de Recursos Humanos, mientras que por el sindicato lo hicieron el secretario general Gabriel Ballardo Valdez, el de Trabajo y Conflictos, Raúl Amézquita Vega, y el de Organismos Descentralizados, Javier Velasco González.
A partir de febrero del 2011, el gobierno estatal redujo en un 55.15 los salarios de los trabajadores del INVIES, que sabemos nunca desapareció.
Lo de reconocerles los salarios hasta entonces devengados el gobierno terminó pasándoselos por el arco del triunfo; y no solamente eso, sino que los trabajadores fueron considerados como cesados, sin indemnización, y como empleados nuevos, sin antigüedad.
Fueron alrededor de veinte los sindicalizados violentados en sus derechos; sólo dos acudieron ante las instancias jurisdiccionales competentes, luego de lo que el gobierno apuró convenios directos con los restantes, con indemnizaciones por los descuentos en los ingresos, y el reconocimiento de antigüedades.
Con los que se atrevieron a inconformarse ante los abusos e ilegalidades, la decisión de aplicarles todo el peso de la “justicia”.
El mes de mayo del 2012, tras una negociación para resarcir el salario, la administración estatal concedió a los afectados un incremento de 3 mil pesos mensuales, con lo que de ahí a la fecha el diferencial de salario quedó en 28.45 por ciento por debajo de la percepción original.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa resolvió el 23 de mayo del presente año una de las dos demandas interpuestas, con argumentos risibles que pisotean la “justicia” laboral.
Ésta es, por supuesto, la opinión del columnista; como siempre, nuestros lectores tendrán la mejor opinión sobre el acuerdo unánime del presidente de la junta, Jaime Salomón Hariz Piña; del representante del capital, Joel de Jesús Zavala Pérez; del representante sustituto del trabajo, Carlos Valenzuela López, y del secretario general de conciliación, José Fernando Salazar López.
Cheque usted algunos detalles:
A pesar de la comprobación formal de la antigüedad y del convenio como prueba que suscribieron el gobierno estatal y el STASE, estos funcionarios de la junta, incondicionales del patrón, concluyeron que la reducción de salarios estuvo apegada a derecho.
En el caso que nos ocupa, el demandante demostró plenamente su antigüedad como trabajador del INVIES desde el día primero de junio de 1983; más de treinta y cuatro años, de los cuales la Junta de Conciliación solamente le reconoce legalmente poco más de siete, con huizachadas que dan cabida a la infame e ilegal marrullería cometida.
Los derechos laborales pisoteados de manera cínica por quienes se supone están para protegerlos.
Ah, pero esta desvergüenza gubernamental se acompaña de diamantes de “generosidad” por parte de esos funcionarios, como para que nadie se atreva a decirles que son unos vendidos e irresponsables.
Muy dignos ellos, condenaron al gobierno estatal e INVIES a pagar al demandante la cantidad de cuatrocientos cincuenta y cinco pesos con cuarenta centavos por los bonos del día de reyes del 2010 y 2011; otros siete mil cuatrocientos cinco pesos dos centavos por diferencias de aguinaldo del uno de enero al treinta de octubre de 2010, y al reconocimiento de antigüedad a partir del primero de noviembre del 2010, que es el día siguiente de la firma del convenio que irónicamente establecía el respeto irrestricto a los años previamente laborados.
Reiteremos que en esos finales del 2010 estaba al frente del STASE quien ocupa ahora ese mismo cargo, Gabriel Ballardo Valdez; le preguntaremos por qué el incumplimiento de lo convenido.
Haremos lo mismo con el gobernador Quirino Ordaz Coppel.
Porque resulta intolerable que se abuse de manera tan descarada de los derechos de los trabajadores, como lo relatamos en el Altoparlante de hoy.
Pendientes.
