Culiacán, Sinaloa, a 17 de agosto del 2010 .- El gobernador Jesús Aguilar Padilla se reunió con los relatores especiales de la Organizac...
Culiacán, Sinaloa, a 17 de agosto del 2010.- El gobernador Jesús Aguilar Padilla se reunió con los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Catalina Botero Marino y Frank La Rue, con quienes abordó los temas de reformas constitucionales, transparencia gubernamental, acceso a la información pública, delincuencia organizada y agresiones contra periodistas en Sinaloa.
De entrada, el mandatario estatal comentó a los relatores de la ONU que su gobierno impulsó reformas a la Constitución local, para elevar a rango constitucional los derechos humanos, como a la alimentación, al medio ambiente, a la libertad de expresión y de acceso a la información.
Aguilar Padilla les explicó a los visitantes extranjeros que Sinaloa se convirtió en el primer estado de México en crear una Ley de Acceso de la Información Pública, misma que se aprobó cuando él era diputado local, cuya entrada en vigor fue en abril del 2003, y que ahora en su sexenio, se han realizado reformas a dicha legislación, como parte de un proceso de mejora continua.
“El compromiso de nosotros es ése, generar espacios, condiciones para que el respeto a los derechos, no sólo los fundamentales, sino todos los derechos de segunda y tercera generación tengan plena vigencia”, dijo.
El gobernador del estado consideró que la vinculación con organismos internacionales como la ONU es muy positiva, porque a nivel local se pueden asumir las mejores prácticas que emanan de ellos, con el propósito de incorporarlas en los estados en lo que sea procedente.
Precisamente, Catalina Botero Marino, de nacionalidad colombiana, dijo que ése es el espíritu de esta visita, recoger las mejores prácticas del gobierno del estado, para llevarlas a otros países.
Al respecto, felicitó al gobernador Jesús Aguilar Padilla por la reforma a la ley que impulsó recientemente, para despenalizar la difamación, y que esos casos sean dirimidos en instancias civiles y no penales.
Por otra parte, los relatores de la ONU solicitaron información en torno a casos específicos de agresiones contra periodistas, como los crímenes del reportero radiofónico del noticiero Línea Directa, José Luis Romero y del locutor de Mazatlán, Fabián Ramírez López.
En respuesta, el procurador general de Justicia, Alfredo Higuera Bernal, señaló que en el primero de los casos, no ha concluido la indagatoria que lleve a esclarecer el móvil y la identificación de los responsables, mientras que en el segundo caso, del locutor de Mazatlán, el Ministerio Público presentó como presunto asesino a una persona que responde al nombre de Guillermo de Jesús Mendoza.
Cabe destacar, que el procurador se refirió también a otros dos casos de los cuales no tenían conocimiento los relatores, como fue el crimen del reportero gráfico de El Debate, en Escuinapa, Gregorio Rodríguez, perpetrado en el 2004, por cuyo homicidio se encuentran en espera de sentencia cuatro personas, entre ellas el director de Seguridad Pública Municipal de ese entonces.
-2-
Asimismo, mencionó el asesinato del periodista Oscar Rivera Inzunza, quien se desempeñaba como vocero del Operativo Conjunto Culiacán-Navolato, ocurrido en septiembre del 2007, crimen que debe verse como agresión a periodistas, aunque al momento de su muerte era funcionario público de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
Higuera Bernal explicó que la indagatoria de este crimen la atrajo la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), debido a la presunta autoría del crimen organizado, pero informó que es esta dependencia la que tiene los avances en la averiguación previa.
Situación similar corresponde a los atentados con artefactos explosivos sufridos en contra de las instalaciones del semanario Río Doce y del periódico El Debate, ambos en Culiacán, cuyas investigaciones están instauradas en la delegación de la Procuraduría General de la República, por incumbir a la Ley Federal de Explosivos.
Por lo que toca a los señalamientos de agresiones a periodistas por parte de elementos del Ejército Mexicano, el procurador de Justicia precisó que en la PGJE no existe denuncia al respecto, pero de cualquier manera, explicó que por tratarse de elementos militares, son los tribunales castrenses los encargados de ventilar esas demandas.
El procurador Higuera Bernal agregó que a raíz del asesinato de José Luis Romero, cuyo cuerpo fue encontrado el 6 de enero de este año, luego de haber sido privado de su libertad el 30 de diciembre del 2009, el gobernador Jesús Aguilar Padilla giró instrucciones para la instalación de una mesa de atención a periodistas en la Procuraduría de Justicia, con el propósito de conocer de cualquier situación de riesgo que enfrenten los comunicadores como consecuencia del ejercicio de su profesión.
Explicó que en los pocos meses de operación de esta mesa, se han atendido algunos casos para tomar las medidas necesarias de protección al periodista, y como resultado de ello, a un director de un medio de comunicación se le asignó escolta personal.
Los relatores especiales de la ONU también solicitaron otro tipo de información, como el acceso a la información pública. Al respecto, la coordinadora de Acceso a la Información Pública, Rosa del Carmen Lizárraga Félix, dio a conocer que en total se han recibido 7 mil 200 solicitudes en lo que va del sexenio, de las cuales, en sólo 98 el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante la CEAIPES, resoluciones que fueron acatadas.
Por otra parte, también solicitaron información en cuanto a la asignación de publicidad gubernamental a los medios de comunicación, y en este sentido, el coordinador general de Comunicación Social, José Domínguez Rodríguez, explicó que se tienen tres criterios, los cuales son la circulación del medio, la disposición presupuestal y la equidad, es decir, tratar de que la publicidad se dirija a todos los medios posibles, sin importar si mantienen una línea crítica o no hacia el gobierno.
En la reunión también estuvo presente el secretario general de Gobierno, Rafael Oceguera Ramos; y la secretaria de Seguridad Pública, Josefina García Ruiz.
.png)
.png)
