Mientras partidos de oposición criticaron las fallas en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que comenzó a operar este a...
Mientras partidos de oposición criticaron las fallas en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que comenzó a operar este año en sustitución del Seguro Popular, el senador morenista Germán Martínez deploró la “politiquería barata” que puede “matar a mexicanos”.
El legislador guinda reconoció que se han cometido traspiés y equívocos en la implementación del Insabi debido a la actuación de “algunos funcionarios”, por lo que exhortó al secretario de Salud, Jorge Alcocer; al director del IMSS, Zoé Robledo, y al titular del organismo que se dejen ayudar.
“El Insabi tiene corazón lopezobradorista, pero le hace falta la cabeza de funcionarios que hacen politiquería dentro y fuera de la 4T”, aseguró el legislador, quien pidió al Congreso aprobar su iniciativa que le permitirá al Insabi firmar convenios de colaboración con el IMSS u otras instituciones del sector salud, y dar en este caso particular, recursos al Programa IMSS-Bienestar para que amplíe la atención a las personas más vulnerables del país.
“Se trata de salir adelante y no ponerle un riesgo más a la población más vulnerable, la salud no es una mercancía, ni es un negocio, si nos equivocamos en esto lo único que vamos hacer es crear, sin querer, sin tener esa intención, vamos a privatizar más la salud, y eso es criminal”, advirtió Martínez Cázares.
En ese sentido, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, aseguró que la bancada morenista apoyará la propuesta del exdirector del IMSS.
Adelantó que los senadores buscarán sostener una reunión urgente con el director del Insabi, Juan Ferrer, para abordar las fallas que pudiera tener la implementación de esta nueva institución con el fin de que “si existieran algunos errores humanos o que en este momento del inicio del instituto hubiera desinformación”, se solucionen.
A su vez, Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara baja, dijo que “el Insabi está trabajado bien, no tiene ningún problema de reglas de operación; en fin, hay una coordinación, pero hubo un tema de desinformación sobre las cuotas, que si iban a ser gratuitos deberían cobrar o no; algunos institutos subieron sus cuotas, pero esto se está corrigiendo”.
En tanto, senadores del PAN acusaron al Gobierno federal de borrar la base de datos del Seguro Popular en perjuicio de más de 50 millones de derechohabientes, por lo que exigieron a la Jucopo a convocar a un periodo extraordinario para atender la problemática.
“Siguen mintiendo; ¿qué hicieron a partir del 1 de enero?, borrón y cuenta nueva, borrar la base de datos de la plataforma del Seguro Popular a más de 50 millones de mexicanos, que contenían información sobre su estatus socioeconómico e historial médico”, apuntó Alejandra Reynoso.
La panista Martha Márquez reveló que este lunes falleció una niña con cáncer, cuyos padres acudieron en varias ocasiones al Senado para exigir que se revisara el caso del Fondo de Gastos Catastróficos y que no se retirara el apoyo con la entrada en vigor del Insabi.
El dato: El albiazul en el Senado presentará este martes una iniciativa para modificar un artículo de la Ley General de Salud, que permita garantizar la gratuidad de los servicios en la materia.
A su vez, la Comisión Permanente del PAN, en reunión con ocho gobernadores (de Guanajuato, Yucatán, Tamaulipas, Querétaro, Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California Sur y Chihuahua) resolvió “velar por los sevicios de salud de las personas más necesitadas del país a partir de la gratuidad de los servicios”.
Por lo anterior, el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, informó que el partido analiza alternativas jurídicas en caso de que no se dé marcha atrás en la cancelación del Seguro Popular, así como una contrapropuesta legislativa que será presentada en breve.
El integrante de la dirigencia nacional del PRD, Ángel Ávila, urgió a las autoridades federales a dotar de reglas de operación al Insabi, así como un esquema de financiamiento que permita garantizar la gratuidad de los servicios.
