A una semana de que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, reclamara a la Federación el pago de 600 mdp en participaciones, al asegurar...
A una semana de que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, reclamara a la Federación el pago de 600 mdp en participaciones, al asegurar que “Coahuila tiene calidad moral para reclamar más recursos, porque ha dado resultados positivos en sus indicadores”, la entidad que administra tiene irregularidades por más de 818 millones de pesos de diversos fondos federales que recibió en 2018, según la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública de 2018.
Los montos son por obras que pagó, pero que no ejecutó, retraso en la construcción de trabajos, pago de servicios personales, transferencias a cuentas bancarias no autorizadas; entre otras.
La ASF encontró que de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), el gobierno del priista no pudo comprobar 688.14 mdp. En el documento con el número de auditoría 739-DS-GF se detalla que 432.75 mdp son pago de servicios personales al magisterio estatal, burocracia del estado y mandos medios y superiores de servicios de salud, así como transferencias a cuentas bancarias no autorizadas. El resto corresponde a obras que la entidad pagó, pero que no ejecutó y retrasos en la construcción de trabajos.
“Coahuila tiene calidad moral para reclamar más recursos, porque ha dado resultados positivos en sus indicadores”
Miguel Riquelme
Gobernador de Coahuila, el 24 de octubre
En la auditoría 740-DS-GF, del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, el estado tiene 60.76 mdp pendientes por aclarar, de los cuales 26 mdp son por el pago de tres obras por un monto mayor al autorizado en los “Oficios de aprobación inversión estatal 2018”. La ASF detectó también que 19.18 mdp de dicho fondo fueron transferidos a otras cuentas bancarias, lo que presume “un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública”. De este fondo, la entidad tampoco pudo acreditar la realización y entrega de estudios y evaluaciones de proyectos pagados por 14.26 mdp para obras públicas, e irregularidades por pagos en exceso y pagos por trabajos no ejecutados por 1.3 millones de pesos.
De los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) el estado registra irregularidades por 19.50 mdp por la falta de comprobación y aplicación de montos para el pago de gratificaciones a figuras solidarias, pero que se traspasaron a otras cuentas bancarias, incumpliendo la Ley de Coordinación Fiscal.
La administración de Riquelme también fue opaca en cuanto a los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y Coahuila, pues la ASF detectó un monto por 18.71 mdp; y 18.81 mdp por destinar recursos del programa Prospera para el pago de tres contratos celebrados hasta 2019 y por los que no existía un compromiso de pago antes del 31 de diciembre de 2018, recursos no comprometidos y pendientes de pago, según la auditoría 742-DS-GF.
La ASF también revisó la Distribución de las Participaciones Federales y halló un monto pendiente por aclarar de 10.43 mdp por los rendimientos financieros generados por las diferencias que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza no distribuyó mensualmente entre los municipios, según la auditoría 734-DE-GF; y 2.55 mdp del Fondo de Infraestructura Social por inobservancias de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
