Ciudad de México.- Ante un incremento del 179 por ciento en el robo a autotransporte de carga en la red de carreteras del país en los último...
Ciudad de México.- Ante un incremento del 179 por ciento en el robo a autotransporte de carga en la red de carreteras del país en los últimos tres años, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) urgió al gobierno federal y al Congreso de la Unión para atender esta problemática.
El presidente de la Comisión de Transportes de esa agrupación industrial, Miguel Elizalde Lizárraga, dijo que “el transporte de carga ha sido seriamente afectado por el aumento incontrolable de robos, especialmente en la región centro del país, lo cual está impactando directamente la competitividad de las empresas nacionales.”
En un comunicado, el representante de la Concamin sostuvo que a pesar de la “sensibilidad” mostrada por las autoridades sobre el tema, esta amenaza no ha logrado ser combatida contundentemente. Incluso, dijo que quienes realizan ese tipo de delitos lo hacen con sofisticación y va en aumento.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP) de 2014 a 2016 el robo al autotransporte de carga en carreteras creció 179 por ciento, mientras la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) estima que durante el 2017 el fenómeno continuará y este delito aumentará 37 por ciento.
Debido a ello, el costo de las pólizas ha aumentado hasta en 200 por ciento, mientras que algunas aseguradoras ya no quieren otorgar pólizas a las unidades de carga. Alertó que esto afecta directamente a uno de los principales eslabones de la cadena logística.
Por ello reiteró el llamado a las autoridades para aprobar las iniciativas de ley existentes para que el robo al autotransporte de carga se considere como delito federal.
También urgió a reactivar el Programa Nacional de Seguridad en Carreteras, con la consecuente creación del Consejo Nacional y sus correspondientes Comités Estatales donde será fundamental la participación de la industria.
Además de establecer mecanismos que permitan y fomenten la coordinación entre las procuradurías estatales.
Alejandro Alegría | La Jornada
