Un año antes del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, Crisóforo Tinoco fue señalado de tener nexos con Guerreros Unidos; regresa hoy al ...
Un año antes del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, Crisóforo Tinoco fue señalado de tener nexos con Guerreros Unidos; regresa hoy al cargo
Iguala, Guerrero.- El priista Esteban Albarrán Mendoza, quien hoy asume la alcaldía de Iguala, anunció que Crisóforo Tinoco Bahena será el secretario de Seguridad Pública Municipal.
Tinoco Bahena fue el jefe de la policía de Iguala durante el primer año de la administración de José Luis Abarca como alcalde —hoy en prisión por la desaparición de 43 normalistas en 2014.
El nuevo funcionario ha sido relacionado con el cártelGuerreros Unidos. Fue cesado en mayo de 2013, luego de dirigir un ataque contra policías de Teloloapan, en el que murieron dos uniformados.
El jefe policial de Abarca no es el único funcionario que recicla Albarrán Mendoza; también nombró a Martín Ocampo Arteaga como director de Tránsito.
En 2014, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) llamó a Ocampo Arteaga a declarar sobre la desaparición de los normalistas.
En conferencia de prensa, el alcalde dio una lista de 80 nombres y cargos que habrán de integrar su gabinete. La mayoría de ellos colaboraron con los expresidentes municipales Raúl Tovar y José Luis Abarca.
De acuerdo con Albarrán, algunos nombramientos son por compromisos de campaña.
DESIGNACIÓN POLÉMICA
Esteban Albarrán asume hoy la alcaldía de Iguala. Ayer anunció a Crisóforo Tinoco Bahena como jefe de Seguridad Pública Municipal.
En el primer año de José Luis Abarca como alcalde, Tinoco Bahena fue investigado por encabezar un ataque contra policías municipales de Teloloapan.
Alcalde recicla a equipo de Abarca
Esteban Albarrán recontrató como jefe de Seguridad Pública a Crisóforo Tinoco, acusado de atacar a policías y de tener nexos con el narcotráfico.
El presidente municipal de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza, nombró como secretario de Seguridad Pública municipal a Crisóforo Tinoco Bahena, quien fue destituido en mayo del 2013, luego de dirigir un ataque contra la policía municipal de Teloloapan, cuando fungía en el mismo cargo bajo las órdenes de José Luis Abarca Velázquez.
Tinoco Bahena es señalado por tener presuntos
vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos y estuvo sujeto a investigación, relacionado con el ataque a policías municipales de Teloloapan donde fallecieron dos elementos policiacos y dos más quedaron heridos.
Tinoco Bahena fue candidato a regidor del PRD y estuvo de encargado de la Seguridad Pública durante el primer año de gobierno de José Luis Abarca.
El alcalde electo Esteban Albarrán también nombró a Martín Ocampo Arteaga, como director de tránsito municipal, quien es líder transportista y exdirector de Infracciones de Tránsito Municipal, quien el pasado mes de noviembre del 2014 fue llamado a declarar a la SEIDO por presunta participación en los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014, donde desaparecieron 43 normalistas.
Durante las investigaciones para la búsqueda de los normalistas en Iguala, fueron cateadas dos propiedades de Martín Ocampo, donde se presumía podía haber indicios de los estudiantes desaparecidos.
El nuevo alcalde también nombró como director de infracciones a Enrique Jiménez Zúñiga, actual director de Protección Civil y quien también fue citado a declarar por la SEIDO por su presunta participación en la desaparición de los normalistas y de sus elementos.
En conferencia de prensa, el alcalde dio una lista de 80 nombres y cargos que habrán de integrar su gabinete este 30 de septiembre, cuando asuma el cargo, los cuales han sido en su mayoría, funcionarios de la administración de los expresidentes municipales Raúl Tovar Tavera y José Luis Abarca Velázquez.
Albarrán Mendoza dijo que le están dando una segunda oportunidad a los funcionarios que han estado en otros gobiernos y que muchos de los nombramientos son por compromisos de campaña, por lo que dijo que no son nombramientos definitivos por tres años.
Agregó que tendrá que revisar la documentación de los funcionarios que hayan estado sujetos a investigación por PGR y entre ellos la carta de antecedentes no penales, “y si hay alguna instancia que me notifique que tal persona está llevando algún proceso, yo acataré lo que me diga la autoridad correspondiente”.
El alcalde electo de extracción priista mencionó que de manera eventual nombró el encargado de despacho en la Secretaría de Seguridad Pública, mientras llega al cargo el gobernador electo, Héctor Astudillo Flores, para que se pongan de acuerdo con el Mando Único, el cual pretenden aplicar en Guerrero.
Buscaglia propone considerar a Iguala delito de lesa humanidad
Los hechos ocurridos hace un año en Iguala, Guerrero, que concluyeron con la desaparición de 43 normalistas, deben ser considerados como un delito de lesa humanidad y canalizarse a la Corte Penal Internacional, afirmó el investigador Edgardo Buscaglia.
El académico de la Universidad de Columbia indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que actualmente colabora en las investigaciones del caso, no cuenta con facultades punitivas para aplicar sanciones.
“Como es el caso de Guerreros Unidos en el caso de Ayotzinapa, o es el caso de muchos grupos paramilitares que están operando en México que están secuestrando u ocasionando estos delitos de lesa humanidad, todos éstos están comprendidos en el Estatuto de Roma y estarían sujetos bajo competencia de la Corte Penal Internacional.
“Insisto que el caso Ayot-zinapa, y otros tantos que son miles y miles de casos que conjugan el sufrimiento de las personas que están ahí sentadas, deberían ser enmarcados en el Estatuto de Roma y ser atraídos por la Corte Penal Internacional”, afirmó Buscaglia.
El presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, AC, participó con una videoconferencia en el Foro sobre Personas Desaparecidas en México.
El evento fue organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Xochimilco, en donde el académico explicó que el Estatuto de Roma, que es el fundamento legal de la Corte Penal Internacional, abarca a personas naturales o jurídicas perpetradores de delitos, crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, que sean a la vez actores estatales y no estatales.
