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La justicia llegó tarde para los padres de la Guardería ABC donde murieron 49 menores la vida. Hermosillo, Sonora.- A casi siete ...
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La justicia llegó tarde para los padres de la Guardería ABC donde murieron 49 menores la vida.
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Hermosillo, Sonora.- A casi siete años del incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en donde 49 menores perdieron la vida y más de 100 resultaron lesionados, un juez federal sentenció por el delito de homicidio por culpa a 19 ex servidores públicos estatales, municipales y encargados del lugar.
El juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora consideró que existían los elementos suficientes para dictar sentencias, que van de los 20 a los 29 años de prisión.
La pena máxima fue para Nohemí López Sánchez, quien fuera jefa del Departamento de Guarderías dependientes de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
César Arturo Leyva, delegado en Sonora del IMSS; Sandra Lucía Téllez y Antonio Salido, representante legal y secretario de administración de la guardería, respectivamente, alcanzaron una pena de 28 años de prisión.
El juez federal consideró que existía suficiente evidencia para que el entonces director de Protección Civil del municipio de Hermosillo, el director de Bomberos, el jefe de Departamento, el director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento y quien fuera el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, cumplan una sentencia de 28 años de prisión.
Mientras que los empleados del área de Control Vehicular y de la Agencia Fiscal, el director general de Recaudación y el subdirector de Control Vehicular —cuyos nombres no se revelaron—, todos dependientes de la Secretaría de Hacienda de Sonora, pasarán 20 años en la cárcel por la muerte de los menores de edad.
Al resolver, el impartidor de justicia determinó que no existían evidencias contra tres supervisoras de la zona de guarderías del IMSS, quienes fueron absueltas. En tanto que a los 19 sentenciados les retiró cargos por ejercicio indebido del servicio público y por uso indebido de facultades.
Derivado de las 100 denuncias que recibió la Procuraduría General de la República (PGR) por los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, la dependencia inició 11 averiguaciones previas y ejerció acción penal por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
El 13 de agosto de 2015 la PGR ejerció acción penal contra 22 ex servidores públicos municipales y estatales, así como representantes de la guardería; nueve meses después se emitió este fallo en contra de 19 de los inculpados.
Manos Unidas por Nuestros Niños, la organización creada por los padres de la víctimas, entregó un documento en mayo de 2013 a la PGR, en el que sostienen que el incendio fue provocado en la bodega de Hacienda, contigua a la guardería, para destruir documentos de una deuda millonaria que dejó el ex gobernador Eduardo Bours a través de un programa de obras llamado Plan Sonora Proyecta.
Dicen que tres personas bajo las órdenes de Carlos Andrés López Meza, chofer de Juan Carlos Lam Félix, secretario técnico del entonces gobernador, habrían iniciado el fuego.
De los socios de la guardería sólo Antonio Salido Suárez y Sandra Téllez Nieves, han sido condenados; no se actuó contra los dueños Alfonso Escalante Hoeffer, Gildardo Urquidez Serrano, y la prima de la ex primera dama Margarita Zavala, Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, fue exonerada en enero de 2012.
Hermosillo, Sonora - Luego de que un juez impuso condenas de 20 a 29 años de cárcel a 19 implicados por el incendio en la guardería ABC ocurrida hace casi 7 años, padres de las víctimas advirtieron que entre los sentenciados faltan los "peces gordos".
En tanto, la defensa de ocho ex empleados del Gobierno de Sonora impugnó el fallo y consideró como exagerada la pena.
Lilian García, mamá de Bryan Alexander, dijo contundente que se trata de una resolución a medias pues no se ha involucrado a autoridades como al ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara, y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
"Es una justicia a medias porque realmente sólo son ciertas personas, pero no son todos lo que deben estar. Faltan personas y principalmente los 'peces gordos'", enfatizó.
José García, papá de Andrés fallecido en el incendio, coincidió en que faltan personajes, aunque sí es positivo que por fin a casi siete años de la tragedia, haya concluido la primera instancia.
"Esto no llegó al más alto nivel. La PGR en ningún momento amplió la acción penal a más personas, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia lo sugirió".
Para Ofelia Vázquez, mamá de Germán Paul, la noticia es un alivio que ya pase a otra instancia, pero aún está en "shock", tratando de asimilarla, porque para ella podría ser insuficiente.
El incendio en la guardería ABC que ocurrió la tarde del 5 de junio en la colonia Y Griega, al sur de la ciudad, cuando el fuego de un bodega contigua se propagó hacia al inmueble, provocó la muerte de 49 menores.
Actualmente, los 19 implicados se encuentran libres bajo fianza y cuentan con 5 días para impugnar el fallo del juez ante un tribunal federal de apelaciones, el cual puede modificar la sentencia. Los acusados no pueden ser detenidos hasta que se dicte la resolución en una última instancia, que puede ser un tribunal colegiado o la Corte.
El hilo más delgado
Entre los 19 condenados a prisión, están 8 empleados que laboraban en la bodega de Hacienda estatal, contigua a la guardería, donde inició el incendio.
Para Rigoberto Gaxiola, abogado de seis de ellos, sus clientes son el "hilo más delgado" del caso ABC.
Comentó que este fin de semana ya fue notificado uno de ellos y ahí mismo apeló la sentencia de 20 años y 5 meses de cárcel.
"Estos muchachos son inocentes para todos los efectos legales y ante los ojos de todo el mundo, sobretodo de los padres", expuso.
"Ahora resulta que tenían que tener el deber de cuidar el mantenimiento del inmueble. Ellos únicamente se presentaban, juntaban los expedientes que les pedían el Agente Fiscal y se acabó, no tenían a su cargo las instalaciones", externó.
Gaxiola manifestó que confían en que en una segunda instancia judicial sea revocada la pena que les impusieron.
Reforma / El Universal
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